Incendios forestales en Argentina: Promesas rotas agravan la problemática en la Patagonia

Por Javier Lewkowicz y Nadia Luna

Cada verano, en varias provincias se desata un drama socioambiental a raíz de los incendios forestales. Las causas son muchas, inclusive climáticas, pero este reportaje destaca las prevenibles: compromisos y leyes, que datan de hace más de dos décadas, y que aún el Estado no logra cumplir.

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“Esto era una tragedia en potencia, solo faltaba que alguien encendiera la mecha. Hemos sido profetas de esta catástrofe porque venimos advirtiendo que los recursos humanos y la infraestructura asociada a la prevención de incendios forestales es prácticamente inexistente”, dice Manuel De Lucía, poblador del Paraje Mallín Ahogado, en el municipio de El Bolsón de la Provincia de Río Negro.

El jueves 30 de enero, Manuel tuvo relativa suerte: se quemó el 90% de las instalaciones de su pequeña producción rural, pero logró salvar a los animales. Sus vecinos, en cambio, perdieron todo en los incendios que se produjeron en la zona.

La Patagonia argentina vivió este verano una profunda crisis socioambiental a causa de los mayores incendios forestales en tres décadas. El saldo asciende a 55.962 hectáreas de bosques y plantaciones quemadas, según estimaciones de Greenpeace. Sólo en El Bolsón, los incendios afectaron a 144 viviendas, produjeron daños parciales en otro tanto y causaron el fallecimiento de un hombre mayor.

Entrevistas realizadas a autoridades, bomberos, brigadistas, expertos y pobladores dan cuenta de un déficit en la política de prevención de incendios. Estas problemáticas, contempladas en leyes nacionales y provinciales y compromisos climáticos asumidos por los distintos niveles de gobierno, no se atienden o se ejecutan parcialmente. Por ejemplo, la falta de mantenimiento al tendido eléctrico, y las áreas que lo rodean, ocasiona buena parte de los fuegos en la región, como sucedió durante “el incendio de interfase más complejo de la historia de la Patagonia” que causó la muerte de tres personas en 2021. Las autoridades reconocen el problema, pero no se avanza en una solución.

A unos 1700 kilómetros de allí, en el delta del río Paraná, el paisaje es similar. No debería serlo: mientras la zona de El Bolsón se caracteriza por bosques laberínticos, lagos de color turquesa y altas cumbres nevadas; el delta es una superficie plana, donde los protagonistas indiscutibles son los humedales que bordean el Paraná, el segundo río más largo de Sudamérica. Sin embargo, allí la problemática de los incendios forestales también es recurrente y, tras el paso del fuego, en ambas regiones se ve lo mismo. Donde había vegetación, hay cenizas; donde había aves, hay silencio; donde había vida, hay animales calcinados y árboles hechos carbón.

En la Isla de los Mástiles, ubicada en Santa Fe, una de las tres provincias que comparten la región del delta, el último incendio comenzó el 2 de enero y duró cuatro días. Consumió unas 400 hectáreas, casi la mitad de la isla, que ya había sufrido el embate del fuego en el 2020. A Érica Maya y su familia, el fuego les llegó a pocas cuadras. “Por suerte dio vuelta el viento y se lo llevó para otro lado”, cuenta, mientras señala hacia el fondo de una casa con techos de chapa y paredes de madera. Dice que quienes se pusieron al hombro la tarea de apagar el fuego fueron ellos mismos. “Los únicos que estuvieron fueron los de acá de la casa y un par de amigos. Nadie más. Fue desesperante, no hubo una noche de descanso hasta que se apagó”.

En el delta, también hay una historia de compromisos incumplidos que atravesó a diversos gobiernos y hoy agrava la problemática de los incendios forestales. El más importante lleva 17 años de atraso y corresponde al acuerdo interjurisdiccional PIECAS (Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná). Se firmó en 2008 entre autoridades del gobierno Nacional y de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, luego de que ese año una serie de incendios consumiera 170.000 hectáreas de la región. El PIECAS busca realizar un ordenamiento ambiental del territorio, una de las medidas que muchos expertos consideran clave en la prevención y control de incendios, ya que permitiría definir, a través de un proceso participativo, los usos del suelo buscando equilibrar entre un nivel de vida adecuado para la población y la conservación del ambiente. Hasta el momento, aunque el compromiso se reflotó en 2020 cuando hubo incendios que quemaron casi 487 mil hectáreas (el 21% del delta), el ordenamiento no avanzó más allá del papel. Graciela Klekailo, doctora en Ciencias Agrarias y directora del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) cuenta que “desde que comenzaron los incendios en el delta del Paraná en 2020 desde las organizaciones sociales, las universidades e incluso muchos municipios, se pidió por la reactivación del PIECAS sin éxito”.

Como explican expertos argentinos, en un informe de Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): “El cambio climático de origen antrópico está alterando los ciclos de fuego, los cuales se tornan en sucesos naturales más frecuentes, prolongados y agravados, lo que resulta en severas consecuencias negativas sobre el ambiente y las comunidades”. De modo que la distancia que se registra entre las promesas de políticas públicas y la realidad, tenderá a ampliarse si no se toman medidas correctivas.

Pero el cambio climático no solo es causa sino también consecuencia, ya que los incendios, a su vez, aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero, incrementando la temperatura del planeta y la sucesión de eventos climáticos extremos. “Los gases liberados en estos eventos influyen en el calentamiento global y desencadenan, en forma gradual, un cambio climático a nivel planetario; por ello es importante implementar estrategias integrales de prevención”, indican los autores del informe.

En este contexto, los humedales y los bosques tienen un rol clave en la lucha contra el cambio climático, por ejemplo, al ser sumideros de dióxido de carbono. “Esa contribución de la naturaleza de regular el clima, de prevenir inundaciones y otros eventos extremos, y de almacenar carbono, la puede realizar cuando el ecosistema está sano y tiene toda su estructura. Si alteramos eso, estamos alterando la capacidad de proveer esas contribuciones”, explica Klekailo.

De hecho, el primer Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático de la Argentina, aprobado con fuerza de ley 2019, define que la prevención de incendios forestales permitiría reducir hasta 2030 un total de 1,19 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalentes.

Pero los compromisos y leyes vinculados con la problemática de incendios forestales empezaron mucho antes. En 1993, Argentina se adhiere a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Después de esta fecha se contabilizan al menos nueve leyes nacionales, seis provinciales, un acuerdo interjurisdiccional, un Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (con dos versiones, 2019 y 2022) y planes provinciales de acción climática y manejo del fuego.

“Tenemos muchas herramientas legales pero históricamente, en el país entero, tenemos el problema de hacer cumplir las leyes”, señala Klekailo. Para poner un ejemplo, la investigadora, que trabaja en la conservación de humedales y estudia los efectos del fuego en la vegetación de la Isla de los Mástiles relata que, en 2013, la provincia de Santa Fe sancionó la Ley 13.372, donde se aprueba realizar un Mapa de Ordenamiento de los Bosques Nativos. Sin embargo, “la autoridad de aplicación tenía cinco personas para hacer cumplir la ley en toda la provincia. Era imposible. Ahí hay una decisión de gestión”, apunta la investigadora.

Al panorama de retrasos históricos, se suma la crítica situación que atraviesa la política ambiental argentina desde que, en diciembre de 2023, Javier Milei asumió la presidencia del país. Durante su campaña presidencial, el por entonces candidato decía que para él “el calentamiento global es otra mentira del socialismo”.

Coherente con aquella afirmación, apenas asumió, degradó al Ministerio de Ambiente al rango de Subsecretaría. Luego, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) fue traspasado al Ministerio de Seguridad. Para completar el panorama, la subsecretaria de Ambiente Ana Lamas, máxima autoridad en la materia, renunció a su cargo el pasado 13 de febrero, en medio de la crisis por los incendios en la Patagonia.

Además, la ejecución presupuestaria de partidas asociadas al manejo y prevención de incendios forestales muestra, descontado el efecto de la inflación, una caída de 73 y 72 por ciento para 2023 y 2024, respectivamente. De todas maneras, cabe aclarar que se trata de datos parciales, puesto que desde 2021 existe otra porción de los fondos destinados al Servicio Nacional de Manejo del Fuego que provienen de un fideicomiso conformado por la recaudación de una alícuota del tres por mil, proveniente de las pólizas de seguro -excepto las del ramo vida-, como figura en el Artículo 30 de la Ley 27.591 (2020).

Respecto de la situación presupuestaria de 2024, Hernán Ñanco, integrante del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, resaltó que “no avanzaron licitaciones que son necesarias, por ejemplo, sobre indumentaria ignífuga y herramientas. Los chicos emparchan pantalones viejos para ir al fuego”.

Sergio Federovisky, quien fue viceministro de Ambiente durante la presidencia de Alberto Fernández (2019-2023), denuncia que el dinero proveniente del fideicomiso se sigue recaudando pero no se utiliza para el manejo del fuego: “Es mentira que no hay plata. La plata está y se recauda. Lo que hay es una malversación de fondos, porque debería ir a un destino específico y se lo deriva a otro destino. Hay una decisión política ilegal”.

A diferencia de la ejecución presupuestaria, la información asociada a la recaudación y utilización de dicho fideicomiso no es pública. Para corroborar el destino de esos fondos, el equipo realizó pedidos de información pública al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que es el organismo que funciona como fiduciario, y a la actual Subsecretaría de Ambiente, que es la dependencia que utiliza los fondos. El BICE proporcionó los datos de recaudación del fideicomiso, pero Ambiente no informó sobre su utilización. Por ello, resultó imposible conocer el monto total gastado cada año, a partir de 2021, en cuestiones asociadas a incendios.

También se efectuaron consultas a Jorge Heider, director del Servicio Nacional del Fuego y a las autoridades de la Subsecretaría de Ambiente, pero a la fecha de publicación de este reportaje dichas solicitudes no fueron contestadas.

El evidente recorte de fondos se suma a un problema que ya lleva décadas de compromisos incumplidos y que, hasta el momento, ningún gobierno ha logrado solucionar. Mientras, Érica, Manuel y otros miles de habitantes del delta del Paraná y la Patagonia Andina, siguen a la espera de que sus reclamos sean atendidos y sus territorios dejen de arder.