En los últimos meses, varios gobiernos de orientación ultraconservadora han implementado políticas que restringen el uso de ciertos términos y expresiones en la administración pública, afectando directamente la inclusión y diversidad en el lenguaje oficial. Estas medidas han generado preocupación entre especialistas y defensores de derechos humanos, quienes advierten sobre las implicaciones para la democracia y la libertad de expresión.
Estados Unidos: Eliminación de términos relacionados con diversidad
El 20 de enero de 2025, durante su toma de posesión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró: «Solo reconoceremos dos géneros: femenino y masculino». Posteriormente, diversos organismos federales publicaron una lista de más de un centenar de palabras que dejaron de utilizarse en comunicaciones oficiales. Entre los términos prohibidos se encuentran «activismo», «antirracismo», «negro», «género», «LGTB», «latinx», «feminismo», «multicultural», «no binario», «inmigrantes» y «poblaciones vulnerables». Esta decisión ha sido interpretada como un intento de invisibilizar a comunidades históricamente marginadas.
Argentina: Prohibición del lenguaje inclusivo en la administración pública
En febrero de 2024, el presidente argentino Javier Milei prohibió el uso del lenguaje inclusivo y cualquier referencia a la perspectiva de género en los documentos de la administración pública. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, anunció que no se permitirá el uso de la letra «e», la arroba, la «x» ni la inclusión innecesaria del femenino en los documentos oficiales. Adorni argumentó que el español ya contempla a todos los sectores y que no es necesario modificarlo.
Rusia: Restricciones en el uso de términos relacionados con diversidad
En Rusia, el gobierno ha implementado medidas similares, restringiendo el uso de términos asociados a la diversidad y la inclusión en documentos oficiales y discursos públicos. Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para consolidar una narrativa nacionalista y tradicionalista, limitando la visibilidad y los derechos de comunidades minoritarias.
Implicaciones para la democracia y la libertad de expresión
Expertos en lingüística y derechos humanos advierten que estas restricciones en el lenguaje oficial pueden tener consecuencias graves para la democracia. David I. Beaver, profesor de lingüística y filosofía en la Universidad de Texas en Austin, señala que «lo primero que busca un régimen autoritario es potestad absoluta e incuestionable y, para lograrlo, limitan la disidencia y luego la criminalizan». Al prohibir ciertas palabras, se busca silenciar a grupos específicos y restringir su capacidad de expresarse y defender sus derechos.
Estas políticas reflejan una tendencia preocupante en la que gobiernos ultraconservadores utilizan el control del lenguaje como herramienta para consolidar su poder y limitar la diversidad de voces en el ámbito público. La comunidad internacional observa con inquietud estas medidas, considerando que atentan contra principios fundamentales de libertad de expresión e inclusión.
