La señalización de los Sitios de la Memoria es una reparación que reivindica los Derechos Humanos, dedicada a las más de doscientas víctimas del terrorismo de Estado en Salta.
La señalización de los Sitios de la Memoria es una reparación que reivindica los Derechos Humanos, dedicada a las más de doscientas víctimas del terrorismo de Estado en Salta.
Son lugares que contienen mucha información acerca del destino de los desaparecidos. El término «desaparición» consigna la metodología empleada por parte del terrorismo de Estado, que implicó el secuestro, detención clandestina de los individuos, la tortura, asesinato y posterior ocultamiento de los cuerpos, con una característica específica: la de borrar todo rastro de las acciones cometidas con el fin de que todos los hechos queden impunes.
Uno de los antecedentes más importantes en Salta, que identifica los lugares de detención y torturas, surge del libro La represión en Salta 1970-1983: Testimonios y Documentos, de las autoras Lucrecia Barquet y Raquel Adet. Con el título «Las exhumaciones», dan cuenta de las investigaciones e información que habían recopilado organismos de Derechos Humanos.
Las primeras en indagar, a fin de conocer la verdad de lo ocurrido con los detenidos y desaparecidos de Salta, fueron las incansables investigadoras Lucrecia Barquet y Dolly Mabel Perini, fundadoras de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Salta. Junto a otras compañeras de búsqueda, llevaron adelante registros de testimonios de familiares y visitas in situ a lugares que brindaban indicios vehementes de la suerte final del desaparecido, a fin de encontrar cualquier rastro que permitiera identificar sus restos.
La primera ordenanza fue la N° 13.974, en el año 2010, impulsada por la edil Lucrecia Lambrisca, que sirvió de antecedente para señalizar posteriormente el cementerio de la Santa Cruz, tal como lo indica la Ley Nacional N° 26.691, en 2021.
La obligación del Estado es garantizar la preservación y señalización de los ex centros clandestinos de detención y otros sitios emblemáticos del terrorismo estatal, por su valor probatorio en las causas judiciales por delitos de lesa humanidad, para la transmisión de la memoria y como reparación para las víctimas, siendo de suma relevancia para los familiares y organismos de DD.HH. de Salta.
Actualmente se sigue investigando el destino de las y los desaparecidos, ante la negativa —y podríamos decir hasta un pacto de silencio— de los miembros de las distintas fuerzas de seguridad que operaron durante los años 1976-1983, negativa a aportar datos sobre el lugar donde están sepultados los restos o cuál fue el destino final que se les dio a las personas detenidas-desaparecidas en toda Salta.
El derecho a la verdad, reconocido a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, otorga la titularidad del derecho a la información a todo individuo, es decir, a toda persona humana.
Los cementerios son sitios de la memoria. Deben conservarse: son parte de la historia de la última dictadura militar, ya que «cierran el circuito del plan sistemático de desaparición de personas».
Esa fue la trayectoria que realizaron los represores que prescindieron de la ley y el derecho para llevar a cabo el plan de aniquilamiento de personas. La última fase fue la de impedir la identificación de los restos. Por eso, la decisión de enterrar a los detenidos-desaparecidos como N.N. Y, justamente por eso, deben preservarse estos sitios, a fin de contribuir y recuperar las historias locales, como parte del compromiso de transmitir a las nuevas generaciones la lucha por Memoria, Verdad y Justicia.
