El fallo implicó el sobreseimiento del total de los acusados entre los que se encuentran Emanuel Berardo y Soledad Díaz García (Polo Obrero), Federico Giuliani (Ate), Marisa Cariddi (Libres del sur), Agustín Nazar (Movimiento Teresa vive) y Roxana Alejandra Carezano.
Se trato de una masiva movilización dentro de una jornada piquetera nacional del 5 de abril de 2023 donde se reclamaba por el derecho a la alimentación, el trabajo y vivienda. La persecución judicial se enmarcaba en una ofensiva mediática y política contra el derecho a la protesta. Incluso legisladores del PJ habían presentado proyectos de ley en la legislatura provincial para impedir que se realicen movilizaciones en el centro de la ciudad.
Según el diario Perfil, en el fallo se indica que el «tribunal analizó las circunstancias de la movilización, la ocupación de la calzada, el tiempo que duró -entre las 12,30 y las 13,15- y los desvíos del transporte público. Consideró que el conjunto de situaciones afectó la circulación en forma “tolerable”.
También había caminos alternativos para la circulación, que no se produjeron daños a personas o cosas ni disturbios, y que no se acreditó que se hubiera impedido el acceso a servicios de emergencia o trastornos a comerciantes o vecinos más allá de lo aceptable para una protesta de estas características.
Después de hacer esas consideraciones concluyó que la conducta no encuadra en un delito.»
El Polo Obrero realizó una conferencia de prensa este jueves por la mañana para anunciar la noticia del sobreseimiento. Mientras tanto, el llamado G6 que incluye a la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio Exterior, la Cámara Argentina de la Construcción – Delegación Córdoba, la Federación Comercial y la Unión Industrial sacó un comunicado afirmando que los dueños de comercios o quienes «generan empleo» son los «son los principales perjudicados por estos actos que generan un enorme perjuicio económico.» para afirmar más adelante «Que algo sea legal no lo vuelve legítimo».
Recordemos por un lado que algunos miembros del G6 son fervientes defensores y militantes del gobierno nacional, que es el principal destructor del consumo, el empleo y el comercio, y por el otro la extraña exigencia a que la justicia no actué sobre principios de la legalidad si no sobre lo que un pequeño sector considera «legitimo».
Se trata de un importante antecedente para defender el derecho a la protesta en Córdoba y en todo el país.
