Diario HOY | Asunción suma otro buró de información crediticia de los contribuyentes

El intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, firmó un nuevo convenio marco de cooperación interinstitucional con la finalidad de optimizar la recaudación y reducir la morosidad existente.

Se trata de la empresa Equifax, con la que la Municipalidad de Asunción trabajará para compartir información de cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes capitalinos.

Aquellos contribuyentes que se encuentran en estado de mora o inclusive demandados, ingresarán al registro del buró.

Según informaron desde la comuna, los contribuyentes capitalinos, que cumplen con sus obligaciones en tiempo y forma, se beneficiarán con su información de cumplimiento, en el caso de que estén al día con el Municipio, que les facilitará el acceso al crédito, mejores condiciones crediticias y la construcción de un historial crediticio beneficioso.

Equifax otorgará a la Municipalidad la posibilidad de consulta de la base de datos, en forma gratuita, durante la vigencia del convenio.

El operativo tuvo como objetivo verificar y corroborar los indicios y evidencias denunciados por la comunidad indígena.

Entre los reclamos principales se encuentran: la imposibilidad de acceder a sus comunidades de origen, y que los niños no pueden asistir a la escuela debido a la invasión de sus tierras.

La intervención fue encabezada por el fiscal Emilio Álvarez Maldonado y el asistente fiscal Samuel Pistilli, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Abigeato del departamento de Amambay – Área XIV,

El procedimiento contó con la presencia de la Dra. Dora Penayo, titular de la Dirección de Derechos Étnicos del Ministerio Público, junto a representantes del INDI, del Indert y del Instituto Nacional Forestal (Infona). La intervención se realizó en el marco de la causa n.° 4549/2023, caratulada “Cristhian Marcial Urunaga Moreira sobre invasión de inmueble ajeno”.

La iniciativa fue presentada por los diputados Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), y Hugo Meza (ANR-Cordillera).

En ese contexto, la Cámara Baja consideró prioritario no quedar al margen del proceso, especialmente luego de que la Cámara de Senadores haya aprobado una resolución similar.

Según se expresa en la exposición de motivos, el objetivo de esta comisión es acompañar al gobierno nacional en las negociaciones realizadas con relación al Anexo “C”; con el seguimiento y la verificación de los avances, a fin de velar por los intereses del Paraguay.

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El proyecto fue planteado “en razón de que no hubo un acuerdo entre los miembros designados por sus pares de ambas Cámaras, tanto de Senadores así como de Diputados, en cuanto a la conformación de la mesa directiva”, refiere una parte del documento.

La comisión estará integrada por legisladores de diferentes bancadas, en pos de una mirada plural y diversa sobre un tema que podría definir el rumbo de la política energética del país para los próximos años.

Serán miembros titulares de la comisión especial, los diputados: Rocío Abed (ANR-Alto Paraná); Christian Brunaga (ANR-Itapúa); Avelino Dávalos (ANR-Caazapá); Cristina Villalba (ANR-Canindeyú); Hugo Meza (ANR-Cordillera); Mauricio Espínola (ANR-Capital); Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí); Carlos Pereira (PLRA-Itapúa); y Raúl Benítez (PEN-Central).

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Como suplentes, forman parte de la nómina, los diputados: Miguel Del Puerto (ANR-Caaguazú); Bettina Aguilera (ANR-Alto Paraná); Esteban Samaniego (ANR-Paraguarí); Luís Federico Franco (PLRA-Central); y Walter García (Yo Creo-Alto Paraná).

Los diputados representantes ante el Parlamento del Parlasur que formarán parte de la comisión especial, son: Rodrigo Gamarra (ANR-Central); Virina Villanueva (ANR-Concepción); y Pastor Vera (PLRA-San Pedro).

Desde el Congreso Nacional lideran una serie de iniciativas, incluyendo audiencias públicas y la conformación de una comisión especial, que tienen por objetivo conocer el alcance del caso conocido como “la mafia de los pagarés”.

Para tal efecto, fue habilitado un “registro de víctimas”, cuyo objetivo es poder dimensionar la cantidad estimada de personas que se vieron afectadas por esta rosca mafiosa.

Los datos divulgados durante la audiencia de esta mañana en el Senado revelan que, hasta el momento, suman más de 1.000 víctimas registradas, aunque esta cifra quedaría corta con los números reales.

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La mayoría de las víctimas son personas al servicio del Ministerio de Educación y Ciencias (en este caso, docentes) y del Ministerio de Salud (enfermeras, en gran medida), además de trabajadores del sector público y privado.

Un gran porcentaje de los encuestados confirmó haber sufrido el embargo de sus salarios por deudas ficticias contraídas luego de la “venta de sus pagarés” a empresas de cobranza.

La mayoría de las causas fueron tramitadas en juzgados de paz de la ciudad de Asunción, liderando los de La Encarnación y La Catedral, seguidos de San Roque y Recoleta (todos ellos intervenidos en su momento por la Fiscalía). A ellos se suman Mariano Roque Alonso, Villa Elisa y Benjamín Aceval, por citar algunos.

El 91% de los que respondieron el formulario confirmaron nunca haber sido notificados sobre el embargo salarial, sufriendo directamente los descuentos compulsivos sin tener información precisa al respecto.

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Esto es solo una parte del gran esquema que involucra a jueces, funcionarios judiciales, abogados y empresas privadas, quienes actuaban en contubernio para utilizar los pagarés (varios de ellos ya cancelados) para impulsar juicios ejecutivos de embargos de salario.

Aquellos que hayan sido víctimas de “la mafia de los pagarés” pueden registrar sus datos a través de este enlace.