El Gobierno porteño apeló el fallo del juez Gallardo que ordenaba a la Policía de la Ciudad custodiar la marcha de jubilados en Congreso sin fuerzas federales

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Procuración General, presentó la apelación y pidió que se revoque el fallo del juez Roberto Gallardo que ordenaba a la Policía de la Ciudad custodiar la marcha de jubilados del miércoles frente al Congreso de la Nación, en Entre Ríos y Rivadavia (Comuna 3), y pedía que no intervinieran fuerzas federales. El Gobierno nacional había presentado una denuncia ante el Consejo de la Magistratura.

La Procuración porteña sostiene que la resolución del juez Gallardo “es nula” y”solicitó que se eleve en forma urgente a la Cámara del fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo para el tratamiento ante la inminencia de la marcha y movilización anunciada para este miércoles”, expuso un comunicado del GCBA.

El recurso presentado por el Gobierno porteño considera “improcedente” la medida precautoria dictada por “la evidente falta de constatación de requisitos legales para su procedencia, la arbitrariedad de la medida y la ostensible falta de fundamentación, el apartamiento del debido proceso legal y por afectar la división de poderes”.

“Una manifestación es un fenómeno dinámico, imaginar que detrás de un escritorio alguien va a poder escribir que la Policía da cinco pasos y otro tiene que agarrar la situación cuando hay que hacer cumplir la ley me parece forzado. Hay que ver cómo se va desarrollando la dinámica de la manifestación. Lo que seguro va a pasar es que vamos a garantizar la seguridad en la Ciudad con las fuerzas federales y con las fuerzas de la Ciudad, como siempre”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

En el Poder Ejecutivo expusieron: “La Ciudad, en ningún momento, renunció al ejercicio de sus competencias en materia de seguridad. Y considera que el fallo es improcedente por su prejuzgamiento. Además el Juez Gallardo se arroga facultades propias y excluyentes del Poder Ejecutivo, porque invade a la Administración en cuanto a la “discrecionalidad técnica” para fijar y establecer las políticas de seguridad en el marco de su autonomía, a través del Ministerio de Seguridad de la Ciudad”.

También, la apelación sostiene que el “pronunciamiento recurrido es el producto individual de la voluntad del juez, basada en su simple convicción personal” porque “no funda su decisión en premisas válidas y presupone anticipadamente una omisión de la Ciudad en la administración de la seguridad”. “Y afecta el normal desarrollo de las fuerzas de seguridad desplegadas en un ámbito de coordinación con las fuerzas Federales, y se compromete gravemente el interés público, que es el operativo de seguridad”, asegura el GCBA.

Firma el recurso el Dr. Agustín Luzzi, Director General de Dictámenes y Litigios Complejos de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich pidió que el Consejo de la Magistratura le inicie un sumario a Gallardo por supuesto mal desempeño.

Nación dijo que en un fallo anterior, ante un reclamo de la Red Federal de Derechos Humanos, el Ministerio Público Fiscal y la Cámara de Apelaciones dijeron que la Justicia porteña “carece de jurisdicción para intervenir en asuntos vinculados a fuerzas federales, competencia que recae exclusivamente en la Justicia federal”.

“A pesar de estos antecedentes, el juez Gallardo ignoró la falta de competencia y se declaró habilitado para intervenir”, expuso la cartera de Bullrich.