Es evidente que la creciente inseguridad en la región latinoamericana es uno de los mayores retos para todos los gobiernos. Asimismo, el surgimiento constante de nuevas amenazas desde todos los frentes evita que las administraciones se puedan comprometer con una única estrategia para combatir la violencia en sus respectivos países. Consecuentemente, si no es la estrategia, cada vez crece más la relevancia del carácter de los líderes políticos, ya que la tenacidad, la visión y la eficacia son factores clave para enfrentar de frente el reto de la inseguridad.
Ahora bien, dentro de un contexto de democracia, existe una línea muy fina en la que estas características de liderazgo se podrían instrumentalizar en favor de la creación de un líder autoritario. Esto se debe a que, debido a que un régimen democrático se construye con base en la deliberación, la toma de decisiones conjunta y la consulta popular, quiere decir que también es menos eficiente en la gestión de amenazas que son constantemente cambiantes, como la inseguridad. Por lo tanto, esto significa que la democracia, como sistema político ideal, debe andar por un camino muy resbaladizo en el que el balance entre la deliberación y la eficacia podría convertirse en un callejón sin salida, en donde el costo sería el triunfo de la inseguridad y la violencia.
El agua azucarada de la región
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Hasta el momento, parece que la mayor parte de los países de la región han fracasado en la tarea de balancear la democracia y la seguridad, especialmente porque los únicos países que han entregado resultados positivos en esta materia lo han conseguido, ya sea flirteando con el autoritarismo, o adoptando medidas extraordinarias que exceden los límites tradicionales del poder.
Este es el caso de El Salvador, en donde el presidente Bukele, no solo ha tenido que perpetuarse inconstitucionalmente en el poder, sino que también ha tenido que desplazar a todas las posibles voces disidentes dentro del gobierno. Por ello, no solo ha modificado el mapa territorial, a fin de garantizar (políticamente) una mayoría en el Congreso, sino que también ha cooptado las Cortes para evitar cualquier desacuerdo sobre las medidas para combatir la inseguridad en el país. ¿La consecuencia? Una reducción significativa de las tasas de violencia y la escalada en la popularidad del presidente.
Parece que El Salvador encontró el agua azucarada, dado que al eliminar cualquier tipo de elemento deliberativo o de consenso, característico de la democracia, ha conseguido ser eficiente en el combate contra las maras (…) los salvadoreños, a fin de conseguir su paz, han tenido que pagar con la moneda democrática y de las libertades.
En pocas palabras, parece que El Salvador encontró el agua azucarada, dado que al eliminar cualquier tipo de elemento deliberativo o de consenso, característico de la democracia, ha conseguido ser eficiente en el combate contra las maras. Esto quiere decir que los salvadoreños, a fin de conseguir su paz, han tenido que pagar con la moneda democrática y de las libertades.
Esta clara regresión democrática del país centroamericano, en favor del autoritarismo, había encontrado obstáculos en el reconocimiento internacional, debido a que muchos sectores cuestionaban la viabilidad de estas decisiones. Sin embargo, la administración Trump, al acordar con Bukele el envío de criminales al centro de confinamiento de terrorismo (CECOT), está legitimando, no solo el modelo de combate a la inseguridad, sino que también el autoritarismo carismático que se está consolidando en El Salvador.
Asimismo, tomando en cuenta que Trump tuvo que invocar una medida del siglo XVIII, tradicionalmente utilizada en tiempos de guerra, para contar con los poderes suficientes para ejecutar esta acción quiere decir que, así como en El Salvador, se está reconociendo que la democracia, en su estado de normalidad, no permite vivir en plena seguridad. Al contrario, lo que esta situación plantea es que, para que los ciudadanos vivan libres de violencia, es necesario suspender derechos, instituciones y otorgar poderes extraordinarios al jefe de gobierno.
Así pues, si este es el camino que la región decidirá tomar para el futuro, merece la pena preguntarse si realmente es posible gozar de seguridad, si se apuesta por la democracia, o si se habla en favor de la seguridad todo se vale.
Seguridad EN democracia: el reto pendiente de América Latina
Es evidente que la creciente inseguridad en la región latinoamericana es uno de los mayores retos para todos los gobiernos. Asimismo, el surgimiento constante de nuevas amenazas desde todos los frentes evita que las administraciones se puedan comprometer con una única estrategia para combatir la violencia en sus respectivos países. Consecuentemente, si no es la estrategia, cada vez crece más la relevancia del carácter de los líderes políticos, ya que la tenacidad, la visión y la eficacia son factores clave para enfrentar de frente el reto de la inseguridad.
Ahora bien, dentro de un contexto de democracia, existe una línea muy fina en la que estas características de liderazgo se podrían instrumentalizar en favor de la creación de un líder autoritario. Esto se debe a que, debido a que un régimen democrático se construye con base en la deliberación, la toma de decisiones conjunta y la consulta popular, quiere decir que también es menos eficiente en la gestión de amenazas que son constantemente cambiantes, como la inseguridad. Por lo tanto, esto significa que la democracia, como sistema político ideal, debe andar por un camino muy resbaladizo en el que el balance entre la deliberación y la eficacia podría convertirse en un callejón sin salida, en donde el costo sería el triunfo de la inseguridad y la violencia.
El agua azucarada de la región
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Hasta el momento, parece que la mayor parte de los países de la región han fracasado en la tarea de balancear la democracia y la seguridad, especialmente porque los únicos países que han entregado resultados positivos en esta materia lo han conseguido, ya sea flirteando con el autoritarismo, o adoptando medidas extraordinarias que exceden los límites tradicionales del poder.
Este es el caso de El Salvador, en donde el presidente Bukele, no solo ha tenido que perpetuarse inconstitucionalmente en el poder, sino que también ha tenido que desplazar a todas las posibles voces disidentes dentro del gobierno. Por ello, no solo ha modificado el mapa territorial, a fin de garantizar (políticamente) una mayoría en el Congreso, sino que también ha cooptado las Cortes para evitar cualquier desacuerdo sobre las medidas para combatir la inseguridad en el país. ¿La consecuencia? Una reducción significativa de las tasas de violencia y la escalada en la popularidad del presidente.
Parece que El Salvador encontró el agua azucarada, dado que al eliminar cualquier tipo de elemento deliberativo o de consenso, característico de la democracia, ha conseguido ser eficiente en el combate contra las maras (…) los salvadoreños, a fin de conseguir su paz, han tenido que pagar con la moneda democrática y de las libertades.
En pocas palabras, parece que El Salvador encontró el agua azucarada, dado que al eliminar cualquier tipo de elemento deliberativo o de consenso, característico de la democracia, ha conseguido ser eficiente en el combate contra las maras. Esto quiere decir que los salvadoreños, a fin de conseguir su paz, han tenido que pagar con la moneda democrática y de las libertades.
Esta clara regresión democrática del país centroamericano, en favor del autoritarismo, había encontrado obstáculos en el reconocimiento internacional, debido a que muchos sectores cuestionaban la viabilidad de estas decisiones. Sin embargo, la administración Trump, al acordar con Bukele el envío de criminales al centro de confinamiento de terrorismo (CECOT), está legitimando, no solo el modelo de combate a la inseguridad, sino que también el autoritarismo carismático que se está consolidando en El Salvador.
Asimismo, tomando en cuenta que Trump tuvo que invocar una medida del siglo XVIII, tradicionalmente utilizada en tiempos de guerra, para contar con los poderes suficientes para ejecutar esta acción quiere decir que, así como en El Salvador, se está reconociendo que la democracia, en su estado de normalidad, no permite vivir en plena seguridad. Al contrario, lo que esta situación plantea es que, para que los ciudadanos vivan libres de violencia, es necesario suspender derechos, instituciones y otorgar poderes extraordinarios al jefe de gobierno.
Así pues, si este es el camino que la región decidirá tomar para el futuro, merece la pena preguntarse si realmente es posible gozar de seguridad, si se apuesta por la democracia, o si se habla en favor de la seguridad todo se vale.
