Foto: Darwin Borrelli/El País.
Redacción El País
La situación económica de la intendencia de Montevideo (IMM) se ha vuelto uno de los principales temas de debate en esta campaña por las elecciones departamentales, y que ha posicionado, de un lado, a los candidatos de la Coalición Republicana —sobre todo al nacionalista Martín Lema— apuntando a la necesidad de un cambio en la orientación de la administración de los recursos de la comuna, y, del otro, a los candidatos del Frente Amplio reconociendo las dificultades pero responsabilizando al gobierno nacional por las complicaciones.
El último en hablar al respecto fue Mario Bergara, quien, al igual que la postulante Verónica Piñeiro, aseguró que la IMM ha sufrido una «discriminación» política por parte de la administración de Luis Lacalle Pou a la hora de transferir recursos que correspondían a la comuna.
«La situación financiera de la intendencia no es floreciente, claramente —reconoció Bergara este miércoles—. Hay dificultades, en buena medida por el retaceo y el recorte de recursos que provenían del gobierno nacional, por distintas vías», y en entre ellas incluyó que se haya «bloqueado el financiamiento para algunas actividades por parte del Partido Nacional, vinculadas, por ejemplo, al préstamo del BID».
Para Lema, cuyo equipo de finanzas elaboró un documento analizando en detalle la situación presupuestal y patrimonial de la IMM de los últimos años, Bergara «sigue con la calculadora rota», y afirmó a El País que tanto el exministro de Economía como el resto de los candidatos del Frente Amplio —además del economista y la actual directora de Gestión Ambiental se presentará también el arquitecto Salvador Schelotto— «están demostrando que la situación está tan fuera de control que ni siquiera conocen las finanzas de la Intendencia de Montevideo».
Aumento de las retribuciones personales
En documento de tres páginas, el equipo de Lema analizó el presupuesto, el patrimonio actual y la organización operativa de la IMM, y también lo referido a las transferencias que tiene que hacer el gobierno nacional. En este último caso, lo hicieron basándose en la información pública del Observatorio Territorio Uruguay, que presenta «información actualizada mensualmente» al respecto.
En 2023, consignó el trabajo del nacionalista al que accedió El País, por el artículo 214 de la Constitución —que es el que regula la creación del Presupuesto de todo el Estado, a cargo del Poder Ejecutivo—, la IMM recibió de parte del gobierno $ 18.300 millones. Y que por «otras transferencias», como por ejemplo «alumbrado, caminería rural, unificación de patentes», se enviaron a la comuna $ 6.653 millones.
El déficit que mostró el organismo en el año 2023 —último año cerrado con información disponible—, en tanto, fue de $ 439 millones, que surge de la diferencia entre los ingresos que recibió ese año ($ 31.570 millones) y los egresos ($ 32.009 millones).
«Por otra parte, los recursos del Origen Nacional en los ejercicios 2021, 2022 y 2023 son superiores al monto de la proyección de Aportes del Gobierno Central en Planificación Presupuestal 2021-2025, con lo cual se podría inferir que no se estimaban reducciones en los ingresos», se señala en el documento, y se agrega: «La Intendencia de Montevideo debería precisar si existen transferencias pendientes, montos y conceptos a los que corresponden, de manera de que pudieran cruzarse datos, y fundamentar las apreciaciones de que la falta de ingresos desde el Gobierno Central dificulta la gestión».
Además de observar su organización interna y encontrar datos «llamativos» (ver recuadro), el equipo del candidato por la Coalición Republicana se detuvo en «el rubro con mayor incidencia en el total de los egresos» de la comuna, a saber: las retribuciones personales, que tuvieron un crecimiento «significativo» en el año 2022 en comparación con 2021, cuando se dio un incremento de 17%, «mostrándose un quiebre en la evolución desde el años 2016 al año 2021, ya que el aumento del rubro no superaba el 10% cada año.
«El 48% del total de egresos del año 2023 corresponden al rubro retribuciones personales, ascendiendo a $ 15 mil millones». Y agregan que ese año hubo además un crecimiento «por encima de lo planificado» del orden del 27%, «lo cual representa una importante desviación en la ejecución», lo que a juicio del equipo de Lema no hay a priori razones para explicar, ya que «la cantidad de funcionarios no ha variado sustancialmente».
«Una estructura con superposición de funciones»
Luego de analizar los números, trabajo que además concluye que «la Intendencia tiene más deudas de las que puede pagar con sus recursos actuales», lo que «podría ocasionar retrasos en los pagos, incluso la necesidad de buscar financiación externa», el documento de Lema también evaluó con una mirada crítica la organización interna de la comuna.
«Se advierte una estructura con superposición de funciones, y falta de eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los servicios. Por tanto —señalan—, hay que revisar la organización, niveles, relacionamiento y funciones, así como revisión de los vínculos laborales y los arrendamientos de servicios y de obras. Analizar las necesidades que satisfacen otros organismos estatales, evitando duplicaciones innecesarias».
Actualmente, la IMM tiene 8.188 funcionarios y 1.000 pasantes, becarios y personas con convenio, «además de unos 3.000» que tienen vínculo laboral con el prganismo.
Hay 994 personas que trabajan en la «Secretaria General, y 938 en el Departamento de Cultura, por citar ejemplos llamativos en cuanto al número de personas que se desempeñan en algunos niveles de la Intendencia», concluye el documento.
