“Reformar Adeom”, “multas calculadas en función de los días de trabajo” y “garantizar que el carnaval vuelva a ser una herramienta de convivencia y respeto”. Estas son tres de las propuestas que incluyó el candidato de Cabildo Abierto por la Coalición Republicana, Roque García, a la Intendencia de Montevideo. A menos de un mes de las elecciones departamentales, ya todos los postulantes entregaron sus programas y listas.
Uno de los puntos que incluye García en su programa es el que denomina “problema del ‘tagging’ o grafitis ilegales”, para el que propone como una de las soluciones la restricción de la “venta de aerosoles a menores de 18 años, exigiendo cédula de identidad para su compra por parte de mayores de edad, asegurando un control adecuado”. En esa línea, también dice que se lanzará una “campaña de educación y sensibilización para que la ciudadanía entienda claramente la diferencia entre arte urbano y vandalismo”.
Otra curiosidad del programa es que tiene medidas para la población canina en el departamento. Una de las propuestas que se implementaría es el apoyo y trabajo en conjunto con los refugios de perros. Al mismo tiempo, se asegura que “algunas razas de perros, consideradas peligrosas, estarán prohibidas o requerirán un permiso especial, el cual será otorgado tras comprobar el adecuado entrenamiento y socialización del animal”.
Por otra parte, vinculado a la gestión, se comprometen a “simplificar los trámites administrativos en la medida de lo posible”. También hay un apartado destinado a Adeom, de la que dice que tiene una “dirigencia sindical” que “muestra un alto grado de radicalización, con sus principales figuras provenientes de sectores marginales de la izquierda, como el Partido de los Trabajadores, mientras que el resto de la dirigencia tiene su origen en el Partido Comunista”.
Entonces (y bajo el argumento de que es “deber del Estado garantizar que los sindicatos cuenten con la más amplia representación posible de todos los trabajadores”), asegura que van a “revisar los mecanismos formales e informales que permiten esta apropiación de la representación sindical”.
Y se enfatiza: “Para transformar Montevideo, es fundamental reformar Adeom”.
A su vez, el programa incluye cómo deberían ser las huelgas o paros vinculados a la intendencia. Por un lado, asegura que los días no trabajados no serán remunerados, y que las huelgas “solo serán legales si están motivadas por temas laborales, como salarios, condiciones de trabajo u horarios”. Estas, además, si se dan en “sectores públicos o esenciales —como transporte, educación y salud—, será obligatorio notificar la intención” con al menos cinco días de anticipación.
Una iniciativa que califican de “innovadora” es la “incorporación de oficiales de las Fuerzas Armadas en comisión durante un periodo de dos años para desempeñar funciones en el servicio público” en la Intendencia de Montevideo. Y argumenta con una serie de “beneficios” para los oficiales —podrán “desarrollar habilidades de liderazgo, administración y gestión en un entorno civil, enriqueciendo su formación profesional y fomentando una perspectiva interdisciplinaria”— y para la Intendencia —“permite acceder a profesionales altamente capacitados y disciplinados, particularmente en áreas como logística y prospectiva estratégica, sin costo alguno durante el periodo de comisión, para abordar necesidades específicas”.
En otro capítulo, García se centra en el tránsito y las multas por infracciones. Se asegura en el documento que hoy los valores de las sanciones económicas se fijan “tomando como referencia a la clase media, lo que genera —a su entender— dos grandes problemas”. Por un lado, los “sectores más pobres quedan fuera del sistema formal, evadiendo matriculaciones y controles para evitar costos que no pueden afrontar”; por el otro, las “multas no tienen impacto real sobre los sectores de mayores ingresos, que no perciben estas sanciones como un verdadero castigo”.
Por eso, proponen un “sistema de multas calculadas en función de los días de trabajo del infractor, asegurando proporcionalidad y equidad en la sanción”. Y continúa: “Si elige pagar, el monto será calculado de acuerdo con su declaración de impuestos, según la franja en la que se encuentre. De esta manera, se evita que las multas fijas resulten injustas para las personas con menos recursos, o insignificantes para aquellos con mayores ingresos”.
También señala que hay que “reorganizar el cuerpo de inspectores de la intendencia”, lo que entiende “fundamental para mejorar la eficacia y la imagen de la administración municipal”. Para el cabildante, es “esencial que los inspectores estén bien uniformados, proyectando autoridad y profesionalismo, y que sigan un código de conducta ejemplar que inspire confianza en la ciudadanía”.
Otra de las propuestas es la “creación de becas en urbanismo y arquitectura para estudiar en universidades de renombre en Europa, con un enfoque en el rescate de valores estéticos tradicionales y la integración de tendencias contemporáneas”. En contrapartida, los becarios tendrán “contratos de trabajo” en la intendencia, “asegurando que apliquen sus aprendizajes en proyectos que transformen el paisaje urbano” de la capital.
Para el Club de Golf, para el que hay un contrato hasta 2035, se propone que en la extensión de la concesión se demande la “construcción de un parking subterráneo que atienda la creciente demanda de estacionamiento en la zona”. Lo mismo le propone a la Asociación Rural, para que construya un parking subterráneo en la zona del Prado, y a la Asociación Uruguaya de Fútbol, para implemente lo mismo en el Parque de los Aliados.
“Respeto al que piensa distinto”, así se llama el apartado que le dedica García al carnaval. Al mismo tiempo que dice que es un “evento de gran importancia cultural y económica”, asegura que “ha evolucionado hacia una plataforma de burla y diversión, donde la mayoría ataca a minorías, lo que está generando una polarización social en lugar de promover cohesión”.
Por ello, propone que, “para revertir esta tendencia y garantizar que el carnaval vuelva a ser una herramienta de convivencia y respeto”, se implemente un “código de conducta que regule los contenidos de los espectáculos”. Ese documento —dice García— “será firmado por todos los conjuntos” y tendrá “multas en caso de incumplimiento”. Y reafirma: “Ningún individuo debe ser acosado por sus ideas o creencias durante un evento público”.
