Una nueva disputa territorial en el norte neuquino volvió a encender las alarmas en torno al conflicto entre comunidades mapuches y propietarios rurales. En esta ocasión, el escenario es la estancia El Bosque, de 6.500 hectáreas en las afueras de El Huecú, donde un grupo vinculado a la comunidad Mañke intentó tomar posesión de un lote que, aseguran, fue reconocido por Nación y Provincia en un relevamiento oficial.
La propietaria, María de las Mercedes de Larminat, denunció penalmente lo que consideró una usurpación violenta, tras el ingreso de personas que rompieron el candado de una tranquera. “Vinieron de mala manera y yo tengo la escritura del campo. No hay nada que mediar”, aseguró a LMNeuquén, y señaló a integrantes de la familia Avello y empleados municipales como partícipes del hecho. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Chos Malal, que ya tiene en su poder el título de propiedad.
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Desde el otro lado, Juan Maripil, segundo lonco de los Mañke, sostuvo que la zona del Corral de Piedra está relevada para pastoreo comunitario y que cuentan con la firma del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y del ministro Jorge Tobares. “No se rompió nada, solo intentamos ingresar a un territorio que siempre fue usado por nuestra comunidad”, dijo, y denunció que la estanciera tuvo una actitud racista, al ordenar el retiro de una bandera mapuche.
La tensión crece en un contexto donde el conflicto entre la posesión ancestral y los títulos privados se repite en distintas regiones de Neuquén. El propio subsecretario de Gobierno, Juan Grandi, intentó una mediación que fracasó. En paralelo, el relevamiento técnico del INAI ya reconoce la existencia de 29 comunidades con territorio delimitado en la provincia, aunque en muchos casos las tierras no han sido transferidas formalmente.
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Como antecedente, se recuerda que en abril de 2024 la familia Larminat donó un predio para el basurero municipal, lo que también provocó una reacción de la comunidad, que perdió allí un convenio laboral que empleaba a 11 familias. El conflicto, lejos de resolverse, parece escalar con cada nuevo capítulo, con actores políticos, judiciales y comunitarios cada vez más enfrentados.
