Una a una, todas las prioridades de gestión del gobierno de Yamandú Orsi según cada ministerio

Redacción El País
La palabra «eje» ha sido usada varias veces en los últimos días por parte del nuevo gobierno del Frente Amplio, empezando por el propio presiente de la República, Yamandú Orsi. El concepto estuvo presente en la conferencia de prensa que él encabezó la semana pasada luego de su primer Consejo de Ministros en la Torre Ejecutiva—en la que resumió cuatro líneas de trabajo que se impulsarán desde el Poder Ejecutivo, y que en algún caso requeriría de tratamiento parlamentario— y volvió a estarlo este lunes, al trasladar las prioridades de gestión a sus legisladores, a los que recibió en la residencia de Suárez y Reyes.

El encuentro fue algo más largo que lo que se pensaba —duró casi tres horas—, y en lo medular consistió en un mensaje de Orsi resumiendo los «cinco ejes» de su gobierno, que el senador Daniel Caggiani —coordinador de la bancada frenteamplista en la cámara alta— enumeraría luego en conferencia de prensa.

Esos ejes, en palabras del senador, son: la búsqueda del «crecimiento económico y desarrollo»; el trabajo en la seguridad pública, problema que se ha «agravado»; «aspectos que hacen a la cohesión social» y que involucra toda la «malla de protección social»; y la dimensión que involucra el desarrollo de la «vivienda» y la «infraestructura física y social».

En detalle, esas cinco líneas constan en un documento de unas seis páginas, al que accedió El País, y que indica a qué ministerio le corresponde ejecutar cada prioridad.

En primer lugar aparece el desarrollo, en donde se apunta a la meta de promover «la apertura económica, la innovación, el desarrollo tecnológico, la inversión pública y privada y la eficiencia en la gestión pública», al mismo tiempo que se propone garantizar «el crecimiento del salario sumergido» y favorecer una «mejor redistribución» además de atender «el endeudamiento persistente de las personas».

En la categoría de de seguridad, se establece que se implementarán «políticas efectivas que enfrenten el crimen organizado en los barrios y ciudades», mientras también se procurará blindar «las fronteras» y poner «especial atención en el lavado de activos y la corrupción».

«Con el foco en la convivencia social», agrega el documento, se promoverán «intervenciones integrales en los barrios» y una «reforma profunda en las cárceles», entre otas políticas.

En el eje titulado «Cohesión y cuidados», el gobierno de Orsi se propone una reforma del «sistema de protección social, con un foco especial en la infancia», apostando a «la permanencia de niños y niñas en el sistema educativo desde el inicio» y generando «condiciones para la culminación de los cicils en las adolescencias». También se propone mejorar «el acceso a los servicios de salud en cuanto a disminución de tiempos de espera y acceso medicamentos y prestaciones».

Como parte de las prioridades en vivienda, el documento hace referencia a una apuesta a «un conjunto renovado de acciones urbanas y de políticas de acceso que mejoran la integración social y urbana del país». «Nos proponemos implementar soluciones para atender la emergencia y generar un Plan de Primera Vivienda para facilitar el acceso al crédito hipotecario para las familias de las capas medias que hoy no califican como sujetos de crédito del BHU —sostiene el texto—. También acelerar y optimizar los procedimientos para las cooperativas de viviendas, proveer la creación de un stock de viviendas destinadas a alquileres y fortalecer los programas de afincamiento en las ruralidades del país».

Por último, en infraestructura, se plantea: «Implementaremos en todo el país infraestructura pública para el desarrollo económico, ambiental, social y cultural que mejore la integración social».

Se agrega que, e»n particular, se priorizará la infraestructura para la movilidad en el área metropolitana, la implementación efectiva del Plan Nacional de Agua y construcción de Casupá y la conectividad de rutas y caminos en el interior profundo».

«Al mismo tiempo, favoreceremos el Uruguay digital como forma de acceder a servicios y la construcción de obras estratégicas en el área de la salud y la educación», concluyen.

En desarrollo, los ministerios involucrados son Economía, Trabajo y Seguridad Social, Industria, Turismo, Ganadería y Cancillería.

Entre otras metas, se planea el crecimiento del salario real, «promover la instalación de nuevas empresas tecnológicas en el áreas de las Tics», el «fortalecimiento» de la regla fiscal y un «programa de asistencia técnica y extensión rural para productores familiares y medianos».

Interior, Presidencia y Defensa Nacional son los ministerios involucrados en seguridad pública.

Aquí se plantea la «instalación de un Sistema de Comisarías móviles y ampliación de la cantidad de personal en las comisarías apuntando a que sean un pilar de la estrategia de seguridad».

Se propone incorporar 2.000 nuevos cargos para policías durante el período «para reforzar la capacidad operativa». En línea con lo prometido en campaña el gobierno también se plantea «extender hasta 20.000 las cámaras de videovigilancia.

Asimismo, se propone crear un «Centro Coordinador Unificado de Seguridad en las Fronteras.

En este plano el único ministerio involucrado es el de Viviendam donde se promete un «incremento presupuestal sostenido, con el objetivo de duplicar los recursos para vivienda que puedan volcarse a atender los grupos de población en situación de mayor emergencia».

Como parte de las apuestas, se buscará atender con programas de vivienda a las personas que viven en la calle, además de «facilitar el acceso al crédito hipotecario para las familias de las capas medias que hoy no califican como sujetos de crédito del BHU, combinando dos instrumentos: subsidio al capital y subsidio a la cuota».

Asimismo, se planifica una «política nacional de alquileres, combinado instrumentos que faciliten el acceso de los hogares a precios acordes a su ingreso, incluyendo un sistema de alquiler social, paralelo al actual, a lo que se sumará un parque de vivienda de propiedad estatal».

En este apartado, en donde aparecen mencionados el Ministerio de Desarrollo Social, el de Educación y Cultura, Salud Pública, Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se plantea como primera medida «erradicar la extrema pobreza infantil y reducir de manera significativa la pobreza infantil en el quinquenio, con planes focalizados e inversiones sostenidas.

Acá también se propone «aumentar un 50% el monto de la Tarjeta Uruguay Social y el Bono Crianza destinados a los 100.000 hogares con mayor vulnerabilidad económica, mientas que se rediseña el sistema de transferencias».

Al mismo tiempo, entre otras cosas, se promete el «acceso a los medicamentos y a los procedimientos diagnósticos y tarapéuticos en forma oportuna y a un costo accesible» y se incluye el compromiso de un llamado al diálogo social para revisar todo el sistema de protección social.