En el suceso mundial por la criptomoneda “difundida” por el presidente Javier Milei en sus redes sociales no debemos pasar por alto cómo fue ofrecida $LIBRA: como un supuesto instrumento para dar crédito a las pymes argentinas.
La página web publicitada incluía un formulario de Google para que los interesados en recibir créditos lo completaran con sus datos más elementales. Todo el proyecto carecía de la seriedad y la rigurosidad con la que operan las instituciones financieras formales. Más allá de esta cuestión institucional y normativa, existe algo mucho más evidente, que es la nula vocación de este gobierno por impulsar el crédito a las pymes argentinas.
El Presidente lo repite todo el tiempo: está en contra de que el Estado intervenga en la economía. Incluso, siguiendo sus razonamientos, se opone al sistema bancario vigente en el mundo, por el cual los bancos intermedian depósitos y préstamos, desde hace por lo menos dos siglos. Según Milei, sólo deberían prestar el capital propio de las entidades. Este razonamiento contradice la potencia de la intermediación financiera para dar crédito a la producción, un elemento basal en el desarrollo de las economías industriales modernas.
Como estaba planteado, el proyecto de $LIBRA no podía tener ninguna relación con financiar a nuestras pymes. Ni siquiera se puede decir que era una moneda digital. Era un “activo” especulativo sin sustento alguno, que colapsó a pocas horas de nacer. Corresponde a la Justicia considerar si hubo delito. Cabe señalar que no tenía nada que ver con el financiamiento de proyectos productivos. La compra y venta entre privados de este activo no ofrecía ningún mecanismo por el cual hubiera fondos para destinar a terceros, en este caso, las supuestas pymes argentinas.
¿El Gobierno tiene voluntad de financiar a las pymes?
Es evidente que no. El decreto por el cual el Banco de la Nación Argentina (BNA) pasó a ser una sociedad anónima va en sentido opuesto a garantizar el crédito a la producción nacional.
El BNA es un pilar del sistema financiero argentino. Está presente en todas las provincias del país, con la mayor cantidad de sucursales desplegadas en el territorio. Desde su creación, su política crediticia se ha caracterizado por estar cerca de los pequeños y medianos productores agropecuarios. Ante su posible privatización, algunas cámaras empresarias del sector hicieron pública su preocupación. Hasta el titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Ignacio Kovarsky, dijo: “BNA tiene funciones muy distintas a bancos privados como tales, con incluso asistencias especiales, líneas de créditos subsidiadas del Gobierno y en casos de emergencias nacionales para asistir, condonar o postergar vencimiento de préstamos”.
Pasar el BNA a S.A. es el paso previo a privatizarlo a través de la venta de sus acciones a partir de su cotización en la Bolsa, como se menciona. Las acciones podrían ser adquiridas por fondos buitre, como ya ha ocurrido en otros bancos. Todo esto no es más que el reflote de un viejo plan del gobierno menemista, truncado oportunamente. Desde el Congreso se logró sacar la privatización del BNA del proyecto de la Ley Bases. Ahora, el gobierno intenta la vía del decreto. Otra muestra de desinterés por las formas republicanas.
El año pasado presenté un proyecto de ley, acompañado por un conjunto de legisladores/as de Unión por la Patria, de “Declaración de emergencia y medidas de protección a micro, pequeñas y medianas empresas”. Allí se establece: la reducción de las contribuciones al SIPA por cada nuevo trabajador; la reducción del anticipo al Impuesto a las Ganancias; la exención del impuesto a los débitos y créditos bancarios; la emergencia tarifaria; un mayor acceso al financiamiento; y la creación del Consejo de Monitoreo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, entre otras medidas.
Los proyectos para las pymes no pueden originarse en un mensaje en las redes sociales para comprar una “memecoin”. La promoción para este sector fundamental de nuestra economía tiene que provenir desde el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional y la banca pública, liderada por el banco agente del Estado argentino que es el BNA.
(*) Diputado Nacional Unión por la Patria / Presidente Partido Solidario
