En medio de un escenario económico complejo y una caída del turismo interno del 15% interanual, el Gobierno Nacional decidió implementar cambios radicales en las regulaciones para guías turísticos dentro de los Parques Nacionales. Estas modificaciones, anunciadas el mes pasado por Cristian Larsen, presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), pretenden generar un nuevo esquema de apertura para la actividad turística.
La medida, alineada con la Ley Bases aprobada en 2024 -que flexibilizó normativas para agencias de viajes-, ya desató un intenso debate entre quienes defienden la liberalización del sector y quienes alertan sobre riesgos laborales, ambientales y de calidad turística.
Para referir la situación al sur, la Patagonia alberga 10 de los 39 Parques Nacionales de Argentina, con Los Glaciares como segundo más visitado del país (1,5 millones de turistas en 2024). Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en el verano 2025 viajaron 28,1 millones de turistas internos, con un gasto promedio diario de USD 50, aunque con una caída del 3,9% en visitantes respecto al año anterior. En Santa Cruz, el turismo genera el 12% del empleo local, con más de 400 guías activos en Los Glaciares, muchos de ellos bilingües o trilingües.
No obstante, el sector tiene su encrucijada con el contexto económico: el aumento del turismo emisivo (54% interanual) y la apreciación del peso redujeron el flujo de visitantes internacionales, cruciales para destinos como Bariloche o El Calafate. En este contexto, la desregulación se presenta como una apuesta para atraer más operadores y abaratar servicios, aunque sus críticos sostienen que agravará la precarización laboral y la dependencia de un turismo de bajo presupuesto.
Un repaso de la letra chica: ¿Qué implican las desregulaciones?
La reciente reforma regulatoria para guías turísticos en los Parques Nacionales, enmarcada en la Resolución 61/25 y 62/25, modifica sustancialmente el esquema establecido en el Reglamento de Guías de la Administración de Parques Nacionales (APN). La nueva normativa ahora distingue entre Guías de Turismo Especializado (con formación específica y acreditación) y Guías de Sitio (sin certificación formal, pero con conocimientos requeridos). Asimismo, se elimina la obligatoriedad de contratar guías profesionales para excursiones convencionales, limitando el requisito solo a actividades de riesgo como montañismo o rafting, lo que implica un relajamiento de los criterios de habilitación.
Uno de los cambios más significativos es la simplificación de los requisitos de acceso. Mientras el reglamento anterior exigía para los Guías de Sitio la aprobación de un examen y la asimilación de contenidos técnicos, la reforma reemplaza estos requisitos por una “lectura y asimilación” de materiales proporcionados por la APN. Además, se elimina la exigencia de dominio de idiomas adicionales, un aspecto crítico en regiones patagónicas con alta afluencia de turistas internacionales.
En cuanto a obligaciones y sanciones, el reglamento establece responsabilidades claras: los guías deben portar credenciales, cumplir protocolos de seguridad, informar sobre conservación ambiental y asegurar el respeto a los senderos. Las infracciones pueden derivar en multas (hasta 10 veces el derecho anual de habilitación), suspensiones o inhabilitaciones. Aunque, también se delega en las agencias turísticas y visitantes la responsabilidad de cumplir normas.
La reforma también impacta en la clasificación de guías. Bajo el antiguo sistema, los Guías Especializados eran clave para actividades técnicas y educación patrimonial, mientras los Guías de Sitio se limitaban a circuitos de baja dificultad. Ahora, la flexibilización permite que guías no certificados operen en más escenarios, incluso en servicios complementarios como cabalgatas o ciclismo, antes restringidos a prestadores habilitados. Esto podría incentivar la oferta de paquetes turísticos más baratos, pero sin garantías de calidad o conocimiento especializado.
Finalmente, y como ya se nombró previamente, la reforma se alinea con la Ley Bases de 2024, que promueve la liberalización del sector turístico. Al eliminar barreras de entrada, el gobierno busca dinamizar la competencia y reducir costos, argumentando que democratiza el acceso a los Parques Nacionales. No obstante, sectores críticos insisten en que esta política prioriza la rentabilidad sobre la sostenibilidad, desprotegiendo un modelo que posicionó a Argentina como referente en turismo responsable.
Los pros y los contras según autoridades
Los defensores de la medida argumentan que terminará con prácticas monopólicas y democratizará el acceso a los Parques. Sturzenegger insiste en que «un bien público como los Parques Nacionales debe tener un precio de acceso cercano a cero», mientras Larsen asegura que la reforma generará «más trabajo y mejores experiencias», al estilo de países como Estados Unidos o Canadá.
Las agencias turísticas, especialmente las pequeñas, ven una oportunidad para reducir costos operativos, ya que podrían ofrecer paquetes más económicos, con opciones como audioguías o tours autoguiados, atrayendo a un público más diverso. Además, el gobierno promete que la digitalización de trámites agilizará la entrada de nuevos actores al mercado.
Por otro lado, las protestas no se hicieron esperar. El 28 de marzo, una Marcha Federal convocada por asociaciones de guías de todo el país reunió a miles en ciudades patagónicas como El Calafate y Bariloche. Rocío Gómez, presidenta de la Asociación de Guías de Santa Cruz (AGUISAC), alertó que «más de 300 familias quedarán sin sustento solo en Los Glaciares» y criticó que la APN «prioriza el lucro sobre la conservación».
Los guías no solo son conductores de excursiones: su rol como «agentes de conservación» es clave. Virginia Gallardo, delegada de ATE en el Parque Nacional Lanín, explicó que «transmiten el valor de la biodiversidad, asisten en emergencias y reportan irregularidades como incendios». Sin su presencia, temen que aumenten daños ambientales, como la tala ilegal detectada recientemente en El Chaltén.
La desprofesionalización también preocupa. Cecilia D’Aversa, rectora del Centro de Estudios Superiores Padre Alberto de Agostini en El Calafate, señaló que «cualquiera podrá ser guía sin formación, pese a que nuestras carreras exigen tres años de estudio e idiomas». Esto, sumado a la falta de fiscalización histórica en Santa Cruz, podría degradar la experiencia turística, un sector donde Argentina destaca a nivel regional por su profesionalismo.
Además, los Parques Nacionales argentinos protegen 18 millones de hectáreas, y en la Patagonia, ecosistemas frágiles como los glaciares o los bosques subantárticos. Los guías, según la Unión de Guardabosques, son «puentes entre visitantes y comunidades locales», especialmente en áreas con poblaciones originarias como Jujuy o Neuquén. Eloy López, guardaparques en Calilegua, advirtió que sin su labor «se perderán relatos culturales y se desregularán actividades sin evaluaciones técnicas».
El gobierno insiste en que la conservación depende de guardaparques y técnicos, no de guías, pero organizaciones como ATE replican que «los Parques no son museos ni parques de diversiones: son áreas protegidas que requieren educación ambiental activa».
Una aparente dicotomía entre libertad económica y protección integral
La desregulación de guías turísticos puede reflejarse entre una pugna ideológica entre dos modelos: uno que prioriza la eficiencia de mercado y otro que defiende la regulación como garante de calidad, empleo y sostenibilidad. En la Patagonia, donde el turismo es un pilar económico y ecológico, el desafío será equilibrar accesibilidad con preservación. Mientras el gobierno celebra la «simplificación normativa», las protestas y los proyectos de repudio muestran un conflicto que perdurará hasta no ver resultados al menos dentro de tres o cuatro meses, cuando la temporada invernal esté en plena marcha.
Con la entrada en vigor de las resoluciones, se verá si la promesa de «más servicios y precios bajos» se materializa o si, como temen los guías, la Patagonia pagará el precio de una desregulación sin controles. Lo que es seguro es que, en un país donde el turismo aporta el 7% del empleo privado, este debate definirá no solo el futuro de sus áreas protegidas, sino de miles de familias que dependen de ellas.
Cristian Larsen, presidente de Parques Nacionales
“Conversamos con todo el sector para simplificar y facilitar la actividad”
El presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, explicó a La Tecla Patagonia los fundamentos de las nuevas regulaciones para guías turísticos: «Cuando iniciamos la gestión, notamos que los años de desidia e ideologización de gestiones anteriores generaron una profunda sobre reglamentación del organismo, donde se agrandó el Estado y se pusieron muchas trabas a aquellos que querían desarrollar una prestación turística».
Sobre el proceso de reforma, detalló: «Esta resolución es el resultado de un trabajo que nos llevó aproximadamente 6 meses, donde estudiamos profundamente la normativa y conversamos con todo el sector para simplificar y facilitar la actividad».
Respecto a los beneficios esperados, el funcionario aseguró que: «Más servicios van a significar más recursos para destinar al cuidado de los parques, más trabajo para el sector turístico y más visitantes que tomen conciencia sobre la importancia de protegerlos». Criticó la subutilización de áreas protegidas: «Muchas reciben anualmente menos de 100 visitantes, a pesar de ser lugares maravillosos y únicos en el mundo».
Frente a las críticas por riesgos ambientales, indicó que “nuestro organismo es y seguirá siendo garante de la conservación», y remarcó que «todas las actividades nuevas deberán garantizar que no tienen impacto en el ambiente». Sobre la seguridad, concluyó: «Las actividades deben prestar especial atención al cuidado del ambiente y a la seguridad del visitante».
Carlos Espinoza, decano de la Facultad de Turismo de la UNCO y presidente del CONDET
“Las nuevas normas van en contra de la profesionalización del turismo'»
En conversación con La Tecla Patagonia, el decano de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue y presidente del CONDET, expresó su preocupación por los cambios en las regulaciones para guías turísticos: «Venimos alertando desde el año pasado, cuando comenzó el debate con la Ley de Bases. Estas medidas, que primero afectaron a las agencias de viajes, ahora avanzan sobre los guías, poniendo en riesgo la profesionalización del sector».
Sobre los impactos de la desregulación, Espinoza fue contundente: «El Gobierno habla de incrementar prestadores, pero no menciona el cuidado del patrimonio. Las regulaciones existen para dar seguridad a los turistas, preservar nuestros recursos y ordenar la actividad, especialmente en áreas protegidas».
El académico cuestionó la lógica detrás de los cambios: «¿Qué tipo de competitividad buscamos si ampliamos la oferta reduciendo requisitos? Los profesionales formados son quienes garantizan experiencias turísticas valiosas y el cuidado del patrimonio. Esta medida es peligrosa porque el Estado parece correrse de su rol de garante».
Espinoza también destacó el efecto desmotivador en los estudiantes: «Esto genera desaliento en nuestros alumnos. El mensaje que reciben es que da lo mismo estudiar o no, cuando en realidad la formación es clave para entender la complejidad del turismo y la protección patrimonial».
Sobre el proceso de implementación, contradijo el relato oficial apuntó la falta de diálogo: «24 universidades nos pusimos a disposición para aportar propuestas, pero no hubo respuesta. Hay expertos en gestión de parques nacionales que podrían haber contribuido, pero avanzaron sin consultar».
Respecto a la simplificación de categorías, argumentó: «Reducir los requisitos es un error. En un mundo cada vez más competitivo, el conocimiento es un valor fundamental. Países serios compiten por talento y formación, mientras nosotros vamos en sentido contrario».
Finalmente, alertó sobre las consecuencias: «Esto no solo afecta a los guías, sino a todo el sector. Sin normativas claras, veremos una caída en la calidad de los servicios y un deterioro del patrimonio que es la base misma del turismo en Argentina».