El Presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilita al Gobierno nacional a negociar con el Fondo Monetario Internacional. El DNU lleva el número 176/2025 y fue publicado en el Boletín Oficial de este martes 11 de marzo,. Con él, el Gobierno entra en el tramo final de la gestión del nuevo acuerdo.
El acuerdo se enmarcará en un Programa de Facilidades Extendidas, con un plazo para el pago de intereses de hasta diez años, con un período de gracia de cuatro años y seis meses.
Los fondos serán destinados a la cancelación de “las letras intransferibles en dólares estadounidenses” en poder del Banco Central, así como a “las operaciones de crédito público celebradas en el marco del Programa de Facilidades Extendidas de 2022 cuyo vencimiento opere dentro de los cuatro años de la suscripción del acuerdo”.
No es un dato menor que el Gobierno explicite que buena parte de los fondos se usarán para cancelar deuda en dólares del Banco Central. Se trata de una cuestión que abre, una vez más, preguntas sobre el estado de las reservas del BCRA.
Además, el DNU señala que la operación incluirá el pago de los intereses y cargos en los plazos y tasas preestablecidos por el organismo de crédito para este tipo de acuerdos y el reembolso del capital del préstamo en el plazo mencionado.
El texto también remarca que el Gobierno decidió “no comprometer su política económica de déficit cero” por lo que “los fondos recibidos deberán ser utilizados exclusivamente para cancelar deudas del Tesoro Nacional, con el Banco Central y deudas con el FMI”.
El camino del DNU en el Congreso y la Justicia
La administración nacional justificó la decisión de emitir un DNU y no enviar un proyecto de ley al Congreso al afirmar que “la competencia que corresponde al Congreso no es la de aprobar los términos y las condiciones de un acuerdo celebrado con el FMI, sino la de aprobar la operación de crédito público mediante la sanción de una ley”.
Cabe aclarar que más allá de que el Gobierno afirmó que enviaría el decreto al Congreso para obtener su aprobación, el DNU rige con fuerza de ley desde el momento de su promulgación, hasta tanto ambas Cámaras parlamentarias lo rechacen.
Además, no es decisión del Poder Ejecutivo que el DNU pase por el Congreso, se trata del procedimiento administrativo habitual. Es por ello, que en esta instancia el Gobierno debe intentar conseguir el apoyo necesario para que la norma no sea rechazada por ambas Cámaras, algo que por el momento, nunca sucedió.
Así, el decreto del acuerdo con el Fondo deberá seguir el mismo recorrido que cualquier DNU. A partir de su promulgación, el texto, que debe llevar la firma del Presidente, el jefe de Gabinete y todos sus ministros, se envía al Congreso. Para eso, el Poder Ejecutivo tiene un plazo máximo de diez días.
Posteriormente, se tratará en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de dictaminar en torno a la validez de los DNU. Si ese cuerpo de trabajo no se pronuncia en un plazo de diez días hábiles, tanto el cuerpo de la Cámara de Diputados como del Senado quedan habilitados a llevar el texto al recinto y aprobarlo o rechazarlo.
La posición del Congreso
La votación no admite ningún tipo de cambio en el texto: el DNU únicamente puede ser aprobado o rechazado. En caso de que una de las dos Cámaras le dé el visto bueno a la norma, bastará para que quede aprobada, sin importar la voluntad de la otra. Únicamente ante el rechazo del Senado y de Diputados puede caerse un decreto.
Sin embargo, no se trata de un DNU común, ya que habilita un acuerdo que debe ser aprobado por el Congreso. El Gobierno propone para el acuerdo el mismo tratamiento que se da a un DNU, tratamiento que no es igual al de un proyecto de ley. Su intención es que sea aprobado en forma exprés.
Es por eso que se abre la puerta para que el DNU reciba denuncias por quienes consideran que este decreto del Presidente Milei violaría los artículos 75 (incisos 4°, 7° y 22°) y 76 de la Constitución Nacional, que establecen que cualquier endeudamiento con organismos internacionales debe ser aprobado por el Congreso.
