Diario HOY | Compra de pupitres: “Las necesidades eran unas y nosotros ofrecíamos otra cosa”

Manuel Jiménez Gaona, presidente de la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama), confirmó al canal GEN que en abril del año pasado tomaron conocimiento sobre la licitación convocada para la adquisición de mobiliarios escolares.

Al respecto, indicó que dentro de las especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones no se contemplaron muebles, ya sean sillas o mesas, fabricadas de madera. “Consultamos y nos dijeron que se necesitaba algo diferente”.

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La decisión de adquirir artículos fabricados con metal y plástico fue para asegurar su durabilidad y, además, para darle otros usos además de los académicos.

Al respecto, Jiménez Gaona indicó que, según la explicación recibida en aquel momento, la intención era que “no sea solo para estudiar, sino también para comer”, teniendo en cuenta las previsiones con el proyecto “Hambre cero”.

“Entendimos que las necesidades eran unas y nosotros ofrecíamos otra cosa”, manifestó el titular de Fepama.

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A su vez, admitió la imposibilidad de la industria local de cumplir con la demanda del gobierno, al solicitar 300.000 pupitres en el plazo de un mes. “La línea de producción es difícil de instalar y es para una sola cosa”.

Desde el gremio de madereros habían planteado que al menos algún componente sea de madera, a fin de no quedar excluidos de la licitación, pero el requerimiento era con otro tipo de materiales, enfatizó.

Al respecto, Raúl Arce, jefe del Departamento de Seguridad de la previsional, explicó que, de las aproximadamente 650 cámaras instaladas en las distintas instalaciones del IPS, solo el 60% están en funcionamiento, debido a un mantenimiento realizado por vez en 2018.

“Tenemos problemas con las cámaras del perímetro, especialmente por fallas en la fibra óptica y equipos dañados, lo que nos dificulta hacer reparaciones de forma inmediata”, expresó Arce en entrevista con Universo/Nación Media, quien agregó que la situación se complicó por la escasez de personal y presupuesto.

En esa línea, Arce indicó que el IPS solicitó en tres ocasiones el mantenimiento correctivo y preventivo de las cámaras, siendo la más reciente en 2023. Sin embargo, dijo que los pedidos anteriores fueron rechazados por falta de disponibilidad presupuestaria.

A su vez, acotó que este tercer pedido presupuestario se encuentra actualmente en el MITIC y una vez que se apruebe, pasará a la siguiente instancia, que es el Consejo del IPS. Una vez que tenga el visto bueno, se logrará finalmente la reparación del sistema de cámaras, lo que permitiría un monitoreo más efectivo y una respuesta más rápida ante incidentes.

“Desde 2020 estamos pidiendo la reparación y mejora del sistema, pero aún no recibimos una respuesta definitiva. Una vez que se tenga, esto mejorará la capacidad de monitoreo y podremos alertar a los guardias de seguridad más rápido”, comentó.

Así también mencionó que la situación se ha visto aún más difícil debido a la falta de personal, señalando que a pesar de que el hospital cuenta con un convenio con la Policía Nacional para la seguridad, la cantidad de agentes no es suficiente para cubrir las 33 hectáreas del Complejo Santo Domingo, donde se encuentra el estacionamiento.

Según el jefe de seguridad, solo 48 oficiales están disponibles para el Hospital Central, lo que representa una cantidad insuficiente para garantizar la seguridad de todas las áreas del complejo.

Por último, indicó que el equipo de seguridad hace todo lo posible para mantener el orden, pero hizo un llamado a las autoridades para acelerar el proceso de licitación para la reparación y modernización de las cámaras de vigilancia.

Este lunes se dio inicio de manera oficial al Operativo “Itapúa 2” de reducción de pérdidas y morosidad por parte de la ANDE.

El titular de la empresa estatal, Ing. Félix Sosa, acompañó el inicio de este despliegue en el citado departamento, que involucrará a 60 funcionarios y 25 cuadrillas.

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Según informó la periodista de Nación Media, Rocío Gómez, se prevén ejecutar más de 2.100 órdenes de trabajo para la desconexión de clientes en situación de morosidad y, a su vez, viviendas con conexiones clandestinas.

El operativo abarca los distritos de Encarnación, Cambyretá, San Pedro del Paraná, General Delgado y San Juan del Paraná. Para más adelante, podría ampliarse a otras ciudades.

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Solo en el departamento de Itapúa, se registra un 27,7% de índice de morosidad, confirmó Sosa al canal GEN, razón por la que buscan reducir estas estadísticas negativas.

“Itapúa 2” se extenderá durante toda la semana, anticipó el titular de la ANDE, quien instó a los clientes morosos o con conexiones ‘mau’ a que puedan acercarse a regularizar su situación.

Al respecto, el viceministro Emiliano Fernández detalló que los primeros 20 buses llegaron al puerto de Villeta, pero pese a que se esperan los 10 restantes, que llegarán en la primera semana de abril, el proceso de adaptación para su operativa iniciará este año, explicando que la incorporación se llevará a cabo como un plan piloto.

“La ley de movilidad eléctrica es una tecnología nueva en el sistema de transporte público del país, específicamente en el área metropolitana de Asunción, por lo que debemos conocer su rendimiento, los recorridos, la autonomía de batería, las vías, el itinerario, el modelo de manejo e incluso la respuesta ante el clima y el tráfico del área metropolitana”, indicó el viceministro en entrevista con Gen/Nación Media.

En ese contexto, Fernández mencionó que los buses eléctricos serán operados por el sector privado, el cual será seleccionado mediante una licitación. “El Estado será el dueño de la flota y las estaciones de carga, pero serán los privados quienes se encarguen de la operación diaria, incluyendo la contratación de choferes y el mantenimiento”, señaló Fernández.

En esa línea, dijo que el proceso de licitación, que se lanzará en el segundo semestre del año, también incluirá una fase de pruebas técnicas en colaboración con la empresa MasterBosch, encargada de garantizar el rendimiento adecuado de los buses. Además, se prevé la incorporación de un sistema de monitoreo para garantizar la eficiencia operativa.

En cuanto al costo del pasaje, el viceministro mencionó que si bien aún no se tiene un precio definitivo, se prevé que el costo será similar al de los buses con aire acondicionado (diferencial). Sin embargo, indicó que el proceso de innovación conlleva desafíos que se irán ajustando a medida que se avance en la operación.

Finalmente, el viceministro destacó que, si bien los plazos para la implementación total son de seis meses, el objetivo es garantizar una transición efectiva y eficiente, aprendiendo del comportamiento de los buses en el entorno urbano y ajustando los itinerarios y la infraestructura de carga en función de los resultados obtenidos.