Esta mañana, se llevó a cabo la audiencia de partes convocada por la Corte de Justicia de Salta en el marco de la causa “Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Salta vs. Provincia de Salta – Hábeas Corpus”.
El encuentro, que comenzó a las 9, en el Salón de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial, tuvo como objetivo principal abordar la situación de las personas detenidas en las dependencias policiales provinciales, así como analizar otras cuestiones vinculadas a las condiciones de alojamiento en el sistema carcelario.
La audiencia es encabezada por la presidenta del Tribunal, Teresa Ovejero Cornejo; el vicepresidente primero, Fabián Vittar; la vicepresidenta segunda Adriana Rodríguez Faraldo; las juezas de Corte, María Alejandra Gauffin y María Edit Nallim; y los jueces de Corte, Guillermo Catalano, Ernesto Samsón, Pablo López Viñals y José Gabriel Chibán.
En representación del Poder Ejecutivo provincial participan el Fiscal de Estado, Juan Agustín Pérez Alsina, y el Ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, quienes se encuentran acompañados por funcionarios de áreas específicas y asesores.
Por el Ministerio de la Defensa, el Defensor General de la Provincia, Martín Diez Villa designó para actuar durante la audiencia a Federico Andrés Gutiérrez, Jorge Luis Musa y Alberto Daud. Por el Ministerio Público Fiscal, el Fiscal ante la Corte Nº 1, intervino Eduardo Sylvester.
Por el Comité Provincial estuvieron presentes el presidente, Rodrigo Solá; la secretaria ejecutiva, María Castillo y la asesora legal, Tania Kiriaco.
Hábeas Corpus Colectivo Correctivo
El Hábeas Corpus Colectivo Correctivo es un recurso legal que busca proteger los derechos de un grupo de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, en este caso, las personas detenidas en comisarías. A través de este recurso, se busca garantizar que las condiciones de detención sean dignas y respetuosas de los derechos humanos.
La audiencia se dio en el marco de Hábeas Corpus colectivo presentado por el Comité en favor de todas las personas privadas de la libertad en las comisarías de la provincia.
«Estamos conformes porque la dispuso la Corte y estuvieron presente en pleno, los nueve jueces; además de las representaciones del Ejecutivo con el ministro de Gobierno, Ricardo Villada; las distintas secretarías, con el representante de los otros ministerios que estaban convocados. También Fiscalía de Estado, la Defensoría General y la Procuración de la provincia. Es una audiencia que se había planteado con fines conciliatorios para tratar de analizar los puntos que había planteado el Comité y sus posibles respuestas», dijo Rodrigo Solá, presidente del Comité al finalizar el trámite.
El Comité tuvo la posibilidad de hacer la apertura de la audiencia con la presentación de los principales aspectos del petitorio. Fiscalía de Estado planteó que tenían voluntad para alcanzar algún acuerdo ya cercaron una propuesta la cual se analizó en un cuarto intermedio.
«Desde el Comité solicitamos que la propuesta se actualice, que se precise y se fije plazo para cada una de las acciones, y acordamos finalmente, una garantía inmediata de acceso a salud y alimentación de todas las personas privadas de libertad, eso en términos inmediatos. Además con un plazo de 15 días para la constitución de una mesa de trabajo y en 60 días como plazo máximo para la inhabilitación y clausura de las comisarías tres y cuatro de Tartagal, que son las que mayor estado más crítico tienen», explicó Solá
Dijo que esa mesa va a trabajar el plan de contingente. Esos 60 días serán también para que todos los penados sean sacados de comisarías de salud. El Comité presentó un informe en el que da cuenta de 55 penados alojados en comisarías. En la mesa habrá representantes de todos los ministerios, del Ejecutivo, de la Procuración, más de los Comité. Además pidieron el monitoreo permanente de la Corte de Justicia
«Hay que revisar sus situaciones procesales y en el caso de que tienen que continuar cumpliendo sus penas que ya lo hagan en una en un establecimiento carcelario», dijo.
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La audiencia
La realización de esta audiencia es de suma importancia, ya que permite visibilizar y abordar las problemáticas que enfrentan las personas privadas de libertad en dependencias policiales. En la audiencia se presentaron informes y testimonios que permiten conocer en profundidad la situación actual y proponer medidas para mejorar las condiciones de detención.
La audiencia contó con la participación de integrantes de organizaciones de derechos humanos y personas interesadas en la temática.
«El Hábeas Corpus fue acompañado por Amicus Curiae de los organismos de DDHH de Salta, del CELS a nivel nacional, estuvieron presentes el presidente del Colegio de Abogados de Salta, los representantes de la Asociación Ragone; todos parte del Amicus Curiae. Personalmente considero como una audiencia histórica, porque además estuvieron presentes los 9 jueces de la Corte «, dijo Tania Kiriaco.
El acuerdo
El acuerdo se formalizó ante la Corte de Justicia durante la audiencia convocada en virtud de la causa iniciada por el Comité para la Prevención de la Tortura en Salta.
La Provincia de Salta y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes comparecieron esta mañana ante la Corte de Justicia, en una audiencia de partes que abordó la situación de las personas detenidas en dependencias policiales y carcelarias provinciales.
Durante la sesión, las partes destacaron la importancia de esta audiencia como un espacio propicio para el diálogo y la conciliación. En ese marco, reconocieron la urgente necesidad de intervenir y coordinar esfuerzos para abordar la compleja situación que atraviesan las personas privadas de libertad en la provincia.
Para ello se resolvió trabajar en un acuerdo que será presentado ante la Corte de Justicia el próximo 25 de marzo, tras consensuar plazos específicos para el cumplimiento de cada uno de sus puntos.
El acuerdo, en concreto, establece la creación de una Mesa de Coordinación Interinstitucional, que estará compuesta por tres comisiones destinadas a tratar de manera integral y coordinada temas cruciales. Las comisiones se encargarán de:
- La planificación e infraestructura del sistema carcelario;
- el cumplimiento de normativa sobre el tratamiento de personas alojadas en comisarías y la planificación de su traslado a dependencias carcelarias; y
- la implementación de herramientas tecnológicas para optimizar la gestión del Servicio Penitenciario.
La primera comisión se enfocará en la revisión y mejora de las instalaciones carcelarias existentes, así como en la planificación de nuevas unidades penitenciarias.
La segunda comisión se centrará en garantizar un trato digno para las personas detenidas, abordando aspectos fundamentales como la atención médica, alimentación, visitas, higiene personal y educación, entre otras.
Asimismo, se coordinará el traslado inmediato de algunas de estas personas a instalaciones del Servicio Penitenciario y se evaluará el traslado progresivo de otras en función de las condiciones de infraestructura y servicios disponibles. Se trabajará también en la inhabilitación de las Comisarías Nº 3 y 4 de Tartagal para el alojamiento de condenados.
Por último, la comisión dedicada a la implementación de tecnología explorará estrategias innovadoras que permitan mejorar la gestión penitenciaria, agilizar los procesos judiciales y ofrecer alternativas al encarcelamiento, asegurando la trazabilidad de los datos generados por los organismos involucrados.
