El plan de ajuste del Gobierno nacional tiene como una de sus metas más controvertidas el recorte de cerca de 400 mil pensiones no contributivas por invalidez, con la intención de alcanzar un ahorro fiscal de 900 mil millones de pesos hacia finales de 2025. Esta cifra duplica la proyección inicial presentada en el presupuesto y equivale a un tercio del total de beneficiarios actuales. La medida ha sido acompañada por una auditoría impulsada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyo responsable es Diego Spagnuolo, funcionario que generó una fuerte polémica por la redacción de una resolución oficial con términos ofensivos hacia personas con discapacidad.
El recorte se basa en supuestas irregularidades detectadas en la asignación de beneficios durante la administración anterior. Sin embargo, hasta ahora, el número de casos concretos evidenciados por la auditoría no justifica el volumen de bajas previsto. Además, gran parte de los beneficiarios en proceso de revisión —cerca del 50%— jamás fueron notificados formalmente sobre la necesidad de presentarse a controles médicos o entregar documentación. Según el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, 222.607 cartas documento enviadas por la empresa Andreani no llegaron a destino, dejando a miles de personas en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad.
El proceso de auditoría contempla evaluar a más de 1,2 millones de beneficiarios de pensiones no contributivas. En abril, la ANDIS tenía en proceso de envío otras 231 mil notificaciones, con un ritmo de aproximadamente 300 mil por mes. Sin embargo, organizaciones civiles como ALAPA —dedicada al acompañamiento de personas con enfermedades poco frecuentes— han advertido que la auditoría no solo es desordenada y caótica, sino también humillante. La ONG presentó una medida cautelar para detener el operativo y advirtió que el procedimiento carece de protocolos adaptados a las particularidades de las personas con discapacidad.
El Gobierno también endureció los criterios de acceso al beneficio con nuevas normativas. El decreto 843/2024 reinstaló un modelo médico más restrictivo para evaluar discapacidades, y la resolución 187/2025 —aún sin modificaciones pese a las disculpas públicas de Spagnuolo— elevó el porcentaje de discapacidad física necesario para acceder a un Certificado Único de Discapacidad (CUD), dificultando aún más la obtención de una pensión.
Mientras tanto, desde la oposición, voces como la del diputado Daniel Arroyo —presidente de la Comisión de Discapacidad en la Cámara baja— señalan que el Ejecutivo dio una pauta de ajuste a la ANDIS que no se puede cumplir sin afectar injustamente a miles de personas. Arroyo impulsa un proyecto de ley para declarar la emergencia en el área de discapacidad, que contempla la reasignación de partidas para garantizar la continuidad de los servicios de salud, educación, transporte y rehabilitación. El miércoles próximo se espera una marcha frente al Congreso para exigir su aprobación.
