Con la mira puesta en octubre, el Gobierno nacional evalúa avanzar con una reforma migratoria de alto voltaje simbólico y político. La iniciativa —que podría ser concretada por decreto en las próximas semanas— surge como respuesta al firme compromiso del presidente Javier Milei con la seguridad nacional, el orden jurídico y la revalorización de la ciudadanía argentina.
Según fuentes de la Casa Rosada, la reforma se canalizaría a través de una nueva reglamentación de la Ley de Migraciones N° 25.871, sin necesidad de alterar su letra legal. “Hay algunas partes de la reforma que podemos sacar sin contradecir la ley actual”, explicaron desde el Ejecutivo, reconociendo que se trata de una movida cuidadosamente calibrada para maximizar su efectividad y minimizar la resistencia parlamentaria.
La encargada de elaborar el borrador del decreto es la flamante secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, una funcionaria de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo. Entre las medidas contempladas se destacan: mayores restricciones a la entrega de residencias y ciudadanías a extranjeros, la implementación de aranceles para el acceso a servicios sanitarios y universidades por parte de no residentes, y una agilización del proceso de deportación para inmigrantes en situación irregular.
El trasfondo político no es menor: el oficialismo decidió pausar el envío de proyectos al Congreso tras la aprobación del DNU vinculado al FMI, entendiendo que no hay margen para negociar nuevas reformas estructurales en el corto plazo. El Ejecutivo, en cambio, apuesta a avanzar mediante herramientas administrativas para marcar el pulso de la agenda pública. “Pasó la turbulencia, pero todavía no retomamos la centralidad”, admiten desde el entorno presidencial, en alusión a la reciente polémica por la mención del presidente a la criptomoneda $Libra, hoy superada.
Lejos de retroceder, el equipo electoral de La Libertad Avanza redobla la apuesta con una batería de medidas que apuntan a consolidar un discurso coherente, moderno y disruptivo. Además de la reforma migratoria, el Gobierno trabaja en una nueva Ley de Seguridad Nacional y en un proyecto de “igualdad ante la ley”, destinado a derogar los cupos laborales obligatorios en los tres poderes del Estado y revisar figuras penales como la de femicidio, en pos de un principio de justicia igualitaria sin distorsiones ideológicas.
A nivel electoral, todos los ojos están puestos en la Ciudad de Buenos Aires, donde se votará el próximo 18 de mayo. En el entorno de Milei consideran que el resultado porteño será clave para medir el termómetro político de la gestión. Con ese objetivo, el vocero presidencial Manuel Adorni fue ungido como candidato a legislador porteño, en un intento de desplazar al PRO del centro del escenario. La hermana del Presidente, Karina Milei, tuvo un rol decisivo en el armado de la lista, imponiendo nombres ligados a la legisladora Pilar Ramírez y relegando a los sectores alineados con el consultor Caputo.
A pesar de las tensiones internas, en la Casa Rosada apuestan a una unidad estratégica. La semana pasada, el operador Daniel Parisini, conocido como “el Gordo Dan”, se reunió con la cúpula oficialista para garantizar una coordinación más directa de la campaña electoral. “La idea es que haya una coordinación más directa para la campaña”, señalaron fuentes cercanas al armado.
FUENTE: LA DERECHA DIARIO
