Redacción El País
El gobierno de Yamandú Orsi anunció este viernes que se acordó «frenar la ejecución del contrato» por el proyecto Neptuno que fue firmado bajo el mandato de Luis Lacalle Pou.
Según informó el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, en una conferencia de prensa, lo que se busca ahora es tener 90 días «para poder renegociar el contrato que firmó el gobierno anterior». El anuncio se dio este viernes tras realizarse una reunión entre Sánchez, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y el presidente de la OSE, Pablo Ferreri.
Sánchez recordó que ya durante el proceso de transición entre un gobierno y otro, la administración actual manifestó su disconformidad con este proyecto y que, sin embargo, «el gobierno saliente decidió en el marco de sus potestades firmar dicho contrato y hoy es un contrato que está obligando al Estado uruguayo a ejecutarlo«.
Durante el primer Consejo de Ministros se estableció «un grupo de trabajo a los efectos de renegociar dicho contrato porque tenemos una visión crítica del proyecto y algo mucho más importante para el gobierno nacional que tiene que ver con el bien supremo por el cual el Poder Ejecutivo entiende que tiene que trabajar que es garantizar el abastecimiento de agua potable para la población del área metropolitana de aquí al año 2035″.
En las próximas horas los abogados del consorcio y los del gobierno redactarán y firmarán el «congelamiento de los plazos» para que «las obras, los tiempos y todos los plazos que estaban establecidos (en el contrato) se congelen» y no haya avances de ningún tipo durante el plazo acordado.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.
«Todos los escenarios estarán arriba de la mesa. Veremos hacia donde llegamos con la negociación», afirmó Sánchez. A juicio de la administración actual, «el proyecto Casupá es un proyecto prioritario» porque entienden que este sí garantizaría el abastecimiento del agua potable en el área metropolitana.
«Lo que queremos es renegociar el contrato, todo lo que está en el contrato puede ser cambiado. Veremos hasta donde llegamos, pero mantenemos nuestra visión crítica sobre el modelo de financiamiento y queremos encontrar una solución que implique otro modelo de financiamiento», añadió.
En línea con este tema, Sánchez fue consultado sobre la situación económica actual de Obras Sanitarias del Estado (OSE) a lo que respondió que es «delicada» y que se está trabajando. «Queremos jerarquizar el rol de la OSE en los tiempos que corren, no puede seguir siendo la Cenicienta de las empresas públicas».
Foto: Estefanía Leal/El País.
¿Qué es el proyecto Neptuno?
Representantes del gobierno de Luis Lacalle Pou firmaron a finales de enero de 2025 un contrato con el Consorcio Aguas de Montevideo para la puesta en marcha del proyecto Neptuno en Arazatí (San José), para la construcción de una planta potabilizadora que tomaría agua del Río de la Plata para abastecer al área metropolitana y alrededores.
El consorcio, que obtuvo la adjudicación en agosto de 2023, está integrado por las empresas Berkes, Saceem, Ciemsa y FAST.
Tras la firma, Presidencia emitió un comunicado en el que indicó que el contrato permitiría «iniciar las obras del proyecto Arazatí, la inversión más grande de la historia del país en infraestructura para agua potable«.
«De este manera se culmina un proceso que se inició en noviembre de 2022, cuando el gobierno anunció la realización de la obra para la construcción y operación de un sistema de potabilizacion y abastecimiento de agua potable, que permita tener una fuente alternativa ante problemas técnicos o fenómenos climáticos adversos», indicó entonces Presidencia.
El gobierno de Lacalle Pou agregó entonces que «para dimensionar la importancia y necesidad de esta obra, conviene recordar la histórica crisis hídrica que afectó al país en el 2023 y su impacto en la calidad del agua», y que el proyecto en Arazatí «garantiza un derecho básico a la población que reside en Montevideo y el área metropolitana».
«La obra es un compromiso del gobierno para hacer frente a un problema que se arrastra desde hace décadas, relacionado con la ausencia de una segunda fuente para el suministro de agua potable, para abastecer a más del 60% de la población del país», concluyó el escrito.
