Un camionero que transportaba más de 13 kilos de cocaína desde el conurbano bonaerense con destino a la Patagonia fue detenido en el paso fronterizo de San Sebastián, en Tierra del Fuego. El hallazgo se produjo el pasado 1° de abril durante un control vehicular de rutina realizado por efectivos de Gendarmería Nacional en el kilómetro 2.766 de la Ruta Nacional 3, donde un perro antinarcóticos marcó el sector del torpedo de la cabina del camión.
Tras una inspección minuciosa, los uniformados encontraron dos paquetes envueltos en nailon negro escondidos detrás del estéreo del vehículo. Luego, hallaron otros once envoltorios en distintos compartimentos del habitáculo. Las pruebas de narcotest confirmaron que se trataba de cocaína, con un pesaje total de 13,600 kilogramos.
El conductor fue demorado en el lugar y puesto a disposición de la Sede Fiscal Descentralizada de Río Grande. Una semana después, el viernes pasado, se realizó la audiencia de formalización de la investigación penal, donde el Juzgado de Garantías de Río Grande, a cargo de la jueza Mariel Borruto, declaró legal la detención y dispuso la prisión preventiva del imputado por un plazo de 95 días.
Durante la audiencia, la fiscal general Verónica Escribano —con funciones de coordinación en el Distrito Comodoro Rivadavia— y la auxiliar fiscal Eugenia Rasuk, imputaron al detenido como presunto autor del delito de contrabando de estupefacientes agravado en grado de tentativa. Según detallaron, el hombre intentó vulnerar los controles aduaneros ingresando la droga de forma oculta al territorio fueguino.
La defensa del camionero solicitó la excarcelación bajo la modalidad de prisión domiciliaria, pero el pedido fue rechazado por la jueza, quien dispuso su alojamiento en la Unidad de Detención N°1 de Río Grande.
Además, el camión en el que se encontraba oculta la droga continuará secuestrado, mientras que el semirremolque fue autorizado a ser devuelto. En el marco de la investigación, también se ordenó la extracción de información del celular del imputado y se solicitó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) que requiera a las empresas de telefonía los datos de titularidad, el historial de llamadas y mensajes, y la geolocalización del teléfono.
