Diario HOY | Peña no incurrió en conflicto de intereses con sus acciones

“No hay nada ilegal o que raye una cuestión ética”, dijo este martes el presidente Santiago Peña y sostuvo que “es mentira que yo me beneficié con las licitaciones que ganaron las otras empresas. El banco era el que participaba de las licitaciones y yo no tengo ninguna participación en ueno Bank. Eso es claramente demostrable con el retiro de mis acciones con el mismo monto”.

Esto lo dijo en entrevista con radio Monumental, durante la cual el mandamás respondió que su inversión hecha en Ueno Holding fue legal y no se configuró en un conflicto de interés, tal como pretende instalar de manera maliciosa y tergiversada el grupo Zuccolillo a través de su diario ABC Color. La máxima autoridad del Ejecutivo además volvió a aclarar que nunca tuvo acciones en Ueno Bank, por lo que no se vio beneficiado con las licitaciones conseguidas con el IPS.

En esa misma línea, la Contraloría General de la República concluyó que no existe conflicto de intereses, dado que la participación accionaria del mandatario no supera el límite establecido por la ley. En entrevista con ABC TV, el director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres, afirmó que ni el presidente de la República ni su hermano están incurriendo en conflicto de intereses, ya que tenían menos del 10% de las acciones de las empresas con las que se los vincula, lo cual permite la norma.

De acuerdo con Torres, la Ley Nº 7089, de Conflicto de Interés, establece que el funcionario público tiene prohibido ser proveedor, directa o indirectamente, del Estado, y además establece como requisito tener el 10% del capital total. Agregó que la ley fue modificada parcialmente por la Ley Nº 7236, con la cual se eliminó la figura del vínculo familiar como un conflicto de interés dentro de la función pública.

“El presidente no tiene igual o mayor al 10% de las empresas (posee el 1,58%), ni siquiera su hermano, que tiene solo el 0,3%, entonces no incurren en un conflicto de interés”, dejó en claro.

Tanto la Ley Nº 7089 como su modificatoria la Ley Nº 7236 refieren que se considera que un funcionario es proveedor por terceros, cuando el proveedor es una organización o sociedad comercial en la que el funcionario es el beneficiario final. Y ambas normativas establecen que deben reunirse ciertas condiciones, las cuales están expresamente establecidas en la Ley Nº 6446.

La Ley Nº 6446, en su Artículo 4º, establece que el Beneficiario Final se refiere a la o las personas físicas que, directa o indirectamente, posean una participación sustantiva o control final sobre la persona jurídica o estructura jurídica, o se beneficie de éstas, de manera que se enmarque por lo menos en una de las siguientes condiciones:

a) Tenga participación sustantiva: la tenencia de acciones o participaciones en un porcentaje igual o mayor al 10% (diez por ciento) con respecto al capital total de la persona o estructura jurídica;

b) Controle más del 25% (veinticinco por ciento) del derecho de votación en la persona o estructura jurídica;

c) Gerentes, administradores o quienes frecuentemente usen o se beneficien de los activos que son propiedad de la persona o estructura jurídica o, en cuyo nombre o beneficio se realice una transacción de la persona o estructura jurídica;

d) No estando contemplado en los incisos anteriores, tenga derecho a designar o cesar parte de los órganos de administración, dirección o supervisión; o,

e) Que posea la condición de control de esa persona o estructura jurídica en virtud de sus estatutos, reglamentos u otros instrumentos.

Zunilda Acosta denunció en sus redes sociales que su madre fue abordada por un extraño quien le dijo que era funcionario de la ANDE y que debía verificar la conexión eléctrica de su casa.

Inocentemente, la mujer de 80 años acompañó al sujeto hasta su domicilio y lo dejó ingresar para que revise la instalación eléctrica, pero las intenciones del hombre eran completamente otras.

“Ya ahí le pidió un adelanto por el trabajo y además se apoderó de su teléfono celular diciendo que tenía una falla y que iba a arreglarlo”, expresó Acosta en su cuenta de Facebook.

Según su relato, su madre cayó en el engaño del hombre, cuyo acento es argentino y posee una herida sobre el labio. El mismo circulaba en una motocicleta modelo GTR, color blanco y negro sin chapa.

La denuncia fue formulada y piden a la ciudadanía ayudar a localizar al sujeto.

El fiscal Itálico Rienzi este martes encabezó un operativo de entrega vigilada, en el marco de una denuncia contra dos efectivos policiales.

Se trata de Carlos Daniel Franco Vázquez y Fabio Caballero Zárate, ambos agentes del Grupo Lince, quienes son investigados por privación ilegítima de libertad, cohecho pasivo agravado y extorsión.

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La denuncia fue formulada por un hombre que trabaja como “macatero” y que el día de ayer fue interceptado por los uniformados cuando circulaba en la zona de Remanso.

Tras detenerlo sin razón alguna, llevaron a este sujeto a la base ubicada en el Barrio San Blas, en cercanías del Aeropuerto Silvio Pettirossi, donde lo retuvieron durante varias horas.

Finalmente, decidieron dejar a la víctima en libertad, con la condición de que en la jornada de hoy les haga entrega de la suma de G. 6 millones para “resolver el asunto”.

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Fue así como, tras tomar conocimiento del hecho, la Fiscalía lideró el procedimiento que acabó en la detención de ambos acusados, quienes citaron al denunciante en el predio de la Expo de Mariano Roque Alonso.

Fueron incautados tanto los teléfonos celulares de los efectivos denunciados como así también del jefe zonal del Grupo Lince, a fin de someterlos a un posterior peritaje en busca de evidencias.

El presidente Santiago Peña recibió esta mañana a la titular de la cartera sanitaria, María Teresa Barán y su equipo de trabajo.Tras el encuentro, en una conferencia de prensa fue presentado el nuevo Catálogo Nacional de Medicamentos, mediante el decreto número 3.668 que crea el Sistema Nacional de Trazabilidad de Medicamentos y Dispositivos Médicos.}

El catálogo, administrado por Dinavisa, será utilizado por los hospitales públicos, médicos, farmacéuticos y enfermeros, y proveedores del Estado.

“Al tener este sistema de trazabilidad nos va a permitir mejorar la calidad del gasto y optimizar los recursos para poder comprar y planificar adecuadamente los medicamentos”, destacó la doctora Barán.

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El catálogo prevé una interconexión entre el sector público con el privado y con el Instituto de Previsión Social (IPS), Hospital de Clínicas, Hospital Policial y Hospital Militar,.

“Esto se une a lo que hoy tenemos con la receta electrónica, lo que tenemos con este sistema es asegurar la trazabilidad desde que se fabrica el medicamento, desde que llega al Ministerio de Salud, se distribuye en los hospitales hasta el consumidor final, o sea, vamos a poder trazar todo el paso que tuvo el medicamento”, explicó la ministra.

Jorge Iliou, director de Dinavisa, detalló que, con este decreto, se podrá identificar de una manera unívoca, universal y única a cada dispositivo o medicamento registrado en el país.

“Con esto se combatirá el contrabando del medicamento porque cada uno va a tener una identificación única, también vamos a evitar que haya productos falsificados e ilegítimos que puedan circular dentro del sistema de salud”, afirmó.

El catálogo nacional tiene cuatro niveles: planificación sanitaria y políticas públicas, control de inventarios y gestión hospitalaria, recetas médicas y seguimiento de tratamientos, trazabilidad comercial y farmacovigilancia.

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