Trabajadores de salud mental de Salta manifestó su preocupación ante el posible cierre de las residencias para formar profesionales del área.
La Secretaría de Salud Mental y Adicciones de la provincia indicó que la residencia en la especialidad tiene cuatro plazas en la provincia, tres para residentes y una más para la jefatura de la residencia.
En un documento a través del cual se juntan firmas en todo el país se comunicó que el Ministerio de Salud de la Nación informó que para el ciclo del ingreso a la formación de 2025 “las provincias no podrán optar por financiamiento nacional para las RISaM/RISaMC (Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental y Salud Mental Comunitaria), y en el caso de las que son de financiamiento únicamente nacional, han decidido cerrarlas”.
“Sabemos que esta resolución es la continuidad de una serie de medidas que el Gobierno de la Nación viene imponiendo de manera arbitraria e inconstitucional que generan retrocesos en materia de derechos conquistados y destruye el Sistema de Salud Público de la Nación, generando provincialismos y fragmentando a la República Federal Argentina», sostiene el escrito que pide defender la especialidad.
Recuerda también «el intento de modificar la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 por medio del proyecto de ley ómnibus, el intento de cerrar el único hospital nacional de referencia en salud mental Hospital Nacional en Red ‘Lic. Laura Bonaparte’, el despido masivo de trabajadores de la salud y el recorte en medicamentos y prestaciones».
«En Salta (la residencia) tiene como base el Hospital Ragone. Pero a lo largo de su formación, los residentes van rotando por otros hospitales y servicios institucionales, y también en el ámbito rural”, explicó a Salta/12 el titular de Salud Mental, Martín Teruel.
Las residencias duran tres años y al concluir, quienes se formaron deben trabajar un año en algún servicio del sistema sanitario.
Teruel opinó que el cierre de las residencias se encuadra, a su entender, en el «marcado corrimiento del Estado nacional de sus responsabilidades, lo que muchas veces deja a las provincias libradas a su suerte”.
Entre las situaciones más graves en este sector en particular, recordó que a su inicio, la gestión nacional ya había intentado introducir en la llamada “Ley Ómnibus”, modificaciones a la ley de salud mental “sobre lo cual no tengo ninguna duda que van a volver”, afirmó.
Sumó el cierre del Hospital Bonaparte y, aunque se dio marcha atrás por la fuerte defensa y la repercusión mediática, “esa medida sigue en la agenda de Nación”.
Hizo otra mención a la resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en la cual aparecieron categorías como “imbécil” o “idiota” para referirse a personas con coeficiente intelectual bajo.
Además, ni el año pasado ni en lo que va de 2025 se convocó al Consejo Federal de Salud Mental, “que es el ámbito lógico para analizar y discutir lo que sea necesario”.
“Para la administración nacional, en materia de salud mental, la interdisciplina no sirve”, señaló el funcionario. Añadió que más allá de la lógica del ajuste, en el gobierno nacional “se puede ver muy marcada la intención de fragmentar, atomizar, dividir”.
En ese marco recordó que se han producido el año pasado despidos y no renovaciones de contratos para personal de la salud, además de la reducción de la cobertura de medicamentos.
“Estar en defensa de las residencias interdisciplinarias nos parece una cuestión indispensable para la formación de los profesionales de salud mental lo cual, en definitiva, es defender la calidad de la atención que luego se va a brindar a las personas atendidas. Por otra parte estoy convencido que hay que poner un límite a esta metodología de tomar decisiones arbitrarias”, afirmó Teruel.
