“Rechazamos totalmente la medida y también las formas, no nos tienen en cuenta; antes de aplicar una medida así tendrían que hablar con el sector para saber cómo va afectar”, ha afirmado Manel Casals, secretario general de la Confederació Empresarial d’Hosteleria de Catalunya y del Gremi d’Hotels de Barcelona, que es la quinta ciudad europea con la tasa más alta, por detrás de París, Roma, Florencia y Amsterdam.
El sector considera que la medida que supone doblar el importe de la tasa por dormir en todos los establecimientos de alojamiento turístico de Catalunya “amenaza con destruir” su competitividad y reclama que la recaudación de la tasa “sirva para paliar la falta de inversiones en todas las infraestructuras necesarias para garantizar una salud turística correcta del país”, refiriéndose a medidas para afrontar situaciones de sequía, transporte público o la ampliación del aeropuerto. Según sus datos, entre 2012 y el segundo semestre de 2023 se recaudaron 580,24 millones de euros, 304 (el 52%) en Barcelona.
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Sílvia Oller

También se ha pronunciado el sector en la Costa Daurada y la Costa Breva. La Associació Turística d’Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA) considera la subida “desproporcionada” y anticipa “una fuga de turistas hacia otros destinos”.
La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) ha mostrado su rechazo y aboga por dedicar el 100% de la tasa actual a la generación de vivienda pública, “que sería mucho más que duplicarla pero solo destinar a ello el 25%”. La entidad hace hincapié que el sector “paga impuestos, contribuye fiscalmente y además, ha ayudado a la administración pública a combatir la oferta ilegal, con el cierre de 6.000 viviendas de uso fraudulento en los últimos diez años” e insiste en que la recaudación se destine íntegramente a políticas de vivienda.