La eliminación de la histórica barrera sanitaria que protege a la Patagonia se convirtió en un nuevo foco de tensión. El gobierno nacional confirmó que ratificará el ingreso de carne con hueso al sur argentino. La decisión despertó una ola de rechazos.
El apoderado de La Libertad Avanza en Río Negro y Neuquén, Damián Torres, fue el encargado de dar el anuncio. Confirmó que, una vez cumplidos los 90 días de prórroga, se eliminará la restricción. El plazo vence en pocas semanas.
La resolución 180/25 había sido suspendida de manera temporal. Muchos sectores creyeron posible una marcha atrás. Pero todo indica que la medida se sostendrá. Nación considera estratégica la decisión para reducir precios internos.
El argumento central del Ejecutivo es económico y sanitario. La posibilidad de importar carne con hueso desde Brasil habilita al Mercosur a vender a menores precios. El gobierno considera “incongruente” impedir el ingreso desde otras regiones argentinas.
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Según Torres, esa restricción encarece los costos de distribución. “Se le niega a la población el acceso a carne más económica”, explicó. Aseguró que los precios se mantendrán más bajos si se permite el ingreso con hueso.
Los gobernadores patagónicos no comparten la mirada oficial. En Río Negro, el vicegobernador Pedro Pesatti fue tajante. “La carne ya era más cara hace diez años”, recordó. Negó que el levantamiento modifique esa realidad.
Pesatti señaló que los formadores de precios seguirán imponiendo márgenes altos. “Incluso en los cortes que no están restringidos, la diferencia se mantiene”, remarcó. Descartó una baja sustancial de precios.
El temor de las provincias es doble. Por un lado, el impacto en la economía ganadera regional. Por otro, la amenaza sanitaria. La Patagonia mantiene un estatus libre de fiebre aftosa sin vacunación. Ese logro llevó décadas.
Las cámaras agropecuarias advirtieron que se pone en riesgo una política sanitaria consolidada. Sostienen que la apertura rompe un modelo exitoso. También alertan por posibles consecuencias para las exportaciones premium.
“La región consolidó su prestigio por el estatus sanitario”, afirmaron desde el sector. La trazabilidad y el control diferenciado generaron mercados únicos. El ingreso de carne con hueso podría modificar ese perfil.
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El encuentro previsto para este lunes será decisivo. Participarán representantes del Ejecutivo y autoridades provinciales. Pero todo indica que el rumbo ya fue definido. La Nación no dará marcha atrás.
Los gobiernos provinciales buscarán defender su autonomía. Plantearán los riesgos productivos y económicos. Insistirán con mantener la barrera como herramienta de protección. También pedirán una evaluación técnica independiente.
Las cámaras empresariales acompañarán el reclamo. Argumentan que el cambio favorece a grandes frigoríficos del norte. Perjudica a los pequeños productores patagónicos. Y rompe un equilibrio logrado con esfuerzo.
En Chubut, los referentes del sector agropecuario expresaron su preocupación. Hablaron de una medida inconsulta. “Se prioriza una lógica centralista y cortoplacista”, sostuvieron. Señalaron que no existió consulta previa.
La discusión también alcanzó a los municipios. Intendentes del sur patagónico se sumaron al rechazo. Alertaron por los efectos en la cadena de valor local. El impacto se sentirá en empleos, precios y mercados internos.
Nación defiende la medida como parte de su plan económico. Busca promover competencia interna. Y reducir el costo de vida. Para el gobierno, el ingreso de carne con hueso representa una herramienta de mercado.
Los funcionarios aseguran que no habrá riesgos sanitarios. Afirman que los controles seguirán vigentes. Que no se afectará el estatus regional. Pero los gobiernos del sur no comparten esa mirada.
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El conflicto entre Nación y Patagonia no es nuevo. El tema de la carne con hueso ya generó debates en otras gestiones. Siempre fue sensible. Siempre dividió aguas.
El contexto actual le da una nueva dimensión. La discusión llega en un momento de ajustes económicos. Y de redefiniciones en las relaciones federales. La Patagonia siente que vuelve a quedar relegada.
El reclamo trasciende lo económico. Incluye cuestiones identitarias, sanitarias y de autonomía. Las provincias del sur piden respeto. Rechazan imposiciones unilaterales. Exigen participación en decisiones que las afectan.
La reunión del lunes marcará un punto de inflexión. Si no hay acuerdo, podría judicializarse el tema. O derivar en medidas de fuerza. El conflicto crece y suma actores.
El gobierno nacional se mantiene firme. Busca avanzar con su plan. Pero subestima el malestar regional. La Patagonia no acepta la medida sin pelea. Y la tensión crece con cada declaración pública.
El debate ya se instaló en la sociedad. Los consumidores también se expresan. Algunos reclaman precios más bajos. Otros priorizan el resguardo sanitario. La grieta atraviesa incluso la mesa familiar.
Los frigoríficos del norte apoyan la eliminación de la barrera. Quieren ampliar su mercado. Argumentan que no hay razones técnicas para sostener la restricción. Ven en esta medida una oportunidad comercial.
Del otro lado, la producción patagónica teme retrocesos. Pide políticas diferenciadas. Pide reconocimiento. Pide respeto por una lógica regional. El conflicto pone en juego mucho más que carne.
