Foto: Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais.
Dos adolescentes que se fugaron a mitad de febrero del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) estaban recluidos por ser autores de homicidios. Uno de ellos, conocido como “Antuan”, que había cometido un doble asesinato en el barrio Marconi, fue hallado muerto a las pocas horas de haberse fugado. Le habían dado 10 disoparos. El otro prófugo, supo El País por fuentes del caso, fue el autor del homicidio de un menor de 15 años que en diciembre de 2023 fue asesinado frente a su madre y su hermana de siete años en la Cruz de Carrasco.
Por este caso había tres adolescentes condenados, el autor y dos coautores. Las penas habían sido de cuatro años (para el autor y un coautor, puesto que aceptaron su responsabilidad y que se haga un juicio simplificado) y de seis años para el otro coautor (tras un juicio oral). Sin embargo, la última semana de febrero se llevó adelante el juicio contra un cuarto involucrado —también imputado por la coautoría del crimen—, que ya tenía 18 años al momento de los hechos, por lo que fue juzgado por la Justicia de adultos.
La Fiscalía de Homicidios de 2do Turno pidió 22 años de cárcel para el imputado y el fallo se conocerá en los próximos días. Su defensora, Natalia Correa, admitió que él cometió los hechos, pero pidió que se le imponga una pena menor.
El crimen tuvo lugar el 13 de diciembre de 2023. Los cuatro jóvenes habían estado toda la tarde merodeando la zona de la casa de la víctima. Lo estaban esperando. Pero como él nunca salió, irrumpieron en la vivienda pasadas las 11 de la noche. Llevaban la cara cubierta hasta la nariz, estaban vestidos de negro y portaban armas largas y cortas. Algunos de ellos, también chalecos antibalas.
Patearon la puerta de la cocina y se encontraron con que en el comedor estaba la hermana de la víctima, de 17 años, con su hija de un año en la falda y un celular en la mano. Jugando, en el mismo lugar, estaban otros dos hermanos de quien era su objetivo, una niña y un niño de 5 y 7 años. Los agresores amenazaron con armas de fuego a la adolescente y le dijeron que contara dónde estaba su hermano porque en caso contrario la iban a matar.
Antes de que ella pudiera contestarles, el autor del crimen y el adulto enjuiciado fueron hasta el dormitorio de la víctima. “Ahora sí, ahora sí”, le gritaron. El menor, asustado, corrió hasta el dormitorio de su madre, pero quedó arrinconado entre la cama, un aparador y la pared.
Arriba de la cama, estaban la madre del menor y otra hermana, de siete años. El autor —ahora prófugo— le disparó varias veces, pero como vio que la víctima se movió —relató su madre— le dio un tiro en la cabeza. “Lo remató”, sintetizó la fiscal del caso, Mirta Morales, en el alegato de clausura del juicio.
La víctima y los victimarios se conocían de toda la vida. Habían sido amigos y compañeros de liceo. Por eso las testigos reconocieron sus voces y ojos cuando los vieron irrumpir en su casa.
“Cuando los vi a todos en la esquina toda la tarde me imaginé que iba a pasar algo. No me imaginé que se iban a meter para adentro porque la mayoría de las personas en el barrio me dijeron que no eran capaces», declaró la adolescente al poco tiempo del crimen.
Como habían sido amigos de la víctima y de su hermana adolescente, ya habían conocían la casa. Eso les dio una ventaja. Cuando irrumpieron, ya sabían dónde buscar. Aprovechando eso y “la debilidad de quienes integraban la familia” del menor —en palabras de la fiscal Morales— fue que cometieron el crimen.
Cómo se originó el conflicto
La víctima tenía 15 años, tenía una complexión pequeña, era flaco y de estatura no llegaba a medir 1,60. Poco tiempo antes le había contado a policías que lo interrogaron que era consumidor de droga.
Al momento de este homicidio, en la Cruz de Carrasco estaban en conflicto dos bandas que eran facciones de una misma familia. Los líderes de cada una, eran parientes entre sí, según surge de la sentencia de la condena de uno de los adolescentes. Pero en esa guerra había una máxima que nadie respetó: la familia no se mata.
Las bandas se conocían por los apellidos. Una de ellas llevaba el de un adolescente que participó del homicidio y que es apodado «Jonita» —a quien la víctima ya había acusado por un disparo que había recibido antes. La otra, la lideraba su tío, un adulto de unos 40 años que durante un tiempo protegió a la víctima y que ahora está preso por tentativa de homicidio.
La defensa
En el primer día del juicio, el imputado adulto admitió haber cometido el delito y aseguró estar arrepentido. Afirmó que todo partió de una agresión que sufrió otro integrante de su familia por parte de la víctima, también frente a niños. Esto nunca se comprobó.
«Pido disculpas a la familia. Entiendo que los problemas no se resuelven con violencia. Yo no lo maté, nunca disparé un arma y nunca lo haría», leyó el imputado en la audiencia de una carta manuscrita.
Al hacer su petición final a la jueza Rodríguez, su abogada, Natalia Correa, le solicitó que al fallar «tome en cuenta la autonomía progresiva del imputado». Esto porque, dijo, «desde temprana edad ha estado sumido en situaciones de violencia y presenciando actos delictivos, y como consecuencia de ello no tiene una capacidad de discernir y de tomar decisiones correctas, esperables y aceptables para la sociedad».
A su vez destacó que la pena máxima en la Justicia de Adolescentes es de 10 años y que todos los responsables obtuvieron condenas mucho menores al máximo.
