Diario HOY | Acusan a dueños de playa de autos y juez por megaestafa a 255 víctimas

Denis Steven Bareiro Chávez, Carlos Alfredo Bereiro Benítez y Carlos Rubén Yrala Fernández, de Steven Automotores, fueron acusados por estafa y asociación criminal. Mientras que el juez de Paz de Chaco´i, Jorge Adolfo Franco Garelik, fue acusado por la presunta comisión del hecho punible de prevaricato, lo mismo que la actuaria judicial Gabriela Noemí Gaona Benítez. En esta carpeta fiscal se contabilizaron 255 personas que fueron perjudicadas por este modus operandi.

En uno de los casos, la señora Natalia Bareiro, en fecha 5 de agosto de 2023, adquirió un vehículo de la playa de autos ubicada en la calle Acceso Sur casi Mangore de Ñemby, haciendo una entrega de G. 13.500.000 y pagaderos en 36 cuotas de Gs. 1.694.000, con sistema de rastreo satelital (GPS), siendo el primer vencimiento el 10 de setiembre de 2023, firmando un contrato privado con Bareiro Benítez, en representación de Bareiro Chávez, con certificación de firmas de la escribana Olga Valentina Insaurralde.

Luego, la señora Bareiro se atrasó en el pago de la primera cuota del 10/09/2023 y en fecha 02 de octubre de 2023, llegó hasta su domicilio el oficial de justicia Carlos Yrala, con una orden de secuestro firmado por el juez Franco Garelik y la actuaria judicial Gaona Benítez, cuya orden fue firmada por dicho juez el 14 de setiembre del 2023. Ante dicha situación, la misma entregó su auto y se acercó luego a la playa de venta de autos.

Ya en el lugar, pensado que iba a pagar la cuota atrasada le entregarían su vehículo, pero le solicitaron la entrega de G. 17 millones y ante su negativa, intentaron hacerle firmar un contrato de compra-venta a favor de Bareiro Chávez, a lo cual se negó y en un descuido logró tomar una foto del contrato. Ante su negativa a firmar no le entregaron el rodado ni la parte de pago que había entregado, así como tampoco los pagarés suscritos por ella. Este tipo de situaciones se repitieron por decenas, según las investigaciones de la Fiscalía.

El Ministerio Público sostiene que los acusados Bareiro Chávez, Bareiro Benítez e Yrala Fernández daban facilidad para adquirir vehículos, para luego aprovecharse del retraso en el pago de una cuota para dar trámite a expedientes judiciales en un Juzgado de Paz distante para obtener el mandamiento de secuestro y recuperar los rodados y volver a venderlos, haciendo firmar a las víctimas bajo engaño un contrato de compra-venta (dación de pago).

La acusación señala que el juez Franco Garelik y su actuaria Gaona Benítez tenían a su cargo expedientes judiciales en los cuales violaban los derechos de los demandados para favorecer al demandante (Steven Automotores), ya que ni siquiera cumplían con los mínimos requerimientos de enviar dichos expedientes a estadísticas o tasas judiciales.

En un comunicado, la institución repudió el acto de violencia y activó el sistema de protección para asistir a la víctima. “La violencia contra la mujer es una violación a los derechos humanos que no debe quedar impune”, enfatizó el Ministerio, recordando la Ley N° 5777/16 de Protección Integral a las Mujeres.

El hecho quedó registrado en un video viralizado donde se observa a Walter Acosta increpando y golpeando a la funcionaria, luego de que el INTN detectara graves irregularidades en la estación de servicio.

La directora del INTN, Lira Giménez, expresó también su indignación y exigió garantías para los funcionarios públicos que cumplen con su labor. “Nuestra funcionaria es intachable. Su trabajo es fiscalizar y velar por los derechos de los consumidores. No podemos permitir que se normalicen estos hechos de violencia”, afirmó en entrevista con la 650 AM.

La agente fiscal Rocío Celeste González esta mañana dispuso la detención preventiva de Walter Acosta, quien ya fue imputado por los hechos punibles de coacción, coacción grave y resistencia. Tras su captura, deberá ser llevado a la Comisaría N° 18 de Santa Rita.

El Sub Oficial de Primera Ricardo Alvarenga, quien presta servicio en la Prefectura Naval de Concepción, en la noche del sábado fue víctima de un ataque con arma de fuego.

El uniformado resultó herido de un disparo a la altura del brazo izquierdo, en un episodio que aún queda por ser dilucidado, ya que existen versiones contradictorias.

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Desde la Armada Paraguaya informaron que Alvarenga se encontraba efectuando un patrullaje fluvial en compañía de otros camaradas en la zona conocida como Toldo Cué cuando fue baleado.

Por otra parte, los familiares de la víctima señalan que, en realidad, el mismo realizaba la custodia de una estancia privada ubicada en Presidente Hayes cuando se produjo el incidente.

Uno de sus hermanos indicó al canal C9N que, según lo que él le había comentado, tuvo una discusión con el capataz del establecimiento, quien luego desenfundó una escopeta. “Le disparó a quemarropas prácticamente”.

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Tras lo ocurrido, Alvarenga fue llevado al Hospital Regional de Concepción y posteriormente trasladado al Hospital Militar de Asunción, donde fue sometido a una intervención quirúrgica.

Una comisión sumarial fue conformada para investigar lo ocurrido, adelantó el Vice Almirante Lucio Benítez, de la Armada Paraguaya. “Si hay faltas disciplinarias, tolerancia cero”, enfatizó.

Un grupo de vecinos Itacurubí de Concepción denunció que funcionarios de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) construyeron la base de un tanque de agua en un terreno privado, lo que obligó a detener el proyecto tras la intervención del propietario.

Según manifestaron a un medio local, los pobladores señalaron que habían solicitado la instalación en la esquina de la avenida Monte Alegre, pero la obra fue ejecutada en un supuesto excedente municipal cerca de la Ruta Concepción-Belén. Al concluir la base, el dueño del terreno apareció y exigió la paralización inmediata de los trabajos.

En ese contexto, molestos por la situación, los vecinos acudieron a la municipalidad para exigir una solución. Si bien agradecieron el apoyo del municipio y la gobernación en la provisión de materiales y del tanque con motor, responsabilizaron a la Essap por lo que consideran un acto de “mala fe”.

Los pobladores manifestaron que el problema de la falta de agua persiste en la zona, por lo que reclaman una pronta resolución para garantizar el acceso al servicio.