En un contexto de creciente polémica, la publicación de un informe en el New York Times reveló una compleja estafa vinculada a criptomonedas, hecho que puso en jaque al entorno político. Según se informó en una sesión en la Cámara de Diputados, la operación fraudulenta con $Libra habría sido imposible sin la participación activa del mandatario, quien difundió su apoyo a dicha moneda digital en redes sociales en un momento absolutamente preciso. Es decir, a las 19:01 se registró la publicación, justo segundos antes de que un grupo de operadores adquiriera masivamente activos a precios irrisorios para, posteriormente, disparar su valor y defraudar a inversionistas incautos.
Ante esta revelación, el presidente, bajo acusaciones de involucramiento en la maniobra, optó por desviar el foco mediático. Cuando la criptoestafa estalló en el New York Times, Milei trató de distraer la atención utilizando detalles de un crimen espantoso –relacionado con el caso de una menor– para atacar al gobernador de la provincia, exigiendo su renuncia e interviniendo de manera directa en la administración regional. Esta maniobra, acompañada de una avalancha de mensajes y fotografías de un rostro supuestamente marcado por violencia, formó parte de una estrategia para encubrir las críticas surgidas por los problemas económicos y legales.
Además, las encuestas realizadas en zonas centrales del país reflejaron una caída significativa en la imagen del presidente. En provincias clave se registraron descensos de hasta 10 puntos, lo que evidencia que el impacto de la estafa y las tácticas de distracción han mermado la credibilidad de la administración. Sumado a esto, se han puesto de manifiesto tensiones en materia de política cambiaria: el gobierno habría invertido decenas de miles de millones de dólares para contener el valor de la divisa, una acción que resulta insostenible a mediano plazo y que se suma a la presión inflacionaria.
Por otro lado, la designación de altos funcionarios en la Corte Suprema a través de decretos ha generado alarma entre diversos sectores, pues se cuestiona la legalidad y la eventual validez de las futuras resoluciones judiciales. Esta controversia judicial se suma a un escenario general de inseguridad jurídica, donde tanto las decisiones económicas como las políticas son objeto de críticas intensas. En definitiva, mientras la criptoestafa y sus consecuencias amenazan con desencadenar nuevos problemas económicos, la estrategia de Milei para desviar la atención con ataques basados en crímenes horrendos contra Kicillof ha logrado, al menos temporalmente, enfocar el debate en una campaña de desprestigio que, sin embargo, no disipa las inquietudes sobre la estabilidad del gobierno.
