El Gobierno de Javier Milei ha modificado la normativa para otorgar prestaciones a las personas con discapacidad. La reforma, en el anexo de Psiquismo, reemplaza los niveles de discapacidad intelectual leve, moderada, grave o profunda por términos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental profundo, moderado o leve”.
El decreto, publicado en el Boletín Oficial de la Nación el pasado 16 de enero, fue elaborado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), entidad encargada de garantizar la continuidad de los programas que benefician a las personas con discapacidad en el país. La resolución ha generado un fuerte rechazo por parte de organizaciones que representan a este colectivo, calificándola de arcaica, discriminatoria y contraria a las directrices de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a las que Argentina está suscrita.
El 29% de las personas transgénero y no binarias en Argentina tienen menos de 17 años de edad.
La ANDis ha respondido a las críticas a través de sus redes sociales. En una publicación, reconoció que fue un error emplear “términos de la medicina psiquiátrica para describir grados profundos de déficit intelectual que, en la actualidad, han sido discontinuados”. La agencia aseguró que la reforma y su anexo serán modificados para alinearse con los estándares médicos y normativos vigentes.
El decreto detalla que “el idiota no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas y no puede subsistir solo. El imbécil no lee ni escribe, pero atiende sus necesidades elementales, puede realizar tareas rudimentarias. El débil mental profundo solo firma, tiene un vocabulario simple, no maneja el dinero, puede llevar a cabo tareas básicas”.
El texto agrega que, en ciertos casos, el diagnóstico no requerirá la opinión de un especialista. Ejemplos como el síndrome de Down, cuadros demenciales avanzados y discapacidades intelectuales profundas serán evaluados con base en “parámetros clínicos soberanos”, es decir, evidentes.
Organizaciones responden al decreto de Milei
La escala de evaluación es una copia de la utilizada en un decreto firmado en 1998 por el expresidente Carlos Menem, a quien Milei ha citado como inspiración. La normativa, titulada “Normas para la Evaluación, Calificación y Cuantificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores”, establecía una metodología para determinar el grado de incapacidad de quienes solicitaban una pensión por invalidez. Años después, esta regulación fue modificada para adecuarse a los requerimientos de la ONU.
La decisión del gobierno fue difundida ampliamente en redes sociales, particularmente por la cuenta de X (antes Twitter) “Arrepentidos de Milei”. Paralelamente, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y otras seis organizaciones no gubernamentales presentaron un reclamo al Ejecutivo el pasado 3 de febrero solicitando la derogación de la normativa. En su petición argumentan que “esta regulación implica un retorno al modelo médico de la discapacidad, lo que representa un grave retroceso en los derechos de este colectivo. El anexo asume que hay personas que nunca podrán trabajar y recurre a términos obsoletos como ‘retraso mental’, ‘idiota’, ‘imbécil’ y ‘débil mental’, cuya carga discriminatoria resulta evidente”.
Milei ya había promovido reformas en la normativa con el objetivo de «auditar todas las pensiones no contributivas por invalidez laboral». Al asumir la presidencia, derogó un decreto firmado por su predecesor, Alejandro Fernández, que permitía a las personas trabajar mientras recibían una pensión por invalidez. Su justificación fue que, si alguien era capaz de trabajar, no debía percibir asistencia estatal.
Sin embargo, la reforma actual va más allá, estableciendo criterios más estrictos en la evaluación médica de la discapacidad. La normativa ahora establece que solo aquellas personas con «debilidad mental profunda o superior» serán elegibles para recibir pensiones.
