El intento de Javier Milei de incluir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la colección de asuntos a resolver a espaldas del Congreso, que se pega a la controversia por la designación por decreto de jueces de la Corte Suprema, detona nuevos explosivos en la relación entre los tres poderes del Estado, que ya está dañada y en vías de ruptura; pone en zona de riesgo la seguridad jurídica en el país y aumenta el peligro de una crisis institucional.
La vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, sorprendió este jueves al bajarle el precio al aval del Congreso a un acuerdo con la Argentina que, según trasciende y el mercado cree, está cerca.
«Tomamos nota del compromiso que tomó el presidente Milei de buscar el apoyo del Congreso para el nuevo programa con el FMI», dijo en una conferencia de prensa. «Quiero enfatizar que la decisión de buscar apoyo del Congreso es una decisión de las autoridades argentinas ya que así lo dictan las leyes locales. Su aprobación representa un amplio respaldo político y social que puede mejorar la implementación del programa», remató.
El doble mensaje del FMI
Sus dichos pueden indicar que el Fondo se corre del lugar de imponerle condiciones al sistema político argentino –toda una sutileza– o que, por las urgencias que Milei vehiculiza a través de Donald Trump, ha cambiado de postura y ha decidido firmar con o sin voto del Legislativo.
Si ocurriera lo segundo, el organismo se estaría comprando una nueva crisis a causa de la Argentina, potencialmente más fuerte que la generada por el entendimiento de 2018 –otra donación de Trump, aquella vez a Mauricio Macri–, que, por monto y condiciones, vulneró toda su normativa interna.
El Gobierno primero dijo que el Congreso no tendría por qué opinar dado que la deuda nueva no sería tal, sino un reemplazo de obligaciones que el Tesoro tiene actualmente con el Banco Central. El argumento es rechazado por economistas de todo el espectro ideológico: limpiar con plata del FMI el pasivo de la autoridad monetaria implicaría canjear papelitos entregados por añares por el Ministerio de Economía, cuya renovación es una zoncera y cuyo pago jamás ocurrirá, por deuda con un organismo que tiene prioridad de cobro, al que no se le puede defaultear ni imponer renegociaciones con quita y que establece condicionalidades pesadas.
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Luego, en su discurso ante la raleada Asamblea Legislativa, Milei anunció su envío al Congreso. Ahora, por temor a que el peronismo y otros sectores opositores traben el entendimiento del que dependen la liberación del cepo, un alivio para el estado crítico de las reservas y una gambeta al mal trago de una segunda devaluación antes de las elecciones legislativas, apuesta a un decreto de necesidad y urgencia (DNU).
Javier Milei, con una ayudita de sus enemigos
El atajo –posible por la abusiva reglamentación de los DNU establecida por Néstor Kirchner en 2006, que los deja en pie con el aval o el silencio de sólo una de las cámaras– pondría otra vez en entredicho la seguridad jurídica del país, de cuyo nivel mínimo depende cualquier llegada de inversiones y hasta una convivencia civilizada.
La ley 27.612, conocida como «ley Martín Guzmán«, establece taxativamente, en su artículo 2, que el Congreso debe autorizar cualquier nuevo programa u operación con el FMI.
Más claro: el Congreso, por ley de trámite ordinario, no expidiéndose sobre un DNU. No hay dudas sobre eso, aunque es probable que la picardía pase, al menos, por Diputados. Luego, cabe esperar la judicialización del acuerdo, inevitablemente posterior a los desembolsos. El reglamento de la división de poderes se rompe y se arroja al fuego.
¿Todo el power para Javier Milei?
Un comunicado emitido este jueves por la noche por la Oficina del Presidente dejó más dudas que certezas. ¿El DNU significará un pedido de aval previo a la firma, una suerte de delegación de facultades que, encima, en lugar de solicitarse, se decreta, o será posterior a que se conozcan el texto y las condiciones? Nada está claro por ahora.
Un llamado de atención: tras el nuevo acuerdo, el organismo tendría enterrado en Argentina más de un tercio de su capacidad prestable, combustible para los pases de factura internos. Y uno más: en caso de un cambio de signo político en las elecciones de 2027, el FMI podría encontrarse con una nueva administración que resistiera, con razones fundadas, el pago de eso que, efectivamente, sería deuda nueva.
