El escándalo de las coimas que pagó el consorcio Odebrecht en diferentes países de la región se reflotó cuando se conoció la condena a 15 años de prisión del expresidente de Perú Ollanta Humala por haber recibido fondos ilegales para financiar su campaña electoral.
Ollanta Humala, condenado por corrupto.
En Córdoba, la Justicia archivó una presentación que hicieron, en su momento, los entonces legisladores Aurelio García Elorrio, Juan Pablo Quinteros y Liliana Montero. Los dos últimos actualmente son ministros de la gestión de Martín Llaryora.
Aquella denuncia aludía a la participación de Odebrecht en la obra de los gasoductos troncales en la provincia de Córdoba.
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Las coimas del consorcio brasileño fueron admitidas por el financista Alberto Youssef, que hizo cuatro menciones a esas transacciones ilegales y habló de 36 millones de dólares en sobornos en el caso de Córdoba.
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Los denunciantes sostuvieron que la coima se había pagado con un edificio de lujo en Puerto Madero en la ciudad de Buenos Aires, que está a nombre de exfuncionarios y allegados directos de importantes funcionarios provinciales.
Otros tiempos: Quinteros y Montero, denunciando junto a García Elorrio.
La presentación fue archivada por el Fuero Anticorrupción provincial, rechazada por el Tribunal Superior de Justicia y actualmente hay una apelación ante la Corte Suprema realizada por García Elorrio para reabrir el caso.
García Elorrio denunció también que hubo pedidos de coimas de miembros del Tribunal Superior al Gobierno provincial para no reabrir el caso.
