Alberto Ariaudo fue acusado de coacción agravada, amenazas y portación ilegal de arma de fuego. La justicia impuso medidas cautelares para proteger a las víctimas.
En una audiencia realizada en Catriel, se imputó a Alberto Alfredo Ariaudo, Presidente del Concejo Deliberante, por diversos delitos, entre ellos coacción agravada, amenazas reiteradas y portación ilegal de arma de fuego.
El fiscal solicitó medidas cautelares para proteger a las víctimas y testigos involucrados en los hechos.
Detalles de las amenazas y coacción
Según la acusación fiscal, los hechos ocurrieron entre el 8 de marzo y el 14 de marzo de 2025, cuando Ariaudo habría amenazado a varios funcionarios municipales, incluido el Asesor Técnico, la Intendente y el Secretario de Prensa, a través de mensajes de WhatsApp, generando temor en las víctimas.
Además, el Presidente del Concejo Deliberante se habría presentado en la sede municipal portando un revólver de uso civil, sin la debida autorización legal, buscando intimidar a la Intendente y a otros funcionarios.
Medidas cautelares y renuncia
La fiscalía solicitó que Ariaudo cumpla con varias medidas cautelares, incluyendo la prohibición de acercamiento a las víctimas y testigos, además de fijar un domicilio fijo y presentarse semanalmente ante la justicia. También se aplicará un sistema dual de monitoreo, similar al utilizado en casos de violencia de género.
Ariaudo, asesorado por su defensa, expresó su arrepentimiento y ofreció su renuncia al Concejo Deliberante, lo cual fue aceptado por la parte querellante y el fiscal. La renuncia se formalizó para evitar una escalada en el conflicto y facilitar el proceso judicial.
El proceso judicial continúa
La jueza de Garantías aceptó las medidas cautelares solicitadas y advirtió a Ariaudo que, en caso de incumplirlas, podrían imponerse medidas más gravosas. Las medidas serán vigentes por un plazo de cuatro meses, coincidiendo con la etapa preparatoria de la investigación.
Este caso resalta la importancia de garantizar la integridad de las víctimas y la transparencia en la gestión pública ante situaciones de violencia y amenazas.
