Los vecinos le pidieron a la Justicia que desestime el pedido del pequeñísimo grupo que se opone a la pavimentación
A Neuquén le cuesta mucho esfuerzo el plan de rutas que puso en marcha para saldar añejas deudas heredadas y para potenciar al turismo que, como se sabe, es la segunda economía de la provincia. Ese esfuerzo se complementa con la decisión oficial de llevar la equidad a cada una de las regiones y propender al desarrollo equitativo y equilibrado.
Sin ese prisma desde el que se interpreta la realidad (es decir, sin esa mirada), la pavimentación de la Ruta 63 en el ingreso a Villa Lago Meliquina jamás hubiese estado contemplada. Pero el gobierno de Rolando Figueroa la puso en la lista y, contra toda lógica, apareció un minúsculo grupo de sujetos que se oponen. Son foráneos, algo así como comerciantes de estación con residencia en otras localidades que -a partir de su postura- entraron en conflicto con la población estable de ese bello poblado ubicado en proximidades de San Martín de los Andes.
Lo nuevo es que unos 300 habitantes (la inmensa mayoría de los tienen voz y voto) realizaron una presentación formal para expresar su respaldo al proyecto de pavimentación. La presentación la hicieron en el juzgado Procesal Administrativo de Zapala, donde -crease o no- los anti progreso presentaron un pedido para que no se concrete el proyecto.
Los argumentos de los vecinos pro pavimento son absolutamente sólidos y tienen que ver con el derecho a una vida digna. Destacaron, en su nota, “el fin de defender los derechos fundamentales de nuestra comunidad y garantizar la continuidad del proyecto de asfaltado de la Ruta Provincial 63, tramo empalme Ruta Nacional 40 – km 19, cuya ejecución ya ha sido anunciada y que cuenta con los estudios y requisitos ambientales contemplados en el pliego de licitación”.
“Nuestra localidad, con aproximadamente 500 habitantes, se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad, ya que no contamos con ningún tipo de servicio básico: no hay red de agua potable, red de electricidad ni servicio de seguridad”, señalaron.
Lamentaron que “la falta de una ruta asfaltada nos afecta gravemente en distintos aspectos”, entre ellos, salud y seguridad. “El estado actual del camino dificulta el acceso a servicios médicos de urgencia, poniendo en riesgo la vida de los habitantes. La llegada de ambulancias y fuerzas de seguridad es prácticamente imposible en situaciones críticas, lo que vulnera nuestro derecho a la salud y seguridad”, sostuvieron.
El estado actual del camino también dificulta la llegada de las maestras a la escuela y, del mismo modo, impide que el transporte escolar llegue de manera segura; especialmente en invierno, “cuando el camino se vuelve prácticamente intransitable debido a las precipitaciones y la nieve”. “Esta situación pone en riesgo la seguridad de los estudiantes, ya que el transporte no puede llegar en tiempo y forma, exponiéndolos a riesgos graves y afectando su derecho a la educación y a un traslado seguro”, sostuvieron.
También puntualizaron que “la falta de infraestructura vial adecuada restringe el acceso de turistas, impide el crecimiento de emprendimientos locales y dificulta el abastecimiento de bienes esenciales.
“Es importante destacar que la licitación de la obra ya contempla el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. La empresa adjudicataria estará obligada a implementar medidas de mitigación de impacto ambiental, conforme a lo establecido en el pliego, garantizando que la obra se desarrolle de manera sostenible y responsable”, concluyeron.
