En los últimos días, el juez Roberto Gallardo dictó una medida cautelar para “limitar la actuación de las fuerzas federales” en la nueva movilización que tendrá lugar este miércoles, atestiguando que la Policía de la Ciudad “es la fuerza primaria responsable del orden público en todo el territorio porteño”.
Sin embargo, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, lo denunció por incurrir en “mal desempeño” y anticipó que desplegaría el protocolo antipiquetes de igual manera. Tras la advertencia, la Cámara de Apelaciones porteña desestimó el recurso de Gallardo, por lo que las diferentes fuerzas que maneja la funcionaria quedaron habilitadas a formar parte del operativo.
Qué sucedió
Lo cierto es que el recurso lo habían solicitado la Confederación General del Trabajo (CGT) de Azopardo y la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). El objetivo era que el Ministerio de Seguridad Nacional no intervenga en el despliegue policial y que la responsabilidad operativa recaiga en las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), a quienes les solicitaban “actuar con responsabilidad institucional, evitando la criminalización de la protesta y garantizando el ejercicio de los derechos sociales y constitucionales del pueblo argentino”.
Así, luego de que Gallardo hiciera lugar al pedido, Bullrich presentó una denuncia en su contra ante el Consejo de la Magistratura. “Se está extralimitando en lo que él puede decidir”, alegó la ministra. “De ninguna manera vamos a dejar de hacer nuestra tarea que es cuidar la sede del Gobierno federal en la Ciudad como capital de todos los argentinos”, remarcó. “Le decimos a Gallardo que no se entrometa y que no les de órdenes a las fuerzas federales porque no están bajo su jurisdicción”, sumó.
De inmediato, más de 30 magistradas y magistrados del Poder Judicial de la Ciudad manifestaron su “rechazo y profunda preocupación” y solicitaron que “se rechace la aludida denuncia de modo urgente”. “El accionar de la mentada autoridad ministerial se ha convertido en una práctica del Poder Ejecutivo Nacional tendiente a aleccionar y condicionar la labor de la magistratura a propósito del contenido de sus sentencias”, expusieron.
