El Gobierno continúa con la reducción de personal en distintos organismos del Estado. En la previa del fin de semana largo, más de 350 empleados de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) fueron despedidos sin causa, profundizando el vaciamiento de la entidad responsable del saneamiento del río más contaminado del país.
La notificación de los despidos se realizó el viernes por la noche, generando preocupación entre los trabajadores afectados y organizaciones ambientales. Acumar, creado por ley en 2006, tiene la función de ejecutar el Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo, en cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema.
El organismo fue establecido tras una demanda ambiental presentada en 2004 por 17 personas, que exigieron la recomposición del ecosistema afectado o, en caso de no ser posible, una compensación económica. En 2006, la Corte determinó que solo correspondía la recomposición ambiental, lo que derivó en la creación de Acumar con facultades de regulación, control y saneamiento de la cuenca.
En los últimos años, Acumar logró avances significativos, como la recuperación de la navegabilidad del Riachuelo y la limpieza constante del cauce, tareas realizadas en conjunto con el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, Prefectura Naval y otras entidades. Sin embargo, estos logros se ven amenazados por el recorte de personal y la falta de presupuesto actualizado desde 2023.
Trabajadores despedidos denunciaron que las cesantías afectan principalmente a los equipos técnicos encargados de la inspección de industrias y el acompañamiento de las comunidades cercanas al río. También señalaron la existencia de sumarios administrativos que habrían sido utilizados como argumento para desvincular a unos 40 empleados en el último año.
Por su parte, la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, expresó su rechazo a los despidos, advirtiendo que la reducción de personal compromete el saneamiento del Riachuelo y afecta a las 4,7 millones de personas que viven en la cuenca. «Menos fiscalización es más contaminación», afirmó en sus redes sociales.
El futuro de Acumar permanece incierto, mientras los trabajadores afectados evalúan posibles medidas frente a esta situación.
