La resolución publicada en el Boletín Oficial aborda los criterios de evaluación para las personas que pueden acceder o continuar recibiendo la pensión por invalidez.
Foto: Ignacio Sánchez/El País.
La Nación/GDA
La publicación del gobierno argentino en el Boletín Oficial sobre los criterios de evaluación para las personas que pueden acceder o continuar recibiendo pensión por invalidez generó indignación por utilizar términos como «idiota«, «imbécil» o «retardo mental«.
Tras la polémica que el uso de los términos generó en las organizaciones que abogan por los derechos de las personas con discapacidad, el gobierno de Javier Milei dio marcha atrás. Así, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) informó que finalmente va a modificar la Resolución 187, publicada en el Boletín Oficial el 16 de enero pasado.
Eduardo Maidana, miembro del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sostuvo que el texto es «una barbaridad». «Esto es de principios del siglo pasado. Esa terminología se utilizaba en los inicios de la psiquiatría, antes de que existiera la medición del coeficiente intelectual (CI). A partir de entonces, cuando se quieren establecer categorías dentro de la disminución intelectual, se utiliza el rango del CI», opinó.
«Además, lo que más indigna es que esto sale firmado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que es quien debería representar los derechos de las personas con discapacidad, y velar por el cumplimiento de la Convención Internacional de Discapacidad, a la que Argentina adhiere desde 2006″, agregó.
Esto es una locura. El gobierno acaba de decretar que la gente con discapacidad ahora se los clasifica como «IDIOTA», «IMBÉCIL» y «DÉBIL MENTAL». Esto está en el Boletín Oficial y viola acuerdos internacionales contra la discriminación pic.twitter.com/OO1tj85upf
— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) February 27, 2025
Reclamo administrativo de organizaciones de la sociedad civil
Foto: AFP.
Diversas organizaciones de la sociedad civil interpusieron un reclamo administrativo para solicitar que la resolución 187/2025 sea dejada sin efecto “en forma urgente”.
Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), informaron que, en dicho reclamo, cuestionaron, en primer lugar, que la resolución pretenda medir la supuesta “invalidez” de las personas, y que lo haga recurriendo a criterios médicos.
“La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) entiende que la discapacidad no es una cuestión individual asociada a una patología, sino que nace de la interacción entre ciertas características de las personas y las barreras presentes en los entornos que habitan. En tal sentido, no hay personas “inválidas” para trabajar, sino que todas pueden hacerlo en la medida que se les proporcionen los apoyos que requieren. Para definir quién debe cobrar una pensión y quién no, el Estado debe evaluar las barreras económicas y sociales que cada una enfrenta, en lugar de mirar las etiquetas médicas que pesan sobre ellas”, dijeron.
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