La trata de personas en América Latina ha evolucionado hacia una actividad criminal compleja y diversificada, adaptándose a las dinámicas sociales y económicas de la región, pero algunos expertos dicen que un mejor uso de los datos puede ayudar a abordar el problema.
La trata de personas somete a las víctimas a trabajos forzados, explotación sexual o servidumbre mediante engaño —a menudo disfrazada de oportunidades laborales o de migración— coerción o fuerza. A diferencia del tráfico de migrantes —donde existe un acuerdo voluntario para cruzar fronteras de manera irregular—, la trata implica la pérdida de la autonomía de la víctima, manteniéndola bajo control para obtener ganancias.
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El reciente Informe Mundial sobre la Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de 2024 revela que la trata de personas se ha adaptado rápidamente, expandiéndose por sectores como la agricultura, la minería y los servicios domésticos, además de la explotación sexual.
“Abordar este crimen requiere una combinación de respuestas en todos los niveles: global, regional, nacional y subnacional”, dijo la organización en un comunicado de prensa.
El informe destaca cómo las redes criminales, desde pequeños grupos locales hasta organizaciones transnacionales, han refinado sus métodos de captación y control, aprovechándose de la vulnerabilidad económica y la falta de protección institucional.
En respuesta a esta cuestión, la UNODC y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) desarrollaron el Marco de Clasificación Internacional de Datos Administrativos sobre la Trata de Personas (IC-TIP, por sus siglas en inglés). Este marco busca estandarizar la recolección de datos, identificar patrones clave y mejorar la coordinación entre gobiernos, fuerzas del orden y servicios de apoyo a las víctimas.
Para entender mejor los desafíos y el impacto de esta iniciativa, InSight Crime habló con la Dra. Guadalupe Correa-Cabrera, experta en migración, redes ilícitas y seguridad internacional y profesora de la Escuela Schar de Política y Gobierno de la Universidad George Mason.
InSight Crime (IC): ¿Cómo evalúa la iniciativa de la UNODC para mejorar la recopilación de datos sobre trata de personas en América Latina? ¿Cree que podría fortalecer la protección y la justicia en la región?
Dra. Guadalupe Correa-Cabrera (GCC): Mejorar la recopilación de datos y contar con una base homogénea y compatible entre los distintos países es fundamental. Sin embargo, la efectividad de esta iniciativa depende de cómo se utilicen esos datos. La propuesta es importante, pero no es suficiente. Si los sistemas judiciales no funcionan o las fiscalías no investigan adecuadamente, la base de datos no reflejará la realidad. Además, los gobiernos pueden manipular o sesgar la información. La clave está en cómo se utilicen los mismos para mejorar la justicia.
IC: ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los países latinoamericanos para implementar esta iniciativa?
GCC: Las limitaciones financieras son un obstáculo enorme. Los países de América Latina, muchos de ellos parte del sur global, enfrentan crisis económicas y otras prioridades como el tráfico de drogas o la violencia. Además, la corrupción y la impunidad hacen que los datos sobre crimen organizado sean poco confiables. Los gobiernos no siempre asignan recursos suficientes a este tema y, cuando lo hacen, a menudo responden más a presiones políticas que a la necesidad de proteger a las víctimas.
IC: ¿Hay países en la región que sirvan como modelo a seguir en la recopilación de datos sobre trata de personas?
GCC: Es difícil señalar a un país como modelo. Algunos como Uruguay o Costa Rica suelen tener mejores indicadores, pero también enfrentan sus propios problemas. En general, ningún país latinoamericano ha logrado implementar un sistema robusto y sostenible de recopilación de datos sobre la trata de personas. Las prioridades políticas cambian con cada administración, lo que dificulta la continuidad de estas iniciativas.
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IC: ¿Cómo pueden las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y el Big Data, ayudar en la lucha contra la trata de personas?
GCC: La inteligencia artificial y el Big Data pueden ser herramientas valiosas para analizar comunicaciones entre víctimas y tratantes, detectar patrones de reclutamiento en internet y mejorar la sistematización de datos. Sin embargo, la tecnología no es una solución mágica. Es crucial entrenar a fiscales e investigadores para usar estas herramientas adecuadamente. Además, hay que tener cuidado con el uso de la tecnología para evitar caer en sistemas de vigilancia masiva que puedan violar derechos humanos.
IC: ¿Qué tan involucrados están los grupos criminales más grandes en la trata de personas?
GCC: Hay organizaciones criminales transnacionales que ven la trata de personas como una fuente de ingresos paralela al narcotráfico y otras actividades ilícitas. Grupos como el Tren de Aragua o ciertas facciones del crimen organizado mexicano han diversificado sus operaciones para incluir la trata, aprovechándose de la vulnerabilidad de las víctimas migrantes.
IC: ¿Cómo afectan los cambios políticos en la región a la continuidad de los esfuerzos contra la trata de personas?
GCC: Los cambios de gobierno suelen traer consigo cambios en las prioridades de seguridad. Algunas administraciones le dan más importancia a la trata, mientras que otras la dejan de lado para enfocarse en delitos más visibles, como el narcotráfico. La falta de continuidad en las políticas dificulta que se mantengan los esfuerzos a largo plazo.
IC: ¿Qué medidas urgentes deberían tomarse para mejorar la situación?
GCC: Se necesita una combinación de acciones inmediatas y estructurales: más financiamiento para las fiscalías especializadas, mejor capacitación para las fuerzas del orden, protección efectiva a las víctimas y, sobre todo, voluntad política para enfrentar el problema de raíz.
*Esta entrevista ha sido editada para mayor claridad y fluidez.
