Mientras algunas jurisdicciones argentinas logran avances importantes en transparencia y acceso a la información pública, Córdoba muestra luces y sombras. El informe anual 2023-2024 de la plataforma Ethix, especializada en monitorear procesos de licitación, expone que, aunque la provincia cuenta con normativa vigente y plataformas digitales activas, todavía enfrenta desafíos para garantizar procesos 100 % abiertos y auditables en tiempo real.
Ethix analizó la situación de todas las jurisdicciones del país y reveló que San Juan, Tucumán y Formosa siguen sin siquiera contar con leyes que aseguren el acceso a la información pública, un derecho básico de los ciudadanos.
En el otro extremo, Buenos Aires (Caba) y Mendoza encabezan el ranking con sistemas de licitación digitales, abiertos y auditados, que permiten un control ciudadano efectivo.
En Córdoba, la situación es intermedia: la provincia tiene mecanismos de digitalización en funcionamiento, pero según el informe, “en más de la mitad de las provincias argentinas los procesos licitatorios siguen siendo manuales, lo que dificulta la auditoría y la participación ciudadana”, una observación que también alcanza a varios municipios y entes provinciales cordobeses.
Según el informe, Córdoba se ubica en la posición 10°, con un nivel de transparencia “medio” y con “bajo” nivel de acceso a la información.
El estudio afirma que la provincia gobernada por Martín Llaryora tiene problemas con la digitalización (es baja, sin plataformas consolidadas) y presenta “alta opacidad en los procesos”.
Mejor que Córdoba, aunque también en el nivel medio, están San Juan, Neuquén, Santa Fe, Chubut, Tierra del Fuego y la provincia de Buenos Aires.
Acceso a la información
El informe de Ethix se conoce semanas después de la polémica que protagonizó la Legislatura de Córdoba en relación con sus contratados y el resto del plantel que trabaja en el Poder Legislativo.
La Voz del Interior presentó, el pasado 12 de febrero, por Mesa de Entradas de la Legislatura de Córdoba, un pedido de acceso a la información pública en los términos de la Ley Provincial 8.803, de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado, vigente desde octubre de 1999.
Ese pedido de información contenía cuatro requisitorias dirigidas a la vicegobernadora Myrian Prunotto. Entre otros datos, se le pidió a la Legislatura la cantidad de personal al 31 de diciembre de cada año, desde 2000 hasta el presente.
La Legislatura se negó a responder esa solicitud. Vencidos los plazos y luego de que La Voz acudiera a la Justicia, la Provincia respondió, pero lo hizo negativamente en la mayor parte de los puntos requeridos. Solo brindó los totales de personal de planta y contratados –389 de planta permanente y 1.043 contratados, divididos en 159 asistentes funcionales y 884 asistentes legislativos–, pero adujo no contar con la evolución histórica solicitada.
Luego, amplió la información con el detalle de la tarea de 128 de los 884 asistentes legislativos (contratados). Aún no hay información sobre el resto.
La tecnología, una herramienta
El CEO de Ethix, Iván Gauna, sostuvo que “la tecnología se ha convertido en una herramienta esencial para los gobiernos en la lucha contra la corrupción”. Según explicó, digitalizar no solo implica trasladar trámites a una computadora, sino también garantizar que los datos sean abiertos, accesibles y permitan auditorías públicas en tiempo real.
El CTO de Ethix, Iván Addolorato, fue más allá: destacó que la inteligencia artificial aplicada a los procesos licitatorios puede detectar patrones de corrupción o favoritismo que pasan desapercibidos en sistemas tradicionales.
“Es una oportunidad única para garantizar decisiones justas y objetivas”, afirmó.
El informe de Ethix también advierte sobre la brecha digital: en muchas provincias y municipios, la falta de conectividad y de capacitación técnica limita la implementación real de plataformas transparentes.
En Córdoba, si bien la capital y algunas grandes ciudades avanzaron en publicar información sobre obras públicas y contrataciones, todavía quedan sectores de la administración provincial donde el acceso a la información es limitado o depende de gestiones personales. Esto abre una ventana a prácticas poco transparentes que, según los expertos, solo podrán erradicarse con más tecnología, mayor voluntad política y presión ciudadana.
El reporte completo de Ethix está disponible en su sitio web oficial, donde además ofrece un monitoreo constante de los niveles de transparencia a nivel nacional.
Qué es Ethix
Ethix es una plataforma de inteligencia artificial diseñada para mejorar la transparencia en los procesos de licitación pública y la gestión de compliance en el ámbito privado.
Fue cofundada por Gauna, abogado, y Addolorato, ingeniero en sistemas, quienes junto a un equipo de especialistas en inteligencia artificial y adquisiciones, han desarrollado “una solución innovadora para la modernización de la contratación pública y privada”.
Su tecnología permite a gobiernos y empresas analizar datos de manera más eficiente, garantizando procesos abiertos y equitativos.
¿Por qué hicieron el ranking? “Porque creemos que no se puede mejorar lo que no se mide. El ranking surgió como una forma de visibilizar qué tan transparentes son los gobiernos a la hora de publicar sus licitaciones y datos de compras públicas. No es solo una herramienta técnica, es también una invitación a repensar la rendición de cuentas en la era digital. Queremos empujar una cultura donde los datos no solo estén disponibles, sino que sean útiles, accesibles y comparables. En definitiva, el ranking es parte de nuestra misión de fortalecer la democracia desde la tecnología”, explicó Gauna a este medio.
