Por medio del Decreto 137/2025 publicado en la madrugada de este miércoles en el Boletín Oficial, el Presidente Javier Milei nombró a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como nuevos ministros de la Corte Suprema de Justicia, según el Gobierno, “en comisión, en los términos del artículo 99 inciso 19 de la Constitución”.
El dato político y legal saliente es que no hubo acuerdo con el Senado de la Nación, que tiene la potestad de aceptar o rechazar a los candidatos. Actualmente existen dos vacantes en el máximo tribunal, a raíz de las renuncias de los exministros Elena Inés Higton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Las negociaciones del Gobierno con la oposición para lograr la aprobación de los pliegos de Lijo y García Mansilla, que venían desde el primer semestre del año pasado, no llegaron a buen puerto. El máximo tribunal está integrado por su presidente, Horacio Rosatti, y los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
El otro dato político insoslayable es que desde la oposición e incluso desde exintegrantes de La Libertad Avanza, así como de analistas y abogados constitucionalistas, señalan a esta decisión como inconstitucional.
En los considerandos del decreto presidencial, el Gobierno argumentó: “Por medio del artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional se establece que el Presidente de la Nación ‘puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”. El documento, además del Presidente, lleva la firma del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
El argumento para los nuevos nombramientos para la Corte Suprema
En este momento el Senado está en receso y el Gobierno tomó en cuenta esta situación para argumentar su decisión. “La norma en cuestión habilita al Presidente de la Nación a realizar nombramientos en comisión para llenar durante el receso del Honorable Senado de la Nación las vacantes correspondientes a jueces federales de todas las instancias, incluidos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, argumentó en el Decreto.
Por supuesto, el receso del Senado va a terminar y queda la cuestión política de fondo. Por medio de un comunicado de la Oficina del Presidente, el martes el Gobierno anticipó la decisión y justificó: “Desde el 27 de mayo de 2024 hasta el pasado viernes, habiendo transcurrido casi un año desde el momento en que el Presidente, haciendo uso de su facultad, decidió nominar a ambos candidatos, la Cámara Alta debió haber prestado acuerdo a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, optó por guardar silencio, a pesar de que se cumplieron con todos los requisitos normativos vigentes y se demostró la idoneidad de los postulados para el cargo”.
Persisten, todavía, varias incógnitas en torno a esta decisión: en principio, si los actuales ministros de la Corte Suprema tomarán juramento a los jueces entrantes, que en definitiva implica respaldar, o no, al Decreto, así como de cuáles serán las acciones de al menos una parte del Senado de la Nación y del arco opositor general.
