Por Nahuel Lag *
“El segundo preso político del gobernador Alfredo Cornejo y de las mineras.” Marcelo Romano, abogado de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, definió así la detención preventiva de Federico Soria, histórico integrante de la asamblea mendocina y uno de los impulsores del Área Protegida Uspallata-Polvaredas, alternativa propuesta frente al proyecto minero San Jorge, de la multinacional Solway Holding, que el gobierno provincial busca reinstalar en esa localidad del departamento de Las Heras. En una causa iniciada por un comerciante prominero e impulsada por el fiscal Juan Manuel Sánchez, Soria fue el segundo detenido de la causa junto a Mauricio Cornejo, quien pasó tres semanas en la cárcel del Polo Judicial y luego en prisión domiciliaria.
La detención de Soria ocurrió en lo que Romano calificó como una estrategia “artera y tramposa” por parte del fiscal Sánchez. Claudia Tula, jueza del Juzgado Penal Colegiado N°2, había convocado a la audiencia de control jurisdiccional a las 11. A esa hora, en las afueras del edificio del Polo Judicial, el movimiento asambleario mendocino en defensa del agua ya había convocado una concentración exigiendo el desprocesamiento de los dos asambleístas y la inmediata libertad de Cornejo. Soria era la primera vez que se presentaba ante la jueza, tras haber recibido la notificación y con la representación del defensor oficial Alfredo Guevara. “Tengo miedo porque no confió en el Poder Judicial”, había confesado en la previa de la audiencia.
La jueza Tula puso dos horas como plazo para el tratamiento de la audiencia en la que tenía que comparecer el fiscal Sánchez y los abogados técnicos de Soria y Cornejo, los letrados Guevara y Ariel Civit, respectivamente. Al cumplirse las dos horas, Tula ordenó cerrar la audiencia y ejecutar el pedido de detención contra Soria, tal como había ocurrido con Cornejo el 24 de febrero, en el que no solo lo detuvieron a él sino que se realizaron una serie de allanamientos denunciados por las asambleas mendocinas.
Soria, que sufre ataques de pánico, se descompensó en los pasillos del edificio del Poder Judicial al conocer la noticia de su detención. Desde las asambleas denunciaron que no hubo médico que pudiera atenderlo y fueron sus propios compañeros de asamblea los que lo asistieron antes de que fuera trasladado a la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos del Poder Judicial. La misma donde Cornejo había permanecido tres semanas, también con problemas de salud que pusieron en riesgo su integridad.
El modus operandi para intentar quebrar la organización en Mendoza
El trasfondo es la decisión del gobernador Alfredo Cornejo para instalar la megaminería en suelo mendocino. En Uspallata el proyecto minero San Jorge —cobre, oro, plata y molibedno— no es nuevo. Fue presentado en 2008 y rechazado en la Legislatura provincial en 2011 y por los propios vecinos de Uspallata en una histórica audiencia pública. Además de ir en contra de la Ley 7722, que prohíbe el uso de químicos contaminantes. Ley que fue defendida por las históricas movilizaciones populares de 2019, cuando intentó ser derogada.
La causa por la que fueron detenidos Soria y Cornejo fue abierta por Edgardo Vera, representante de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata. Vera es un comerciante local que prestó su local para instalar las nuevas oficinas de la multinacional Solway Holding. En enero, como relató la asambleísta Eugenia Segura a Tierra Viva, empresarios mineros, el intendente oficialista de Las Heras, Francisco Lo Presti, y una patota de la Uocra se hicieron presentes en Uspallata para inaugurar las oficinas que marcaban, junto a la presentación de un nuevo estudio de Impacto Ambiental, la decisión de insistir con el proyecto minero.
