El escrito es contra el presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei, y demás funcionarios obligados, al considerarlos responsables legales de la omisión e inacción de llevar adelante el nombramiento del director del Inym.
domingo 13 de abril de 2025 | 9:00hs.
Imagen referencial.
Tras la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) a comienzos del mandato del presidente Javier Milei, el sector productivo se vio sumamente afectado con medidas como fue quitarle la potestad al instituto que los nucleaba; a partir de allí realizaron reclamos y tomaron medidas de fuerza para recuperar el organismo. En este contexto, la Confederación General de la Producción de la República Argentina (CGPRA) expresó su respaldo a la denuncia radicada en sede penal en el Juzgado Federal de Oberá el pasado 18 de marzo de 2025 por el Movimiento Agrario de Misiones (MAM), la Asociación de ProductoresAgropecuarios de Misiones (Apam) y productores yerbateros autoconvocados de las localidades de Oberá y Aristóbulo del Valle.
El escrito
El escrito es contra el presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei, y demás funcionarios obligados, al considerarlos responsables legales de la omisión e inacción de llevar adelante el nombramiento del director del Inym, conforme lo establecido en la Ley Nacional 25.564. En este sentido, detallan que luego del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, entre otras cuestiones, que arrebató la facultad al Inym de establecer los precios para la materia prima y también quitó la posibilidad de obtener un financiamiento propio debido al vaciamiento económico del instituto, como consecuencia lamentan que «todo ello derivó inevitablemente en sumergir en una crisis funcional, institucional, económica y social que concluyó en la presentación ante la Justicia para dirimir la cuestión».
En consecuencia, recuerdan que se presentó un amparo y la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, que dictaminó suspender la aplicación de los artículos 164 a 168 del DNU 70/2023, citando como uno de sus fundamentos que «el interés público afectado es enorme y trae consecuencias de imposible reparación ulterior»; y que, “en el marco de un contexto socioeconómico que deja al segmento más vulnerable de nuestras zonas rurales expuesto a la imposibilidad de cubrir sus necesidades más fundamentales”.
Por último, manifiesta que «el reclamo ante la inacción del Gobierno Nacional no sólo se funda en el peligro al que se exponen las instituciones al no respetarse sus derechos y facultades legales, lo cual deriva en un avasallamiento institucional sino también en la realidad clara y objetiva que los tareferos, yerbateros y productores padecen día a día».
Por ende, la Confederación ratifica la denuncia radicada, «que se lleve adelante una investigación y se determine sobre la culpabilidad ante un incumplimiento de deberes del funcionario público».
