El presidente Javier Milei protagonizó un nuevo episodio de confrontación política al exigir la renuncia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, bajo el argumento de la creciente inseguridad. La controversia se desató tras el asesinato de una niña de 7 años en La Plata, hecho que el mandatario utilizó para justificar su propuesta de intervención en el distrito.
Desde las primeras horas de la mañana, Milei publicó en sus redes sociales un mensaje en el que calificó la situación en la provincia como un «baño de sangre» y afirmó que, de ser autorizado a intervenir, en un año podría erradicar la violencia. La declaración generó una respuesta inmediata por parte de Kicillof, quien lo acusó de actuar con cobardía y de no respetar la institucionalidad democrática.
El gobernador bonaerense denunció que el intento de intervención es inconstitucional y adelantó que llevará el caso ante la Justicia. «Lo que pretende Milei es un atropello a la soberanía popular. No vamos a permitir que avasalle la democracia ni a la provincia», expresó Kicillof en una conferencia de prensa rodeado de legisladores y funcionarios de diversas tendencias políticas.
Las declaraciones de Milei no solo provocaron la indignación del gobierno bonaerense, sino que también generaron una respuesta unificada en el ámbito político. Dirigentes del peronismo, el radicalismo e incluso algunos miembros del PRO cuestionaron la viabilidad y el carácter antidemocrático de la propuesta presidencial.
Cristina Kirchner, Sergio Massa y Máximo Kirchner fueron algunos de los referentes que respaldaron a Kicillof, alertando sobre el peligro que implica la concentración de poder en la figura del presidente. En tanto, desde la Confederación General del Trabajo (CGT) y diversos sindicatos también se pronunciaron en rechazo a la amenaza de intervención.
Mientras tanto, la polémica coincidió con la publicación de una investigación periodística en el extranjero que vincula a allegados de Milei con un presunto esquema de sobornos en el mundo de las criptomonedas. Según el informe, empresarios habrían recibido pedidos de pagos de hasta 500 mil dólares a cambio de favores políticos.
Kicillof instruyó al Ministerio Público Fiscal para que analice la posible comisión de delitos contra el orden constitucional. Además, responsabilizó a Milei por el incremento del narcotráfico y la violencia en la provincia, argumentando que el gobierno nacional tiene la responsabilidad de combatir estos flagelos.
El episodio marca un nuevo capítulo en la relación tensa entre el Ejecutivo nacional y la provincia de Buenos Aires, encendiendo alarmas sobre los límites del poder presidencial y la vigencia del federalismo en el país.
