Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País.
Para la Fiscalía, la mujer estaba celosa de su novio porque la quería dejar por otra y, por eso, mientras tenía relaciones intentó matarlo a cuchillazos. Para las defensoras públicas de la mujer, ella era una joven que estaba siendo víctima de violencia doméstica y cuando vio que iba a ser asfixiada por el hombre, se defendió. Esas dos teorías del mismo caso iban a enfrentarse en un juicio oral y un juez iba a decidir cuál era cierta. Pero en la puerta de esa instancia, la Fiscalía y la defensa llegaron a un acuerdo y zanjaron el asunto en un punto medio.
En lugar de condenarla por tentativa de homicidio —como originalmente pedía la Fiscalía— a ocho años de cárcel, o absolverla —como pretendía su defensa—, acordaron una condena por reiterados delitos de violencia doméstica y lesiones graves agravadas. La pena es de 3 años y cuatro meses, pero como la imputada ya pasó un año presa preventivamente y seis meses en arresto domiciliario, se descuenta ese tiempo y deberá cumplir 22 meses de pena. De ese total, 20 serán en arresto domiciliario total y los dos restantes en arresto domiciliario nocturno. Durante el día, deberá cumplir con horas de servicio comunitario.
A su vez, la mujer tiene prohibido acercarse o comunicarse con quien era su pareja. El joven sobrevivió y lleva una vida normal.
Las declaraciones de la víctima y de la ahora condenada eran opuestas. Él afirma que ella lo volvía loco, que lo perseguía y que amenazó con matarlo si la dejaba. “Yo voy a ir presa, pero vos no salís más del cementerio”, contó que le dijo. Aseguró que lo levantaba a los insultos de la cama y que un día lo roció con gas pimienta.
Ella, en cambio, sostuvo que él la controlaba a toda hora, que le rompía cosas a propósito y que le tiraba la ropa. Dijo que, una vez que lo siguió, comprobó que lo engañaba con otra mujer. Declaró que la maltrataba verbalmente, diciéndole “zorra” o “puta”, y que en alguna oportunidad —como en el episodio del gas pimienta— él fue quien primero le pegó.
Esa vez, ella ratificó una denuncia de violencia de género en contra de él y tuvieron medidas de restricción de acercamiento por un lapso de tiempo, hasta que retomaron la relación y ella pidió que se levantaran.
Los hechos que terminaron en la Justicia ocurrieron el 28 de agosto de 2023, cuando el joven fue hasta la casa de su madre, donde convivía con su novia, y le confirmó que quería terminar la relación porque retomaría el vínculo con otra chica con la que había salido antes.
Sin embargo, terminaron teniendo relaciones sexuales y ese es el momento en el que las versiones se bifurcan. Él aseguró que ella tomó un cuchillo que tenía escondido y lo apuñaló en la cabeza y en el tórax. Según la versión de ella, fue él quien se aprovechó de ella en el marco de la relación sexual y le tiró del pelo, la golpeó a cachetazos y tuvo una última acción que hizo que ella reaccionara para salvar su vida: la quiso ahorcar. A partir de ahí fue que tomó el cuchillo, que tenía en el cuarto por seguridad, y se defendió. Después, sufrió una “fuga disociativa” —lo que fue sugerido por un psiquiatra— producto de su frágil estado emocional y se desmayó, dado que tiene desmayos crónicos. Incluso, llegó a desmayarse durante más de media hora frente el día que la imputaron.
Sus abogadas, las defensoras públicas Andrea Bravo y Rosario Silveira, manejaron en audiencias judiciales —a cuyo registro accedió El País— que podrían encontrarse frente a un caso de legítima defensa o que se encuentre dentro de las causales que prevé el artículo 36 del Código Penal. Este artículo permite eximir de pena a quienes cometan delitos de homicidio o lesiones producto de “el estado de intensa conmoción provocada por el sufrimiento crónico producto de violencia intrafamiliar”.
Pese a que el juicio oral estaba a punto de comenzar, puesto que ya se había pasado por la etapa de control de acusación en la que se debate qué pruebas ingresarán para ser analizadas o no en juicio, las defensoras llegaron a un acuerdo con la Fiscalía de Violencia Doméstica de 1er Turno, a cargo de Schubert Velázquez.
Por eso la Fiscalía pidió cambiar la tipificación —pasó de considerarlo un intento de homicidio a unas lesiones graves—, lo que está dentro de sus potestades, y solicitó validar el acuerdo ante la Justicia. “Analizando la evidencia con la que se contaba, la que tenía la Fiscalía en su carpeta de investigación, así como la evidencia indicada por la defensa que se propondría en un juicio” se llegó a la decisión, dijo Velázquez en la audiencia.
