La Fiscalía General de la Nación informó al Ministerio de Salud Pública (MSP) que del informe elaborado por los anteriores interventores de Casmu, que fue presentado en el Parlamento a comienzos de diciembre y luego remitido a la Justicia, no surgen conductas delictivas que ameriten una denuncia penal contra las actuales autoridades de la mutualista.
La fiscal general de la Nación subrogante, Mónica Ferrero, informó por escrito el 9 de enero a la exministra de Salud Pública, Karina Rando, que tras un análisis del Departamento de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) “no se advierte en principio y sin perjuicio la existencia de presuntas conductas delictivas que fundamenten el registro de una denuncia penal para su eventual investigación”, señala el oficio al que accedió El País.
Esto fue tras analizar el informe “en el que se da cuenta de ‘un diagnóstico preliminar’ relativo a la gestión de la institución de salud en el cual se habría ‘constatado una serie de fortalezas y debilidades de la misma’”, añade el oficio.
El extenso informe de los interventores nombrados por el Poder Ejecutivo, que trabajaron desde el 29 de julio pasado hasta el 28 de febrero, fue remitido por el MSP a Fiscalía tras su presentación en el Parlamento el 3 de diciembre pasado.
Los tres interventores marcaron varias irregularidades en las que, según indicaron, incurrió la tercera mutualista con más socios del país, que recibió una garantía estatal para acceder a un préstamo de US$ 56 millones para evitar el quiebre y superar la «grave crisis financiera».
«Se detectaron desvíos a normativas vigentes, incumplimientos estatutarios, al reglamento de compras, así como otras observaciones a las adquisiciones y los pagos, que implican perjuicios» para Casmu, marcó el informe presentado que resumía el trabajo realizado por los interventores.
«Existe una ausencia muy importante de procedimientos básicos de control interno y de oposición de intereses en relación a adquisiciones y pagos, que no son excepciones sino la regla», añadieron los expertos que ahondaron en la marcha de la institución.
Detectaron, además, que «varias empresas» con las que Casmu terceriza servicios tienen como representantes a jerarcas y funcionarios de la institución, entre ellos exsindicalistas de la mutualista (Afcasmu), tal como informó El País.
Los interventores también marcaron que Casmu no realizaba un análisis económico sobre los precios y condiciones previo a las compras o firma de contratos.
Así como también se contrataron servicios tercerizados sin comunicar a los interventores o habiéndose ellos negados, cuando tienen recursos humanos del mismo tipo en el seguro de paro, entre otros puntos.
El presidente de Casmu, Raúl Rodríguez, descartó en entrevista con El País a fines de enero un desvío de fondos a través de la compra de servicios a ciertas firmas. “Ya me hubiesen hecho la denuncia penal. No se pudo demostrar, no existe ni existió”, remarcó el directivo.
“Estoy en absoluta tranquilidad de que no hubo desvío de fondos. Nadie se ha enriquecido acá a costilla de Casmu”, añadió Rodríguez, que además adelantó que se presentará este año a las elecciones de la directiva de la mutualista.
Sin embargo, desde el grupo opositor en Casmu, que antes lideraba el exdirectivo Álvaro Niggemeyer, impulsaron una junta de firmas para convocar una asamblea que analice su posible destitución frente a las acusaciones que surgen del informe de los interventores. Algo que por ahora no ha prosperado.
Definición
El futuro de Casmu es uno de los temas que está arriba de la próxima gestión del MSP, cartera encabezada por la exdiputada y senadora electa Cristina Lustemberg, que asumirá formalmente este viernes a las 15.00 horas.
Si bien desde el entorno de la pediatra reiteraron a El País en el último tiempo que «no se tiene posición» al respecto, ya hubo una declarción pública del próximo número dos del MSP, el ginecólogo Leonel Briozzo.
“Desde el punto de vista asistencial tenemos entendido que está siendo deficitaria en varios aspectos e incluso con algunas situaciones que han llevado a plantear riesgos potenciales de la atención de salud”, dijo Briozzo, en radio M24.
«Creemos que este ministerio tiene que resolver esta situación sustituyendo las actuales autoridades y tomando las riendas del funcionamiento de esta institución», remarcó el futuro subsecretario de Salud Pública.
Horas antes de asumir el nuevo gobierno se designaron nuevos interventores para el Casmu. Se retiraron el 28 de febrero el contador Juan Carlos Simonelli, la médica Sandra Lorenzo y el abogado Gerardo Lorente. Que fueron suplantados por el médico Alarico Rodríguez, el abogado Diego Pescadere y el contador Gustavo Fernández Gonella.
