En un comunicado al que alude el diario Ultima Hora, los firmantes entre los que se encuentran ex líderes sindicales, abogados, hombres de negocios y activistas sociales,
reconocen la necesidad de incorporar “la honestidad en la función pública, transparencia en el uso del dinero público y seguridad jurídica” así como de acciones a favor de la igualdad de género, generación de empleos seguros, servicios de salud y educación de calidad.
El texto asevera que existen en el ejercicio del gobierno prácticas asociadas con el tráfico de influencias, corrupción en el ámbito judicial, sometimiento de éste al poder político y al narcotráfico, y cuestiona la condición de Paraguay como un estado de derecho.
Otras dudas expresadas en el documento, refieren que en Paraguay existen amplios sectores “condenados a la miseria, mientras otros nadan en la superabundancia, y se ignora la protección y garantía de los derechos humanos fundamentales para todos”, concluyen.
La organización no gubernamental europea Transparencia Internacional que publica cada año un reporte sobre percepción de corrupción, colocó a Paraguay en 2024 como uno de los países más corruptos de América del Sur, con cuestionamientos a la calidad en servicios clave como el acceso a la educación y la salud, incremento de los niveles de inseguridad, y falta de protección a sectores de los pueblos originarios, la mujer y los niños.
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