Enel, la multinacional italiana de energía, es uno de los gigantes del sector a nivel mundial. Sin embargo, su desempeño en América Latina está lejos de ser ejemplar. En lugar de consolidarse como un socio estratégico para los países donde opera, ha acumulado conflictos con gobiernos, deficiencias en infraestructura y una notoria falta de inversión en distribución. Su prioridad parece ser la rentabilidad antes que garantizar un servicio confiable.
En Italia, donde el Estado posee el 23,6% de sus acciones, Enel mantiene una relación estrecha con el gobierno y un compromiso superior. En América Latina, en cambio, su comportamiento dista mucho de ser el de un actor responsable. La lista de episodios conflictivos en la región es extensa:
Brasil (noviembre de 2023): un apagón masivo dejó sin electricidad a 3,1 millones de personas en São Paulo. El gobierno de Lula da Silva exigió una indemnización y escaló el reclamo hasta la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
Colombia: el gobierno de Gustavo Petro mantiene tensiones con la empresa por retrasos en proyectos energéticos y aumentos tarifarios que han generado fuertes reclamos ciudadanos.
Chile: en 2024, el gobierno de Gabriel Boric multó a Enel con 19 millones de dólares por cortes de energía, señalando la falta de inversión en infraestructura y generando un fuerte malestar social.
Perú: la compañía, tras críticas a su gestión, logró vender sus operaciones a North Lima Power Grid Holding S.A.C., filial de China Southern Power Grid International, por aproximadamente 2.900 millones de dólares.
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Un modelo de negocios basado en rentabilidad, no en servicio
El verdadero interés de Enel en la región no parece estar en mejorar el servicio eléctrico, sino en administrar activos estratégicos con ganancias aseguradas. Un ejemplo claro es su presencia en El Chocón, la central hidroeléctrica en Argentina. Con una capacidad media anual de 3.600 GWh, representa alrededor del 5% del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). A pesar de los beneficios que obtiene, su compromiso con mejorar la distribución eléctrica en el país es prácticamente nulo.
Cuando El Chocón fue privatizado en 1993, la concesión se otorgó por 30 años a un consorcio liderado por Hidroinvest S.A., con Enel como actor clave. La central, con una capacidad instalada de 1.328 MW, sigue siendo una pieza fundamental en la estrategia de la compañía, pero sin inversiones adicionales que garanticen una mejora en la calidad del servicio.
Edesur: venta postergada
El caso de Edesur es otro reflejo de la postura de Enel en Argentina. La venta de la distribuidora eléctrica, a cargo del Banco Santander, quedó en suspenso por decisión de la empresa. Se llegó a mencionar que Giorgia Meloni intervino directamente con Javier Milei en el tema. A pesar de que hubo tres ofertas, ninguna fue lo suficientemente atractiva para la compañía. La incertidumbre económica y política, sumada a la falta de interés en realizar inversiones necesarias, dificultaron la operación.
Cabe recordar que, durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía y Flavia Royón en la Secretaría de Energía, se había anunciado con bombos y platillos la intervención de Edesur con Jorge Ferraresi al frente. Sin embargo, el intendente de Avellaneda renunció apenas 46 días después, al no contar con los recursos prometidos por el gobierno para realizar obras en el Conurbano.
En medio de la crisis del dólar y la inestabilidad financiera, el plan de obras para Edesur tuvo un claro tinte electoral y dejó más interrogantes que certezas. Enel, por su parte, decidió aplazar la venta de Edesur, esperando un panorama macroeconómico más favorable. Sin embargo, la especulación sobre cambios en la política tarifaria podría hacer que la compañía gane valor, generando una mejor oportunidad de venta.
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En este contexto, la pregunta es inevitable: ¿el gobierno exigirá a Enel inversiones en infraestructura o buscará otro rumbo para garantizar un mejor servicio a los usuarios?
El dilema que enfrenta la empresa en América Latina es claro: seguir operando bajo un esquema altamente rentable sin inversiones clave o asumir un compromiso real con la calidad del servicio. La creciente presión de los gobiernos y la reacción negativa de los usuarios pueden poner en riesgo su permanencia en mercados estratégicos.
Si Enel no cambia su estrategia y sigue priorizando la rentabilidad sobre la calidad del servicio, enfrentará serias dificultades en la región. América Latina no necesita administradores de activos con rentabilidad asegurada, sino inversiones reales en infraestructura energética.
Enel tiene dos caminos: convertirse en un verdadero socio del desarrollo regional o continuar con su modelo de negocios extractivo. La decisión que tome definirá su futuro en el continente.
LT
