Tras la denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por un presunto desvío de más de $39.487 millones en ocho municipios de Tucumán, Catamarca y Salta, la actual intendenta de San Carlos, María del Carmen «Kukina» Vargas, aseguró que su gestión ya había sido advertida el año pasado por una entidad bancaria sobre extracciones de dinero que debían ser justificadas.
Tras la denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por un presunto desvío de más de $39.487 millones en ocho municipios de Tucumán, Catamarca y Salta, la actual intendenta de San Carlos, María del Carmen «Kukina» Vargas, aseguró que su gestión ya había sido advertida el año pasado por una entidad bancaria sobre extracciones de dinero que debían ser justificadas.
En diálogo con El Tribuno, la jefa comunal explicó que, ante ese requerimiento, instruyó al área correspondiente de la Intendencia y procedió a denunciar al exintendente Héctor Raúl Vargas, quien estuvo al frente del municipio durante el período investigado.
San Carlos es el único municipio salteño incluido en la denuncia, por ahora, según publicó el portal Infobae; mientras que en Tucumán se investigan las localidades de Banda del Río Salí, Monteros, Famaillá y San Isidro de Lules, y en Catamarca los distritos de Icaño, Corral Quemado y Ciudad de Belén.
La denuncia detalla que, entre marzo y octubre de 2023, se habrían realizado extracciones de efectivo en cantidades inusuales, muchas de ellas mediante la operatoria de «cheques por ventanilla», lo que despertó alertas en los bancos y llevó a la Unidad de Información Financiera (UIF) a remitir los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Según los registros, los retiros de dinero se intensificaron en los meses previos a las elecciones de 2023 y luego disminuyeron en 2024, lo que refuerza la sospecha de que los fondos podrían haber sido utilizados para el financiamiento de campañas políticas.
El caso más grave se registró en Banda del Río Salí, Tucumán, donde la investigación preliminar reveló extracciones por más de $17.256 millones, sin que se presentaran justificativos satisfactorios. Otras localidades tucumanas bajo la lupa son Famaillá ($11.449 millones), Monteros ($3.923 millones) y San Isidro de Lules ($4.217 millones).
En Catamarca, las extracciones investigadas corresponden a Icaño ($1.113 millones), Corral Quemado ($771 millones) y Ciudad de Belén ($623 millones), realizadas entre diciembre de 2021 y junio de 2024.
En San Carlos, Salta, la cifra investigada asciende a $130 millones extraídos entre julio de 2023 y marzo de 2024.
María del Carmen «Kukina» Vargas, intendenta de San Carlos.
Si bien la intendenta Vargas responsabilizó a la gestión anterior por los fondos retirados en 2023, aseguró que le «sorprendió» la inclusión de las extracciones de 2024, ya que forman parte de su administración. Dijo que en la actualidad se realizan retiros de efectivo para abonar a trabajadores planilleros, beneficiarios de programas municipales («promas») y algunos funcionarios que no poseen tarjeta de débito.
Aseguró que todas esas operaciones están justificadas y que la información está disponible para la Auditoría General de la Provincia, en caso de que se requiera una revisión.
La justicia investiga y descentraliza el caso
La PROCELAC presentó la denuncia ante la Cámara Nacional Electoral, que resolvió descentralizar la investigación en cada jurisdicción implicada. En el caso de San Carlos, se espera que la Justicia avance en la recolección de pruebas para determinar si existieron irregularidades en la administración de los fondos públicos.
A nivel nacional, la denuncia tomó mayor relevancia porque los montos investigados en los ocho municipios superan ampliamente los $875 millones declarados oficialmente como recaudación de los partidos políticos en la última campaña electoral de 2023, lo que refuerza la hipótesis de un posible financiamiento irregular de la política con dinero público.
Por ahora, la comunidad de San Carlos sigue de cerca la evolución del caso, mientras las autoridades judiciales comienzan a analizar las pruebas de cada distrito involucrado.
Según la denuncia de la Procelac, a cargo del fiscal Diego Velasco, el dinero se extrajo en efectivo y mediante cheques. El total investigado asciende, en principio, a $39.487 millones. «Mediante las investigaciones efectuadas se pudo corroborar la existencia de las cuentas bancarias de los distintos municipios, sus firmantes y autorizados, como así también el libramiento de cheques para la extracción de dinero durante el período cuestionado», dice la presentación revelada por La Gaceta de Tucumán.
