“En Misiones, los menores que cometen delitos no llegan al 1%”

El primer capítulo de la serie Adolescencia aproxima a su audiencia a un escenario policial penal frío, tenso y formal al que debe someterse el protagonista Jamie, de apenas 13 años, cuando es acusado e investigado por un homicidio. Escenas que revelan -claro que de forma dramatizada y lejana al contexto misionero- cómo los operadores de justicia, agentes policiales y ciudadanos en general atienden y observan a los adolescentes en conflicto con la ley.

La producción audiovisual citada remite a discusiones vigentes en Argentina como lo es el proyecto nacional de bajar la edad de punibilidad. Sin embargo, el juez correccional y de Menores Dos de Posadas, César Jiménez, advierte que “tenemos que dar una respuesta socioeducativa y no de encierro frente a la presencia de una ilicitud cometida por adolescentes”.

Los datos sustentan ese argumento. “De cada diez delitos registrados, uno es cometido por un menor. En Misiones esto no llega al 1%, o sea que no podemos decir que la solución pase por bajar la edad de punibilidad”, reiteró el letrado en una entrevista con El Territorio.

Lo característico de la serie de Netflix es cómo pone en relación y en discusión las instituciones de la familia, la Justicia, la escuela y las tecnologías en la conformación de las y los adolescentes como sujetos de derecho. Y al respecto, Jiménez reconoció que “debemos estar más preocupados por la tecnología, que está siendo el único patrón aceptado por los jóvenes y que influye en su crecimiento”. Al tiempo que señaló que “lo que hace la tecnología es una construcción subjetiva, y esto es grave -alertó-, porque significa la ausencia del ámbito familiar”.

Leyes que no se cumplen

Las formas en las que interviene la Justicia local en casos de menores de edad que cometen delitos se inscriben en leyes que, reconoció Jiménez, “no dejan de ser bastante antiguas” y que datan de la última dictadura cívico militar. Al momento de trabajar para resolver estas problemáticas, “acompañamos con la interdisciplina: es un trabajo permanente con trabajadores sociales, psicólogos y psicopedagogos”, explicó.

Para ello, amplió, existen normativas dispuestas por tratados internacionales -como la Convención de los Derechos del Niño- que definen cómo intervenir en causas donde hay niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley. No obstante, reprochó, “no se aplicó nunca la convención”. Y teme que “muchos operadores de la Justicia desconocen ese tratado. Cuando hablamos de la especialidad que debe tener el tratamiento del adolescente frente al delito, esta especialidad no es vista”.

Sobre la opinión pública que apunta a que la solución está en la pena y en la persecución, el juez observó que “bajar la edad de punibilidad no es la respuesta que debemos dar, sino que debemos pensar una respuesta basada en tratados internacionales, que establecen que en los países donde hay edad mínima (de punibilidad) no pueden bajarse, sino subirse”. Porque -aclaró- “hablamos de ciudadanos con capacidades disminuidas, que tienen un discernimiento distinto y con otro tipo de empatía”.

“Siempre se cree que el menor que comete el ilícito debe ser perseguido penalmente como un adulto”, señaló, cuando lo que determina la Convención “es el tratamiento diferente a aquellos jóvenes que cometen ilícitos penales: no hay prisión preventiva, no hay excarcelación y la pena se reduce de un tercio a la mitad teniendo en cuenta el hecho de un adulto”, precisó.

Aunque esto esté estipulado, en las intervenciones policiales y judiciales no se cumple. “Está en la legislación y no se aplica, porque hay una exigencia de la sociedad y de los operadores de justicia de que el encierro es la salida”, criticó.

La eficacia de un proyecto para bajar la edad de punibilidad fue discutida por el magistrado, quien sentenció que “el encierro ha fracasado en Argentina desde hace tiempo”. En ese contexto, una alternativa posible es pensar y “dar un debate serio del régimen penal juvenil”.

En esa línea, “lo que buscamos es intentar una Justicia más conciliadora, más restaurativa y especial frente al adolescente que comete delitos”, defendió Jiménez, que además preside la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (Ajunaf).

¿En qué contexto delinquen?

Consultado por las características de la población juvenil que comete delitos, Jiménez advirtió que prevalece como disparador el consumo problemático: “Entre las causales que llevan al menor a cometer un ilícito, es grave el consumo y las adicciones: forman un continente muy importante”.

En ese universo de factores que inciden en que los y las adolescentes caigan en la delincuencia se inscriben -además- escenarios de pobreza y de violencia en los entornos más inmediatos, como lo es la familia. Sobre este punto, Jiménez lamentó que “algo muy determinante que se dio de un tiempo a hoy es la ausencia mater-paterna en el crecimiento de los niños frente al avance tecnológico, que influenció de forma determinante en un insano crecimiento”.

En relación a esto, indicó: “Estemos más preocupados por la tecnología, que está siendo el único patrón aceptado por los jóvenes y que influye en su crecimiento”. Al tiempo que advirtió que “la tecnología es una construcción subjetiva. Y esto es grave, porque significa la ausencia del ámbito familiar”. Es ahí, observó, “donde tenemos que recrearnos y volver a ser aquellos padres y madres en contacto con nuestra niñez y adolescencia”.

Pensar alternativas al encierro

En el debate cíclico sobre la baja de la punibilidad y sobre qué hacer con las y los adolescentes que delinquen, el especialista planteó que “la respuesta que tenemos que dar debe ser socioeducativa” y no reducirla en las penas y condenas.

En ese argumento, recuperó estadísticas que revelan que de cada 10 adultos que cometen delitos, “ocho han sido menores que transitaron lugares de encierro”. Para Jiménez, esto “demuestra que el encierro no es una salida exitosa. Tenemos que intentar reconstruir a ese joven y reinstalarlo a la sociedad”. Para ello “hay que subsanar ese conflicto familiar existente”.

En la tierra colorada “disminuyeron los hechos cometidos por menores”, destacó. Sobre eso, precisó que “de cada diez delitos, uno es cometido por un menor” y que en las unidades penales “en Misiones no llegan al 1%. O sea que no podemos decir que la solución pase por ahí”, reiteró.

8 de cada 10 De acuerdo a datos compartidos por Jiménez, ocho de cada diez adultos que cometen delitos pasaron por algún lugar de encierro en su infancia y/o adolescencia.