En la actualidad, el 21% de la población de Barcelona tiene más de 65 años. En el 2040 se estima que una de cada cuatro personas residentes en esta ciudad superarán esta edad. Este cambio demográfico, que podría ser mucho más acelerado de no existir la aportación de savia nueva de la inmigración, obligará a los poderes públicos a tomar cartas en el asunto y a potenciar las políticas de cuidados, dedicadas sobre todo, pero no de manera exclusiva a las personas mayores. En este contexto, el Ayuntamiento de Barcelona da un paso importante con el anuncio de una medida de gobierno dotada con un presupuesto de 140,5 millones de euros para la puesta en marcha de nuevas actuaciones y para la ampliación de las que ya se llevan a cabo.
La medida de gobierno parte de la necesidad creciente de los cuidados en todos los momentos de la vida y en una perspectiva de envejecimiento de la población. Define una hoja de ruta para garantizar por parte de las administraciones públicas el derecho universal a recibir y proporcionar cuidados en condiciones dignas.
Barcelona hacia el derecho al cuidado (2025-2030) es el resultado de un proceso en el que, además del Ayuntamiento, han intervenido entidades sociales, profesionales del sector y personas cuidadoras y cuidadas.
Se calcula que en Barcelona hay unas 339.000 personas que realizan trabajos de cuidados no remunerados. Este es un fenómeno altamente feminizado ya que seis de cada diez personas cuidadoras son mujeres.
La medida de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona propone “avanzar hacia un sistema de cuidados de ciudad que sea integral, corresponsable, innovador, feminista y sostenible” y que responda a las necesidades de las personas en todo el ciclo vital. Asimismo, se plantea como la oportunidad para transformar el trabajo de los cuidados en un sector estratégico para el desarrollo económico, social y tecnológico generador de ocupación de calidad.
En la capital catalana, seis de cada diez personas cuidadoras son mujeres
La concejal de Salud, Personas con Discapacidad y Estrategia contra la Soledad, Marta Villanueva, ha señalado la voluntad de Barcelona de ser una ciudad de primerísima línea en este ámbito. “Quremos convertirnos en una ciudad donde los cuidados constituyan un derecho universal para toda la ciudadanía”. En la misma línea, la concejal de Promoción Económica, Feminismos, Igualdad y Memoria Democrática, Raquel Gil, destaca que la medida de gobierno “es una oportunidad para poner en el centro a las personas, para poner el énfasis en la necesidad de corresponsabilidad de los cuidados y para visibilizar la importancia de significar los cuidados”.
La medida de gobierno prevé más de un centenar de acciones concretas ubicadas en cuatro ejes: el fortalecimiento de los servicios públicos; el impulso a la economía de los cuidados; el reconocimiento y apoyo a las personas cuidadoras y el fomento de la corresponsabilidad, y la construcción de alianzas feministas .
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SERVIMEDIA
Bajando al terreno concreto, el Ayuntamiento de Barcelona a se compromete a desarrollar en los próximos cinco años la mejora del Sistema de Atención Domiciliaria (SAD), dotado con un presupuesto de 53,5 millones de euros. La nueva licitación del servicio incluye mejoras cualitativas como nuevos perfiles profesionales para la intervención en casos complejos y el trabajo comunitario.
El Plan de Mejora de la Dependencia unificará el modelo de atención en la ciudad y creará un equipo especializado de profesionales que tratarán de disminuir el tiempo de espera. Asimismo, se dedicarán 27,5 millones de euros a nuevas promociones de viviendas con servicios para personas mayores y se movilizarán 27,2 millones para la construcción de cuatro nuevas guarderías y la ampliación de una ya existente.
La concejal Raquel Gil, durante la presentación de la medida de gobierno
Ayuntamiento de Barcelona
Por otra parte, se integrará la visión de los cuidados como sector económico estratégico con una dotación de 12 millones de euros y con la perspectiva de profesionalizar el sector. Se pondrá en marcha un nuevo polo de actividad económica para la innovación en este campo con un equipamiento ubicado en la calle Almogàvers que incluirá un centro de formación en cuidados que espera llegar a unos 9.000 alumnos.
En otro ámbito de actuación se desplegará un nuevo servicio de Bienestar y Cuidados Comunitarios en los casales de barrio, con un presupuesto de 2,4 millones de euros; se ampliará la oferta de servicios y ventajas de la Tarjeta Cuidadora y se reforzará una implicación más activa de los hombres en los cuidados, tanto en el entorno familiar como en el ámbito comunitario.
Un modelo “insostenible”
En la actualidad una de cada cinco personas mayores de 65 años y residentes en Barcelona viven solas y en su mayoría (57%) son mujeres. En el otro extremo, en el 22% de los hogares barceloneses viven niños o adolescentes. El 13,4% de estos hogares son monoparentales, y también en este caso están encabezados mayoritariamente por muejres. Además, más de la mitad de los pequeños entre los 0 y los 2 años no están escolarizados. Todos estos datos, el envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y la reducción de las redes familiares tradicionales hacen que el actual modelo de cuidados sea “insostenible”. “La necesidad decreciente de cuidados, tanto en la crianza como en la edad adulta, exige un respuesta integral que garantice la equidad, la universalidad, la sostenibilidad y la innovación en todos los ámbitos de los cuidados”, señala el documento.
El último eje de esta medida de gobierno es la promoción de una veintena de acciones con perspectiva feminista. El documento del gobierno municipal señala que “los cuidados son un pilar indispensable para el funcionamiento de la sociedad y hay que darles la relevancia que merecen, a menudo invisibilizada o devaluada”. Por ello, se recogerá como “derecho humano emergente” vinculado directamente al respeto al derecho a la dignidad en la nueva Carta de Derechos Humanos de Barcelona. Asimismo, esta iniciativa municipal contempla la articulación de mecanismos de detección y denuncia de discriminación, violencia machista y vulneración de los derechos que afecten al colectivo de trabajadoras del hogar y de los cuidados.
