Las dificultades para hacer efectivo el cobro de la sanciones impuestas a los infractores de las ordenanzas de civismo forman parte de la tradición del Ayuntamiento de Barcelona. Por diversas razones, muchas de las denuncias formuladas por la Guardia Urbana acaban convirtiéndose en papel mojado. Para acabar con esta anomalía, que puede llegar a poner en entredicho el principio de autoridad, el Consistorio constituyó en noviembre del 2023 una comisión técnica, presidida por la tesorera municipal y con la colaboración muy estrecha de la Fundació Carles Pi i Sunyer, que ha analizado la situación y ha realizado una serie de propuestas que los servicios jurídicos están estudiando.
Algunas de esas propuestas precisan de una respuesta de carácter meramente funcional e interno, como la revisión de las codificaciones empleadas para introducir los expedientes en el sistema de procesamiento de datos. Otras, en cambio, requerirán de un procedimiento mucho más complejo e incluso de modificaciones legales que no serán fáciles de aprobar. Es el caso, por ejemplo, de la que plantea añadir un nuevo precepto en la Carta Municipal –el equivalente al estatuto de autonomía municipal– que faculte al Ayuntamiento para embargar cuentas bancarias y otro bienes realizables fuera del ámbito municipal de Barcelona. Para ello, sería necesario requerir a otras administraciones superiores la delegación de esta competencia en el cobro de tributos. Cabe señalar que cerca del 45% de los infractores con NIF, que acumulan el 42,5% de los expedientes sancionadores, son de fuera de Barcelona.
La falta de datos sobre el denunciado o el hecho de no tener residencia en la ciudad favorece el impago
El informe definitivo de la comisión al que ha tenido acceso La Vanguardia aborda también el problema de la dificultad para tramitar sanciones a los infractores residentes en el extranjero. Muchas veces, estos dan como dirección el hotel en el que se están hospedando en su estancia en Barcelona y no su domicilio habitual. La comisión propone incorporar ese domicilio en la notificación de la denuncia, así como la posibilidad de contratar empresas especializadas que ofrecen servicios de recaudación en el extranjero.
El diagnóstico de la situación se ha elaborado a partir del estudio de siete tipos de infracciones especialmente relevantes por la frecuencia con la que se dan. Dos de ellas están contempladas en la ordenanza del medio ambiente: depositar la fracción orgánica sin separarla y no retirar el contenedor o saco de escombros. Otras tres están vinculadas con la ordenanza de la convivencia en el espacio público: hacer necesidades fisiológicas en la calle, consumir bebidas alcohólicas causando molestias al vecindario y la venta ambulante de comida y bebida sin autorización. Y las dos restantes atañen a la ley orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana: realizar grafitis y pintadas en cualquier elemento del espacio público o equipamiento y ensuciar espacios públicos, instalaciones o fachadas.
La infracción más común: el consumo de alcohol en la vía pública
Como dato que indica cuál es la infracción más común de las normas de convivencia establecidas en la ciudad, cabe destacar los 37.589 expedientes sancionadores abiertos el año pasado por consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público no autorizado, ya sea por las molestias provocadas como por el hecho de efectuar esa ingesta de alcohol con envases de vidrio o latas.
En total, se han analizado 65.943 expedientes sancionadores del 2023 y 70.274 del 2024. En este último año, el importe nominal de estas sanciones se elevó a 16,9 millones de euros. El porcentaje de expedientes cobrados fue del 47% y la recaudación efectiva, teniendo en cuenta los impagados y los descuentos que se aplican en el cobro de la multas pronto pago, rebajó los ingresos municipales por este concepto a solo 2,44 millones, apenas el 14,4% del importe liquidado.
Entre las deficiencias que la comisión propone corregir, figura la falta de datos de la persona infractora. Uno de esos datos es el del NIF, que presenta errores en un 26% de los expedientes. También es común la ausencia del código postal en muchas denuncias. El Ayuntamiento ya ha iniciado conversaciones con el Àrea Metropolitana de Barcelona y la Diputación de Barcelona para definir los servicios que permitan obtener los códigos postales de otras poblaciones.
La papeleta resiliente
Cuando hace ya casi una veintena de años comenzó a aplicarse la ordenanza del civismo en Barcelona, se popularizaron las papeletas amarillas, el soporte físico en el que los agentes de la autoridad comunicaban la denuncia al infractor. Aunque, desde hace muchos años, la mayoría se tramitan a través de la PDA, entre el 6% y el 8% de las denuncias aún se tramitan en papel. Ello genera retrasos en el proceso sancionador, una mayor dedicación de recursos y un riesgo más elevado de pérdidas y errores. De ahí la propuesta de suprimir la papeleta y utilizar exclusivamente dispositivos electrónicos. La comisión sugiere, asimismo, suprimir el cobro en metálico, una práctica residual –la comisión no pudo disponer de su frecuencia e importe–, pero que sigue existiendo. La propuesta es la de utilizar exclusivamente los canales habituales de pago de los tributos.
Otra cuestión que dificulta el cobro es la incorporación tardía de las sanciones a los sistemas de información. La demora en los plazos hace que el proceso sancionador se dilate en exceso y que, de este modo, se reduzca el pago voluntario de las multas. En este sentido, se propone establecer la carga de la información en el sistema en un plazo máximo de 24 horas desde la emisión de la denuncia.
Las anteriores son solo algunas de la veintena larga de propuestas de mejora que han surgido de un proceso de trabajo que ha durado más de un año. No se descartan medidas punitivas y con carácter disuasivo, como el incremento del importe de algunas sanciones –una opción que el gobierno municipal baraja en la revisión de la ordenanza que quiere llevar a cabo en este mandato– o el establecimiento de penalizaciones adicionales para infractores reincidentes.
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Una de las vías que quiere explorar el gobierno de Jaume Collboni es el de las medidas alternativas a las sanciones. Esta opción está pensada sobre todo para los infractores menores de edad. De hecho, el escaso número de infracciones cometidas por menores (apenas el 0,41% en el 2023 y 0,37% en el 2024) hace pensar que los datos disponibles actualmente no reflejan correctamente esta realidad. La propuesta pasa por el establecimiento de comprobaciones automáticas que permitan identificar a esos menores y ofrecerles medidas alternativas tendentes a su reeducación.
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La comisión encargada de elaborar este documento incluye reflexiones sobre el escaso importe económico de las sanciones asociadas a cierto tipo de infracciones (consumo de alcohol, deposición de la fracción orgánica sin separar, grafitis…), que no disuade a algunas personas de cometer estas infracciones, ya que les resulta más beneficioso pagar la multa que dejar de infringir la normativa. “Este hecho –se apunta en el informe– es particularmente relevante en el caso de empresas privadas grandes y en el de personas menores de edad, ya que, en este último caso, o bien pagan en grupo o, al no disponer de recursos económicos propios, suelen ser los progenitores o tutores los que las abonan, hecho que favorece la reincidencia de los menores en las conductas infractoras”.
