Este lunes 7 de abril a las 18 hs en la sede de la Asociación Judicial Bonaerense de Mar del Plata (Sarmiento 2670), la Comisión Provincial por la Memoria presentará un informe especial sobre «la violencia estatal desplegada por el gobierno municipal de General Pueyrredón» contra personas en situación de calle y personas que realizan tareas de subsistencia en la calle como trapitos y cuidacoches.
En su carácter de Mecanismo local de prevención de la tortura, la CPM viene monitoreando el despliegue de políticas represivas desplegadas por el poder ejecutivo local en Mar del Plata, desde un posicionamiento estatal que describen como “violento, expulsivo y discriminatorio” y que estigmatiza a determinados sectores vulnerables vinculándolos con el delito.
Ahora presentará el informe que se desprende de esa tarea: un material elaborado a partir de testimonios de primera mano, material de prensa y presentaciones judiciales que describe «una estrategia de persecución y represión contra sectores muy vulnerables de la población», se indicó.
El organismo decidió también realizar en esa ciudad su reunión ejecutiva mensual, en la que van a estar presentes sus integrantes, «dando una clara señal contra estas violaciones de derechos humanos que se ejecutan en dicho distrito».
En un comunicaso, se indicó que el informe señala cómo este equipo de funcionarios actúa por fuera de la normativa que establece la patrulla municipal y en violación de la ley provincial de seguridad pública. “El intendente Guillermo Montenegro se arrogó la facultad de otorgar a funcionarios municipales funciones policiales como la posibilidad de privar de la libertad, realizar cacheos y secuestrar pertenencias. Incluso habilitó la adquisición y la disposición a un cuerpo especial de armas menos letales cuyo uso está vedado para el personal municipal”, indica.
En ese marco ya ilegal la CPM pudo detectar que se cometieron delitos como privaciones ilegales de la libertad, agresiones físicas, verbales y psicológicas, sustracción de pertenencias, expulsiones del ámbito de vida y subsistencia. “Eran morrudos y municipales. Nos empezaron a sacar a todos para afuera, nos empezaron a sacar todo y nos cagaron a palos y nos dijeron que nos vayamos. Fuimos a buscar otro lugar para dormir y también fueron y nos cagaron a palos, los mismos. Y así hasta ahora”, declaró una de las víctimas.
Sus testimonios y los de otros testigos -voluntarios que entregan alimentos, abrigos u otros elementos a las personas que viven en la calle, por ejemplo- dan cuenta de que este despliegue se da desde julio de 2024, y describen operativos nocturnos llevados a cabo mediante amenazas y agresiones por un grupo de entre 15 y 20 agentes municipales que se desplazan en camionetas, ocasionalmente sin patente y con los funcionarios encapuchados o cubiertos evitando identificarse. “Si te agarramos a la noche la vas a pasar mal, te vamos a hacer desaparecer”, fue la amenaza que recibió otra persona que dormía en una plaza.
“La política desplegada por el municipio y sostenida públicamente por el Intendente se asienta en discursos de odio que promueven e incitan a la hostilidad hacia determinados grupos especialmente vulnerables”, indica el informe. “El Intendente difundió, defendió y promovió el accionar de los agentes municipales, haciendo apología de los delitos y utilizando definiciones discriminatorias y estigmatizantes”, agregan.
La CPM señala que las medidas sostenidas por Montenegro “lesionan gravemente los derechos humanos y pueden implicar responsabilidad internacional para nuestro país en virtud de los tratados internacionales vigentes en Argentina”.
Frente a esta situación la CPM ya presentó, junto a la regional Mar del Plata de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), una denuncia penal contra el intendente Montenegro y funcionarios de la Secretaría de Seguridad del Municipio que tramita ante Fiscalía N°12 del Departamento Judicial marplatense. Además en febrero interpuso un habeas corpus colectivo y preventivo para que la justicia le ordene al municipio omitir operativos que sean lesivos de derechos fundamentales de las personas. El trámite aún no se ha resuelto, y existen al menos otras cuatro investigaciones penales por el accionar delictivo de este Cuerpo de patrulla municipal.
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